El ingreso de “Los Chapitos”, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, a la pugna por el territorio controlado criminalmente por el Cártel de Sinaloa en Mexicali, incrementó la violencia homicida en la Capital bajacaliforniana.
Durante los primeros tres años completos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, autoridades mexicanas extraditaron al menos a 161 delincuentes que eran reclamados por la justicia de Estados Unidos; sin embargo, 2021 fue el que menos entregas tuvo en los últimos 15 años, con 43 personas consideradas como fugitivas por el gobierno norteamericano.
Los días 14 y 15 de febrero, en el Mar de Cortés, la Secretaría de Marina (Semar), en calidad de Guardia Costera, asestó un duro golpe a la delincuencia organizada, particularmente al Cártel de Sinaloa (CS).
En los primeros 85 días del gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, 577 personas fueron víctimas de homicidio, con un promedio siete asesinatos al día en Baja California.
Mientras las estadísticas oficiales revelan un descenso en las cifras de homicidios dolosos en el país durante 2021, comparativamente con la anualidad inmediata anterior; y también una baja en los asesinatos en el cotejo de enero de 2022 contra enero de 2021
Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para permitir la importación de alrededor de 500 mil vehículos de procedencia extranjera que circulan en Baja California, no se contempló una serie de cuestiones y detalles de gran importancia para la operación del mismo.
A casi 29 años de que fueron asegurados ministerialmente los bienes inmuebles de la familia Arellano Félix, tras las investigaciones del homicidio del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, uno de los miembros del clan, Fernando, interpuso un juicio de amparo indirecto en un intento por recuperar una serie de propiedades que se encuentran en el limbo jurídico y cuyos derechos son susceptibles de ser peleados por el quejoso.
A eso de las 23:22 horas del lunes 7 de febrero, José Francisco Méndez alias “El Chango”, de 60 años de edad, fue ejecutado en el interior de su domicilio en La Paz.
Hasta hace unas semanas, el control que el narcotráfico tenía en la pesca era un secreto a voces, apenas conocido entre pescadores y los habitantes de Comondú, pero para el Gobierno de Baja California Sur, esto no era un tema a discutir, mucho menos a investigar.
