De acuerdo a la Ley, existen entidades gubernamentales que deben ser celosos guardianes del manejo de recursos públicos, y el debido respeto y aplicación de leyes y reglamentos; pero estas instituciones que cobran por supervisar el ejercicio público, están convertidas en alcahuetes del gobierno en turno; cómplices que por acción u omisión, cooperan en la comisión de ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y etcéteras. Se trata, desde la Secretaría de la Función Pública, las Direcciones de Control y Evaluación Gubernamental del Estado, hasta las Sindicaturas; y luego, de rebote en el siguiente filtro, los Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, las respectivas Procuradurías, y los diputados estatales y federales. 
Son los encargados de “vigilar que los servidores públicos…se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno…de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas…coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos…coordina procesos de desarrollo administrativo”. Pero en Baja California existen decenas de ejemplos recientes que confirman la costumbre de estas entidades supervisoras, de solapar a funcionarios que ejercen recursos y se valen de artimañas para que un alto porcentaje del erario termine en sus bolsillos o los de sus compadres y amigos. Las deshonestidades vergonzosas son denunciadas por algún comprometido empleado arriesgando su trabajo, se publican, crean escándalos mediáticos, pero las entidades responsables cierran los ojos, y los delincuentes no son castigados ni investigados. Proveedores y constructores en colusión con funcionarios se roban el dinero de los impuestos de los mexicanos y no pasa nada. No hay consecuencia a la comisión de un delito. Es la impunidad político-administrativa en su apogeo. La tarde del 3 de junio de 2014 se terminaron de abrir las “juntas de dilatación” del puente Chaparral, que va de la entrada a Tijuana por la Garita de San Ysidro a la Vía Rápida Poniente de la ciudad, según los expertos esto sucedió porque la constructora dejó las “juntas provisionales” hechas de una mezcla con triplay “posiblemente de re-uso”, en lugar de las requeridas placas de neopreno o metal. ZETA advirtió de la irregularidad en mayo y junio de 2011 (ediciones 1940 y 1944). Ahora, tres de las cinco juntas del puente están abiertas entre 1 y 7 pulgadas, y resulta que la empresa local responsable no pagará por este abuso-fraude cometido contra los tijuanenses; y sí lo hará la SCT con dinero del pueblo. La pregunta es ¿por qué no le cobran a la empresa por incumplir con lo establecido en el contrato y al funcionario de la secretaría de Comunicación responsable de revisar la obra?
La respuesta es evidente: a los organismos encargados de vigilar que el dinero de los ciudadanos se gaste correctamente y los funcionarios se comporten dignamente, no les interesa indagar al respecto y sancionar a los defraudadores y omisos. Otra. En mayo de este 2014, el ex alcalde Carlos Bustamante acusó a Eligio Valencia por intentar extorsionarlo para que el ayuntamiento de Tijuana le entregara un terreno que el priista se había auto donado siendo regidor, con la complacencia del entonces alcalde panista Jorge Ramos. En vendetta política, el dueño de El Mexicano publicó en su periódico las pruebas de que Bustamante también se auto entregó varios permisos municipales, para abrir un casino, un bar y un libro foráneo. Antes, la administración del presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata había entregado a Excel Constructora, mediante una licitación manipulada y sin las firmas legales, el 30 de diciembre de 2013, las obras de la Unidad Deportiva “Sullivan” por 4 millones 412 mil pesos, para que realizara la construcción en 24 horas; pasada la fecha y, obvio, la no conclusión de la obra, el alcalde no solo amplió el tiempo para la edificación, sino que incrementó la inversión a más de 7 millones, mientras las cinco empresas que dejaron fuera, concursaron con presupuestos que iban de los 4.6 a los 6.3 millones de pesos. Están también, las solicitudes al Congreso de juicio político (que hasta hoy solo han servido de parapeto y amenaza política para la negociación) contra tres ex alcaldes: En Tijuana, Jorge Ramos y Carlos Bustamante, el primero por desvío de cuotas del ISSSTECALI, al segundo un despacho privado le encontró más de 233 anomalías en la administración, de las cuales, clasificadas como de alta prioridad, la Secretaría de Finanzas tenía 39, Desarrollo Social 50, Desarrollo Urbano 24. De Ensenada, Enrique Pelayo, quien enfrenta una demanda penal por el desvío de recursos del Ramo 33 y su intervención en la compraventa millonaria de terrenos a favor de su yerno, malos manejos de los recursos para el Carnaval del puerto, tráfico de influencias en la construcción de gasolineras, entre otras muchas curiosidades. Qué tal el ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez-Tejada Padilla, con la deuda de más de 600 millones que dejó en cuotas de ISSSTECALI o la aprobación de permisos para espectaculares que entregó a su familia y amigos a quienes también benefició con la compraventa de terrenos con el municipio. O las irregulares asignaciones directas de pavimentaciones, que Javier Urbalejo, ex alcalde de Tecate, entregó a constructoras de 5 de sus amigos y donde invirtió 80 millones de pesos en obras con sobreprecio. Y qué de los 80 millones de dólares que presuntamente obtiene el ayuntamiento de Tijuana por hacerse de la vista gorda con horarios de cierre o las ausencias u otorgamiento permisos, licencia, anuencias y supervisiones a negocios u obras que no cumplen con las especificaciones. Dinero que un empleado de la sindicatura, pidió al alcalde tijuanense Jorge Astiazarán –quien denunció la extorsión– a nombre del mismísimo contralor municipal Arturo Ledezma. Todo esto sucede mientras la Secretaría de la Función Pública con más de mil 400 millones de presupuesto, la Contraloría del Estado de Baja California, con más de 66 millones de presupuesto y la Sindicatura (ejemplo la de Tijuana) con más de 33 millones de presupuesto, ni siquiera se esfuerzan en ganar un peso del dinero que se les paga. Y en lugar de investigar los ilícitos, se convierten alcahuetas de funcionarios, gobernantes y ex gobernantes acusados de corruptos. Alcahuetería política, lo que sucede en Baja California.
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