No son muchos, pero en el mundo de las finanzas, son poderosos. Hombres mayormente, con asientos en consejos de empresas nacionales, bancos, instituciones financieras. Hábiles administradores y mejores inversionistas, por el momento tienen una preocupación. Están observando hechos que parecen parte de un patrón y no casos aislados, que les indican un incremento en la violencia en el estado. Particularmente en Tijuana y en Rosarito. A pesar que alguno de ellos tiene una excelente relación con el Gobernador Francisco Vega, y que otros participaron en su comité de financiamiento cuando fue candidato, y que muchos le invirtieron miles de dólares, dicen que ni el Mandatario los ha buscado, ni ellos le han solicitado audiencia. Preguntan a quienes saben, a los expertos de este y del otro lado de la frontera, sobre el origen y las causas de tanto ejecutado en la periferia de las ciudades, y de cómo en las últimas semanas, los crímenes han sucedido en una plaza comercial y en un restaurante. Eso les preocupa más, que los negocios que ellos promueven y en los cuales invierten, sufran pérdidas ante la ausencia de clientes. Ya lo vivieron en 2008, cuando la violencia arreció. Los comensales abandonaron los restaurantes porque era inseguro salir. Lo mismo ocurrió con cafés y centros de entretenimiento; acaso los servicios mantuvieron la clientela. Por eso a los hombres de negocios les preocupa la inseguridad que ven en crecimiento. Ciertamente, algo está pasando en Baja California que ha desatado los niveles de impunidad que dan contexto a la violencia, el tráfico de drogas y los asesinatos a cualquier hora y en cualquier lugar. En las últimas semanas, los muertos caen por tres, cuatro, dos calcinados, y en lugares y plazas públicas. Se nota cuando los criminales, aquellos que encabezan las células de cárteles en ciudades bajacalifornianas, se enfrentan unos con otros por territorios, plazas, droga o vendettas. También cuando los policías están de nueva cuenta en el camino de la corrupción. Ahí está el caso de los dos oficiales, uno ministerial, el otro estatal preventivo, que desaparecieron hace tres semanas, y que sus instituciones en la investigación de los hechos, se enteraron que fueron tomados por el crimen organizado luego de que los policías habían robado un cargamento de droga. Hace unos días, de manera anónima me llegó un mensaje. Me alertaban a tomar precauciones, pues “la guerra en Tijuana está por desatarse”; se refirió a un enfrentamiento entre células del narcotráfico, del Cártel de Sinaloa, que desde hace semanas se ha estado anunciando, con un ejecutado por aquí, otro por allá. Esta situación la observan los empresarios, aunque no sean alertados. Por eso les preocupa la decisión que el gobernador vaya a tomar en los siguientes días. Realmente quien ostenta el poder político y administrativo en el estado, es quien puede hacer la diferencia. La sociedad, las corporaciones de Federación, Estado y Municipio, los empresarios y los sectores sociales, responderán en medida de la estrategia gubernamental. Si Francisco Vega de Lamadrid decide no hacer algo al respecto y dejar las cosas como están, la sociedad se limitará, los empresarios disminuirán su ritmo y las corporaciones mantendrán su ruta de conspiración criminal. Debe saber el gobernador Vega de la preocupación de los empresarios. Y quizá debería escucharlos. Debe saber también, que a ocho meses que confió la Procuraduría a la licenciada Perla Ibarra, esa institución está evadiendo su obligación de investigar y procurar justicia. Seguro está enterado el mandatario estatal que la delegación de la PGR está paralizada cuando de investigación sobre delitos contra la salud se trata; como también es probable que sepa que las policías municipales andan descarriadas en los cinco municipios de Baja California. Ciertamente como lo dijo esta semana, en la entidad no existe una legislación para Mando Único. Eso solo ha sido acatado formalmente en Morelos y en Michoacán. Pero todo partió del modelo bajacaliforniano. En los peores años de la cruenta inseguridad en el estado, el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, con apoyo del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, establecieron el precursor del Mando Único: la coordinación a partir del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por escrito, Francisco Blake en su calidad de secretario de Gobierno, solicitó al Comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, que fuese él quien encabezara lo que más tarde se conocería como Mando Único. Osuna Millán siempre dejó claro, ante Ejército, Marina y demás corporaciones, que el gobernador era él, que el Mando Único era él, pero que había un coordinador de los esfuerzos en el combate contra el narcotráfico y la inseguridad. En la misma dinámica, ese papel sería después desempeñado por el General Alfonso Duarte Mújica. Y algo funcionó, pues el modelo fue tomado por el Presidente Calderón para iniciar la estructuración del Mando Único, que hoy día prevalece en algunos estados y está encaminado en otros. Francisco Vega de Lamadrid no requiere de una legislación para el Mando Único, cuando puede convocar a una coordinación única en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, al que por cierto, no ha convocado. La preocupación de un repunte en la violencia es visible, la preocupación de empresarios, ciudadanos organizados y sociedad civil, también. Solo falta la reacción de parte del gobernador de Baja California. Es su turno. Antes que esto se ponga peor.

