Las cifras y el discurso con el que el Gobierno Federal aborda la situación de seguridad en el país presentan una marcada distancia respecto a las condiciones que realmente enfrentan los ciudadanos, afirmó Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
A lo largo de los últimos tres sexenios, la organización ha analizado la evolución del panorama delictivo, identificando que, si bien las estadísticas oficiales sugieren reducciones en la mayoría de los delitos, los avances reales son “muy marginales” y distan de lo reportado desde el Ejecutivo.
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Rivas Rodríguez advirtió sobre las deficiencias metodológicas en los informes gubernamentales, señalando que una de las principales “trampas” de la actual administración —al igual que en la pasada— consiste en comparar periodos de manera aleatoria. Específicamente, cuestionó que la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum compare su último mes reportado contra el último mes de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, omitiendo factores clave como la estacionalidad de los delitos.
“Nosotros sabemos y podemos predecir que en ciertos periodos del año hay un crecimiento de algunos delitos”, explicó Rivas, detallando por ejemplo que, las violaciones tienden a repuntar en vacaciones o festividades, los homicidios durante el verano y los robos en el mes de diciembre.
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Asimismo, criticó que el gobierno confunda o exprese de manera vaga conceptos diferenciados como violencia (calidad del delito), incidencia delictiva (cantidad de eventos) y seguridad (percepción ciudadana). Subrayó que en el mejor momento desde que se mide la percepción de seguridad —hace más de una década— la población se dividía a la mitad entre quienes se sentían seguros e inseguros. En contraste, los indicadores actuales rondan el 70% de percepción de inseguridad frente a un 30% de personas que se sienten seguras.
El director del ONC señaló a las autoridades de “maquillar abiertamente las cifras” y “desaparecer los homicidios” a partir del año 2020. De acuerdo con el análisis, el gobierno federal destaca una disminución del 24.8 por ciento en los homicidios, mientras de forma paralela reconoce incrementos en delitos que generan violencia comunitaria, tales como la extorsión, el narcomenudeo y la trata de personas, un comportamiento estadístico que calificó como carente de sentido.
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Rivas expuso que el repunte se ha ocultado mediante la categoría de “Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal”. Explicó que, por norma técnica, dicho rubro solo debe registrar por norma técnica embarazos no deseados o inducción/asistencia al suicidio. Aunque este rubro actualmente registra una baja, el ONC detectó que a partir de 2020 esta categoría se disparó de forma anómala hasta promediar 44 casos diarios, funcionando como una fosa estadística para ocultar homicidios.
”Sobre este dato hicimos solicitudes de transparencia, todavía existía el INAI, y lo que encontramos es que ahí estaban metiendo los homicidios. No hacía ningún sentido, la nota técnica decía otra cosa, pero de repente llegamos a tener 44 casos al día, o sea hubo un crecimiento de un mes para otro de más del 1000 por ciento, donde dices ¿cómo?, o sea si antes a nivel nacional ocurría un número muy contenido de estos casos…no hace ningún sentido que creciese de la manera en que creció”, destacó Rivas.
El Director del ONC reveló que en el delito de desaparición también se detectó que la pasada administración federal presidida por Andrés Manuel López Obrador eliminó el conteo de fosas clandestinas y de los cuerpos localizados en ellas.
Francisco Rivas Rodríguez explicó que, metodológicamente, la presencia de una víctima en una fosa clandestina se determina únicamente mediante la localización de un torso o una cabeza. Aclaró que el hallazgo de restos como extremidades no se contabiliza automáticamente como un deceso en la estadística, ya que técnicamente no implica de forma concluyente la muerte de un individuo.
El director del ONC señaló que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto existía la obligación legal de abrir una carpeta de investigación por homicidio doloso ante el hallazgo de cualquier fosa clandestina (suponiendo este delito de inicio a reserva de lo que determinaran las pesquisas). Como ejemplo, recordó el caso de las fosas de San Fernando bajo el periodo de Calderón, donde se identificaron formalmente 127 víctimas de entre miles de osamentas.
“Lo cierto es que en el gobierno de López Obrador ese conteo desapareció y cuando empezamos a hacer solicitudes de transparencia para entender si lo seguían registrando, pues encontramos que no, porque los números, como tenemos un conteo diario de homicidios, pues veíamos que no aparecían. O sea, si ayer encontraron una fosa con 50 personas, pasa un mes y tú deberías tener 50 víctimas reportadas en estadística, y no aparecían. Eso nos llamó profundamente la atención y podemos afirmar que el gobierno federal, lo que no está haciendo es contar a las víctimas encontradas en las fosas clandestinas”, comentó Rodríguez.
