El anterior gobierno de Jaime Bonilla entregó autorizaciones a través de un decreto que fue abrogado por la actual gobernadora
Los pescadores que conforman la Unión de Pescadores de Altamar en Ensenada, y que recibieron permisos sin validez para capturar atún aleta azul en la anterior administración de Jaime Bonilla Valdez, piden la intervención del gobierno federal.
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En octubre del 2021, unos días antes de que el ex gobernador dejará el cargo, entregó 19 supuestos permisos para la pesca de atún. La especie está regulada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) la cual define la cuota o tonelaje para cada país.
Al tomar el cargo Marina del Pilar Ávila Olmeda, se revocó el decreto por lo que ahora los pescadores, a través de su vocero, Melchor Campoy, están pidiendo se les vuelvan a dar dichas autorizaciones.
Este jueves 2 de junio se llevó a cabo una reunión para protestar donde los inconformes aseguraron que ellos realizan una pesca sustentable y benéfica para la región.
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Que la cuota es de 200 toneladas en comparación con las 3 mil 250 toneladas de las 3 mil 720 toneladas autorizadas a las concesionarias.
Al encuentro llevaron mensajes de protesta con las leyendas:
“Aumentaron el 2020-2021 y 2022 con un total de 9,720 tons. el esfuerzo pesquero solo para beneficiar a los corrales atuneros”, “La CONAPESCA le da otra información al Sr. pte. La pesca de atún con anzuelo es sustentable y social. Siempre hemos estado con usted”.
Además denunciaron a las empresas concesionarias o que tienen permisos de captura, de operar por más de 25 años sus autorizaciones y generar una baja tasa de empleo.
Se posicionaron en contra del discurso que presume el presidente nacional Andrés Manuel López Obrador, donde afirma que en su gobierno los pobres son primero y estar en contra de los monopolios.
Comentó que en abril del 2021 interpusieron un recurso de revisión por la revocación del Decreto del Gobierno Estatal, sin embargo, no les han contestado.
Es un abuso de poder de parte de las autoridades porque de acuerdo con nuestros abogados no debe pasar de 60 días para que se nos entregue la respuesta, dijeron los pescadores.
Sobre la advertencia de bloquear las oficinas locales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) indicaron que ellos no quieren incomodar a los empleados de la dependencia.
De seguir en esta dinámica de incomunicación, entre gobierno y pescadores, sólo van lograr el desterrar la vocación pesquera, concluyó Campoy.
Durante la reunión estuvieron presentes en la rueda de prensa el Ingeniero Naval Miguel Ángel Reyes y Juan Carlos Montelongo, además de los integrantes de la unión de pescadores.