No es porque Andrés Manuel López Obrador haya aprovechado la ausencia de Enrique Peña Nieto, el Presidente de México –que hace muchos y frecuentes viajes al extranjero–, para llevar la atención de público y lectores nacionales hacia la salud del mandatario nacional. Pero hace tiempo que aquí y allá, en cafés y oficinas, banquetas y banquetes, se analiza la salud del Presidente. El jueves 5 de junio, el ex candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto aún se recupera de una dolencia del corazón, utilizó su cuenta de Twitter, para decir a sus más de un millón y cuarto de seguidores: “Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”. Obvio, al político tabasqueño le llovieron apoyos y le atizaron con críticas. Pero no se trata de rumores o de lo que López crea o no. Cuando el tema de la salud del Presidente se hace presente, el origen es su demacrada figura. En tratándose del aspecto físico, que suele ser reflejo del aspecto interno, ciertamente la fisonomía del Presidente Peña ha cambiado mucho en los últimos meses. De aquel 2012 cuando andaba rozagante en campaña al delgadísimo mandatario que es en el 2014, ha bajado muchos kilos y poco a poco perdido el negro de su cabellera, como la redondez de su cara. De 47 años –en julio cumplirá los 48– Enrique Peña es un presidente muy joven. Ciertamente no es muy dado a pueblearse con los mexicanos. No gusta de la espontaneidad en su política de gobierno y le rehúye a la entrevista como evita salirse de la agenda o el protocolo en sus giras por el País. Hace casi un año, en julio de 2013, fue intervenido quirúrgicamente. En el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, médicos especializados le extirparon un nódulo linfático. No duró mucho tiempo en recuperación. Ni se le vieron secuelas en su vida cotidiana. De hecho, los viajes de Peña continuaron. Políticamente cauto con sus expresiones públicas, Enrique Peña no habla de manera natural sobre los problemas del país. Cuando de las reformas que no han dado buenos resultados en la economía de los mexicanos se trata, quienes salen a posicionarse respecto la situación, son los secretarios del área determinada. Cuando el tema es seguridad, ahí está el Secretario de Gobernación, el Procurador o el Comisionado en turno de la seguridad nacional. Acaso de lo que más habla el Presidente es de los temas sociales. De aquellos que en términos políticos y electorales ofrecen réditos. Ya sabe, la cruzada contra el hambre, el seguro de 500 pesos para jefas de familia, los 500 pesos para comprar casa, la dádiva para los escolapios y cosas por el estilo. Pero declarar incluso de ese tema, con pasión y espontaneidad, nada de eso. Lo de Peña es el discurso redactado y la ceremonia cerrada. No vayan a ser las manifestaciones o los pasos en falso con lenguaje, nombres y ortografía. Esta circunstancia, da una sensación de un Presidente alejado de su pueblo y de su sociedad. No es el reflejo de un hombre tímido, finalmente hace falta ser extrovertido y muy egocéntrico para encabezar una campaña nacional, sino es la estampa de una persona distante. A la actitud evasiva de Peña se suman los cambios físicos que ha registrado. Ha perdido mucho peso, su cara se ve demacrada y los huesos resaltan. Aunado al aumento de canas en su copete, el cuadro final no es un dechado de salud para presumir sino la sospecha de lo contrario. Para continuar en su dinámica de la salud, y de paso demostrar su fuerza física, en marzo de este año el Presidente Peña corrió la carrera del Molino del Rey que se realizó en Chapultepec, en el Distrito Federal. En la justa social de 10 kilómetros el priista rompió su marca personal para concluir la carrera en 53 minutos. Quizás el ejercicio, quizá la recuperación, pero ciertamente el Presidente no tiene en los últimos días un buen semblante. Claro que gobernar o intentar gobernar este país con su creciente y sangriento fenómeno de inseguridad y narcotráfico, la caída en la economía, el descenso en el crecimiento, el aumento en la inflación y la pérdida tanto de empleo como de inversión, no debe ser cosa fácil y puede llegar a incidir en el físico del mandatario. ¿Pero será posible que en 16 meses de tutelar la presidencia de la República, el trabajo administrativo de la nación ya haya hecho estragos físicos en Peña Nieto? Bueno, es probable. Lo que sí, nunca sabremos, a menos que él lo quiera compartir con los mexicanos, es en qué condiciones de salud se encuentra el Presidente de México. Luego de la intervención a la que fue sometido y ante el crecimiento de las sospechas de alguna enfermedad, ciudadanos comunes y no tan comunes, solicitaron conocer –vía transparencia– la salud de Peña, y entonces un Tribunal Colegiado sentenció al respecto: los expedientes clínicos como el estado de salud del Presidente de la República son datos que deben permanecer como un asunto de carácter privado y reservado. Entonces… pues nada, nos quedaremos por ahora con la duda, y personas como Andrés Manuel López Obrador y otros interesados, podrán seguir alentando la imaginación popular. Total, el único que respondió –también vía red social– fue el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, quien apenas refirió: “Afortunadamente, EPN goza de cabal salud. Gracias por preguntar @lopezobrador_”. ¿Será, o no será?