Otra cuestión que señaló Francisco Rivas es que coexisten dos registros principales de homicidios en el país: el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—construido con información de las fiscalías locales—y el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se alimenta de los registros de la Secretaría de Salud cuando las víctimas ingresan a los servicios médicos forenses (SEMEFO) o centros hospitalarios. En estos últimos, los médicos certifican la causa de muerte, ya sea como homicidio doloso, culposo o no determinado, en este último caso se clasifica así porque la Fiscalía no determinó si fue doloso o culposo.
Tradicionalmente, la tasa de homicidios “no determinados” rondaba entre el 3 y el 5 por ciento. Sin embargo, actualmente más del 40% de los homicidios en los registros se clasifican como “no determinados”, lo que refleja una severa afectación a la solidez, veracidad y calidad de la estadística oficial en la materia.
DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL Y CRISIS FORENSE
A través de sus investigaciones, el ONC identificó que las fiscalías y las policías locales han sido las instituciones más afectadas por los recortes presupuestales. Entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las fiscalías y policías estatales perdieron más del 40 por ciento de sus recursos, mientras que las policías municipales sumaron seis años consecutivos sin recibir fondos federales de aportación.
Incluso se mencionó que, según un estudio de 2024, más de la mitad de las agencias del Ministerio Público en el país carecían de conexión a internet, y el área de homicidios de la Ciudad de México carecía de insumos forenses mínimos para el resguardo de evidencias o el cumplimiento de la cadena de custodia.
Pero la crisis forense y operativa se extendía a otras entidades federativas como Querétaro, que a pesar de ser uno de los estados más prósperos, se constató que estudiantes de odontología —sin formación médica concluida— realizaban funciones de certificación de homicidios como médicos legistas; Guerrero que padece una carencia crítica de infraestructura básica, contando con apenas un puñado de refrigeradores funcionales en sus servicios forenses para afrontar su alta tasa de homicidios; y Colima que pese a registrar la mayor tasa de homicidios del país de manera consecutiva durante los últimos 11 años, todo el estado operaba con apenas 13 patrullas entre corporaciones municipales y estatales.
En la misma materia, Francisco Rivas puntualizó que el país cuenta con un estado de fuerza sumamente deficitario. Mientras que los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugieren un mínimo de 3 policías por cada mil habitantes para entornos con condiciones óptimas de seguridad, México inició el sexenio anterior con apenas 1.2 policías por cada mil habitantes, una cifra que actualmente el gobierno mantiene reservada al no hacer público el estado de fuerza real.
Finalmente, en el ámbito federal, Rivas hizo hincapié que aunque el Gobierno Federal habla de una disminución del 60 por ciento en homicidios, los números oficiales no dicen eso si se comparan los periodos de enero-junio 2025 contra enero-junio 2026 —siendo esta la más exacta—, se encuentra que en realidad los homicidios disminuyeron un 30 por ciento.
EL PANORAMA EN BAJA CALIFORNIA
En el marco de su análisis, Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), evaluó la situación delictiva de Baja California. Al contrastar los 56 meses de la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con los 56 meses previos —periodo que abarca los gobiernos de Jaime Bonilla y Francisco Vega de Lamadrid—, el especialista detectó un patrón de manipulación estadística similar al nacional.
Por ejemplo, aunque las cifras oficiales de homicidios muestran una aparente disminución del 28 por ciento, la categoría de “Otros delitos que atentan contra la vida” registró un repunte del 46 por ciento.
En el secuestro, la estadística oficial presume una baja del 13.8 por ciento; sin embargo, el rubro de “Otros delitos que atentan contra la libertad personal” sufrió un incremento desmedido del 232 por ciento.
Rivas calificó este fenómeno como “otra trampa” metodológica. Explicó que el ONC descubrió este modus operandi de las autoridades hace tres años, debido a un error de comunicación de una fiscalía local durante una crisis de seguridad en San Luis Potosí.
En aquella ocasión, un grupo criminal secuestró a 28 personas (26 trabajadores provenientes de Guanajuato y dos choferes). A pesar de la magnitud del caso, cuando se publicaron las cifras oficiales el día 20 del mes siguiente, la fiscalía potosina sólo reportó siete secuestros.
Tras solicitudes de transparencia e insistencia del ONC para aclarar el paradero estadístico de las otras 20 víctimas (restando a un chofer que fue asesinado), la autoridad local terminó desglosando una lista que superaba las 350 personas en un solo mes. La fiscalía admitió que había enviado al resto de los afectados a la categoría de “Otros delitos que atentan contra la libertad”, que está reservada, por mencionar un ejemplo, para cuando un padre se lleva a un hijo sin consentimiento de la madre o para protestas sociales donde una comunidad retiene a otra persona sin fines de extorsión o rescate.
A raíz de ese hallazgo, el ONC confirmó que desde el año 2020 diversos estados comenzaron a replicar de forma sistemática el desvío de secuestros hacia otras subcategorías para simular una baja en la incidencia delictiva, entre ellos Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.