El 1 de mayo de 2015, a menos de un año del día de hoy, saldrá en libertad el asesino de uno de los directores fundadores de Semanario ZETA. Ese día, Antonio Vera Palestina cumplirá la sentencia que le impuso el Juez Segundo de lo Penal de Tijuana, Baja California, cuando luego de ser detenido en 1990, fue encontrado culpable de matar a Héctor “El Gato” Félix Miranda. Tal vez, algunos de los lectores no hayan tenido la oportunidad de leer al “Gato” Félix. Su estilo no era apto para cualquiera; se nutría de lo que otros pensaban. De lo que le decían testigos de hechos, excesos y abusos. De víctimas, de presionados y de cínicos. Burlón, coloquial, se le atragantaban las palabras, mucho menos le dolían los dedos para escribirlas tal cual, con todo y significado lenguaraz, insolente. En aquella época, en los primeros ocho años de circulación de este Semanario, era lo que la sociedad bajacaliforniana quería leer. Quería saber lo que le ocultaban por considerarse alimento al morbo. De la vida privada y de la vida pública de gobernantes, políticos, funcionarios, deportistas, religiosos, periodistas y de aquellos personajes entonces visibles. Solo como una probadita, aquí algunos textos de la columna de “El Gato” Félix, “Un Poco de Algo”, de los últimos relatos antes de ser asesinado el 20 de abril de 1988. Muy apropiado para la actualidad, una de un director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana: “Aparte de Pinocho por lo mentiroso, ajora que el Ing. Oviedo Paterson es conocido como ‘El Agualeguas’, entre los usuarios de la CESPT. Leguas y más leguas en Tijuana sin ni madre de agua”. “El Agualeguas”. Uno más con personajes vigentes, y entonces concurrentes a una gira por Baja California del entonces Presidente, Carlos Salinas de Gortari: “Ahí está también uno que anda alborotado en conseguir otro hueso: César Moreno Escobar, ex Presi Muni de Tecate y su joven hijo. Cerca un funcionario de Pederico: Pedro Ochoa y uno de los Cruz, sobrino de Nacho, tijereando el mamón discursete de Barraza”. Este del que aquellos años era Gobernador de Baja California: “¿Sabrá Usted que a Xico le dicen ‘El Torpedo’? Por ser políticamente muy torpe… y todo lo demás”. Uno más: “En la única ida al baño que di, fueron sorprendidos por ZETA el Presi Muni Pederico Valdés y el ‘Poder tras el greñero’, Albertito Murguía, saliendo muy contentos y felices. Torcidos los batos”. Última (por esta ocasión): “Digan lo que digan: El Pirrurris”. “Con esa canción empezará Raphael “el party” privado con que Jorgito Hank le festejará su cumpleaños a Albertito Murguía; ‘Digan lo que digan, los demás…”. Pederico Valdés, era Federico Valdés Martínez, alcalde de Tijuana de 1986 a 1989; Hico Leyva, era Xicoténcatl Leyva Mortera, gobernador del Estado de 1983 a 1988; Bob of La Madrid, fue Roberto de La Madrid Romandía, gobernador de 1977 a 1983; y “El Pirrurris” o “El Greñero”, era Jorge Hank Rhon, tiempo después señalado como un probable autor intelectual del asesinato del periodista, pero no investigado oficialmente. Así escribía Héctor Félix, en la hemeroteca de ZETA se encuentran todas sus columnas para quien desee consultarlas. De su estilo escribió Jesús Blancornelas días después que mataran al “Gato”: “Que era muy grosero” y “se le pasaba la mano”, que a veces caía en lo “pornográfico” y se metía en la vida privada. Que escribía de obscenidades. Eso dicen. Pero era precisamente lo que la gente quería decir y no podía escribir. Y encontraron en Héctor al único que lo podía hacer. “¿Era acaso un secreto que a nuestro gobernador le gustaba mucho y le gusta la bebida? Eso era lo que todos o casi todos los bajacalifornianos decían pero no lo podían escribir y Héctor era el único que lo hacía. “¿Y los chistes populares de López Portillo o Miguel de la Madrid y hasta Carlos Salinas no eran acaso y son expresiones populares? Iban y van de boca en boca, pero nadie podía escribirlos y Héctor era el único que lo podía hacer. “¿Y los escándalos sociales no eran acaso platillo preferible en las despedidas de soltera, en las comidas de las damas de alta sociedad y las tertulias? ¿No eran acaso las mismas damas quienes se lo comunicaban a Félix porque ya era un secreto a voces? “Héctor Félix no rebuscaba en la vida de los demás ni andaba tras la pista de alguien. Era simplemente el receptor de todo sentir popular”. En ese contexto, su crimen, fue clasificado y así está hasta la fecha, como un atentado a la libertad de expresión en México. Mataron al periodista el jefe y un miembro del equipo de seguridad de Jorge Hank. Antonio Vera y Victoriano Medina. A pesar que las líneas de investigación se encaminaban al Hipódromo, “El Pirrurris” –escribiera El Gato– no fue investigado. Mucho escribió Héctor de él. De sus excesos y abusos, de su condición física e ideológica, de sus encuentros y sus desencuentros. De su poder sobre la clase que le rodea. A menos de un año de obtener la libertad, Antonio Vera Palestina, cuyos hijos siguieron al servicio de Hank hasta que fueron investigados, perseguidos y uno de ellos detenido por un tiempo, quiere salir de manera anticipada del penal de El Altiplano, Estado de México, donde se encuentra recluido debido a los estudios que han determinado un grado alto de peligrosidad. Hace unos días, interpuso un nuevo amparo para abandonar, antes del 1 de mayo de 2015, la prisión. En el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales con residencia en Toluca, Estado de México se radicó el juicio de derechos fundamentales 649/2014, como acto reclamado: “la negativa de otorgar el beneficio de la libertad preparatoria”, demanda que ha sido recurrente por parte del criminal. Diversas autoridades han denegado la petición del homicida del “Gato” Félix, debido a que no ha mostrado signos o avances en su proceso de reinserción a la sociedad. Pero tanto en el Estado de México como en Baja California, insisten en obtener una liberación temprana y no hasta el cumplimiento total de la pena impuesta por el asesinato del periodista. En un año y en Tijuana, en libertad, el asesino de Héctor Félix, tendrá cobijo y trabajo, según ha declarado Jorge Hank. A ver qué pasa.   Con información de Luis Carlos Sáinz

El caso del marino Andrew Tahmooressi, que cruzó la frontera de San Ysidro, California a Tijuana, Baja California, con dos rifles de asalto y una pistola, todos cargados y sin seguro, además de un arsenal de balas y cargadores, está siendo alejado del fuero penal federal en el que por Ley se suscribe, para trasladarlo al lado diplomático internacional. El hombre, cuya madre dice que sufre de estrés post traumático por los servicios prestados a su país en Afganistán, cometió un delito en suelo mexicano. Fue detenido en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, y siendo procesado conforme a la Ley, familiares, congresistas y miembros del gobierno estadounidense de Barack Obama, se han inmiscuido para intentar lograr un trato privilegiado para el marino. Incluso hay quienes solicitan sea liberado. El principal argumento fue que Tahmooressi había entrado a nuestro país por error. Sin embargo, las investigaciones periodísticas de ZETA, han revelado lo contrario. El marino llegó a México con decisión. Es verdad que han sucedido casos de Policías de San Diego que por error han llegado a la frontera con México, pero también que no se internan en nuestro país, sino que hacen un llamado a las autoridades, les alertan del error de dirección, el contenido en sus vehículos, y piden en el momento ser considerados para regresarlos. Pero en el caso del marino armado, no fue así. En una grabación donde se aprecia el flujo en la garita El Chaparral en Tijuana, se ve claramente que el Marino no se detiene cuando ve los puestos de revisión, de hecho prosigue su camino, y cuando a su vehículo le tocó semáforo verde –no ser revisado de manera aleatoria- continúa su marcha para internarse en México, hasta que un agente de Aduanas observa el vehículo con sospechosa carga. Tahmooressi maneja un pick up que en la caja trasera trae hasta una escalera. Otras pertenencias vistosas, las cuales alertaron a los oficiales a someterlo a una revisión, la cual dentro de la Ley de Aduanas es válida cuando se trata de vehículos sospechosos. El marino accede sin problema a ser revisado, y los oficiales encuentran las armas cargadas. Es entonces remitido a la Procuraduría General de la República donde se le inicia el procedimiento legal. Pero el caso cobró notoriedad cuando la madre del marino pidió ayuda a su congresista para liberar a su hijo. Ahí el tema pasó del fuero federal, al plano internacional. Incluso el tema fue abordado en lo privado, durante la reciente visita de John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, a México. Aparte las desafortunadas declaraciones del congresista norteamericano Duncan Hunter, quien primero dijo a la prensa que desearía rescatar con un equipo militar al marino de la prisión mexicana, y después informaría su petición de limitar las relaciones de la Defensa Norteamericana con la Defensa Mexicana. Bien, hace unos días en un hecho inédito, se le permitió en Baja California, a otro congresista norteamericano, visitar al marino en la prisión de El Hongo; fue el caso de Matt Salmon, presidente del subcomité para el hemisferio este de la cámara de representantes de la Unión Americana. Con esta visita, los departamentos consulares y diplomáticos de los Estados Unidos, escalan el caso del sargento Tahmooressi al plano diplomático, que podría leerse como una intención del Gobierno de los Estados Unidos para doblegar las leyes mexicanas y promover la libertad de una persona que delinquió en suelo mexicano. Cuyos derechos han sido respectados en el proceso legal, judicial, que se le sigue; a pesar de su actitud contrariada pues en un momento intentó fuera de toda lógica escapar de la prisión escalando la pared, y en otra, quitarse la vida. En ZETA mi compañera Inés García ha documentado desde el momento en que el hecho se dio a conocer, cómo el Marino había sostenido una vida en México. Uno, no era la primera ocasión en que Tahmooressi entraba al país, de hecho sostenía una relación con una joven mexicoamericana con residencia en Tijuana; dos porque cruzó la frontera sin mayor preocupación a pesar que desde un kilómetro atrás por lo menos, las autoridades norteamericanas advierten a quienes toman camino hacia la garita de entrada a nuestro país, además de hacerles notar que tanto la portación de armas como la portación de marihuana aún sea medicinal, están prohibidas en México y por lo tanto llevarlas constituye un delito en este país. Tres, en la última edición del semanario, se publicó el recibo con el que el sargento Tahmooressi pagó un hotel en la avenida revolución de Tijuana, horas antes de haber sido detenido al intentar cruzar la frontera con el arsenal de armas, cartuchos y cargadores. Informes extraoficiales de personas ligadas al caso, explicaron que las visitas previas del marino a México fueron de reconocimiento en el plano de la ciudad, las autoridades de aduanas y en su situación sentimental. La última ocasión que cruzó, lo hizo porque ya pensaba residir en este país de manera semi o permanente. No se trata de comparar un sistema con otro, pero cuando de mexicanos que cometieron un delito en los Estados Unidos se trata, no hay diputado, senador o secretario que pueda influir en la decisión de las autoridades que lo juzgan allende la frontera, así sea –o especialmente- en casos de pena de muerte. El respeto a los fueros, a las leyes, entre los dos países es lo que apremia. Por eso llama la atención que funcionarios, congresistas, de los Estados Unidos, intenten doblegar a funcionarios mexicanos para liberar a una persona que cometió un delito en México. El caso no ha llegado a las oficinas presidenciales de los países, ni siquiera a las cancillerías, pero hacía allá se encamina. Dejar libre al soldado Tahmooressi, significará un sometimiento del gobierno mexicano por parte del norteamericano; abonarle a la impunidad, y doblegar al sistema ministerial y judicial de México para beneficiar a una persona, que por las evidencias, sabía lo que estaba haciendo. Un delito en territorio nacional, cometido por un extranjero, puede ser ante la débil figura del gobierno mexicano frente al norteamericano, un conflicto internacional. Y no se vale.