Arellano Félix reclama bienes

Edición Impresa lunes, 21 febrero, 2022 12:00 PM

En Guadalajara, Fernando Arellano Félix promueve amparo para recuperar inmuebles. Los bienes fueron asegurados en 1993 tras el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y seis personas más. Algunas de las propiedades se encuentran en manos de particulares que reciben dividendos de su explotación. Casas y locales comerciales podrían volver a manos de sus reclamantes porque el Ministerio Público no ha probado su ilicitud. Un amparo que devolvió una residencia a la mamá de los Arellano abrió la puerta para que su caso se repita

A casi 29 años de que fueron asegurados ministerialmente los bienes inmuebles de la familia Arellano Félix, tras las investigaciones del homicidio del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, uno de los miembros del clan, Fernando, interpuso un juicio de amparo indirecto en un intento por recuperar una serie de propiedades que se encuentran en el limbo jurídico y cuyos derechos son susceptibles de ser peleados por el quejoso.

Antes, entre 1998 y 2003, Fernando Arellano Félix había pujado por la vía judicial en busca de la protección de la justicia federal, la cual le fue concedida en tres ocasiones, pero, en todas ellas, los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público de la Federación, funcionaron para que un Tribunal Colegiado en Materia Penal echara por tierra las pretensiones del menos conocido de los hermanos, quien no cuenta con antecedentes criminales.

Nacido en 1966 en Culiacán, Sinaloa, el hombre de profesión ingeniero, pretende que se levante el aseguramiento precautorio que pesa sobre varios inmuebles de los que se reputa propietario. Para ello, el 19 de enero del año en curso presentó una demanda de garantías ante la Oficialía de Partes de los Juzgados del Complejo Penitenciario de Puente Grande, la cual fue radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 33/2022.

A través de su abogado Carlos “N”, Fernando señaló como acto reclamado “La orden de aseguramiento, su subsistencia, puesta a disposición de inmuebles a diversas autoridades administrativas para la celebración de contratos con terceros o terceros interesados, entrega de posesión a terceros o terceros interesados, así como la omisión de levantamiento de aseguramiento de los bienes”.

Al paso de tantos años, algunos de los inmuebles han pasado por diversas manos, tanto dependencias públicas como de particulares, quienes han obtenido provecho económico de su utilización con la autorización de la autoridad ministerial que se ha encargado de su administración. Algunas de las residencias se convirtieron en oficinas que son arrendadas para despachos de cualquier naturaleza.

Las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo son el fiscal general de la República; los agentes del Ministerio Público Federal (MPF) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS); el coordinador de la referida unidad, entre otras, todas dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR). Los bienes afectos al reclamo están relacionados con las averiguaciones previas 43841DGI/93, DI. B/EX/001194 y PGR/UEPO/298/2003.

De entrada, el Juez de Amparo negó la suspensión provisional solicitada por la defensa, ya que la parte quejosa no acreditó el interés que asegura, le asiste, “es decir, que efectivamente sea el propietario o poseedor del inmueble de referencia; pues en el caso, la parte quejosa no allegó documento alguno para acreditar algún derecho sobre los inmuebles mencionados, ya que únicamente exhibió el poder otorgado al promovente de amparo”. Será necesario que ofrezca pruebas que acrediten fehacientemente ese interés.

 

LAS PROPIEDADES

Por lo menos son cinco los inmuebles que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Jalisco (RPPC) cuentan con anotación de aseguramiento ordenado por el Ministerio Público Federal, a nombre de Fernando Arellano Félix, con fecha 9 de agosto de 1993, a dos meses y medio de que se registró el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo del mismo año.

El primero de los domicilios es el ubicado sobre Avenida Topacio número 2525, esquina con Calle Barlovento (antes Ónix), Fraccionamiento Verde Valle en el municipio de Guadalajara. Residencia que fue adquirida por Benjamín Francisco Arellano Sánchez en representación y ejerciendo la patria potestad de su hijo Fernando, que el 21 de junio de 1983, fecha de compraventa, era menor de edad.

La casa originalmente perteneció al matrimonio compuesto por Francisco “N” y Gilda “N”, quienes la vendieron a los Arellano por 900 mil antiguos pesos, según escrituras. El inmueble, con una superficie de 600 metros cuadrados de construcción y con cochera por ambas calles, presuntamente fue vendido por Fernando el 16 de mayo de 1987 a Oscar “N”, quien, por su parte, también ha buscado la recuperación de la propiedad.

La gran residencia fue ocupada durante varios años a finales de la década de los noventa por una oficina dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y actualmente, particulares rentan oficinas aprovechando las múltiples habitaciones con las que se cuenta en la planta alta. Aunque quienes arrendan no dieron información del total de oficinas en el inmueble, aseguraron que hay cuatro espacios disponibles de seis metros cuadrados con un precio de renta mensual de 3 mil 500 pesos cada uno.

Otro domicilio adquirido por Fernando Arellano, siendo adulto, el 30 de diciembre de 1984, es el lote número 3, manzana 820, de la calle Zafiro, Fraccionamiento Residencial Victoria, municipio de Zapopan, con una superficie de 243.40 metros cuadrados, cuyo precio original fue de 3 millones 407 mil 600 de viejos pesos. El adquirente aún vivía en casa de sus padres en Avenida Faro número 2496 en una colonia contigua. La propiedad fue traspasada el 14 de marzo de 1990 a María Magdalena “N”, pariente político de Benjamín Arellano Félix, en la cantidad de 33 millones 736 mil pesos de la época.

También destaca la transacción del local F-27 del centro comercial Plaza Fiesta Arboledas, ubicado en Avenida Arboledas, Fraccionamiento Rinconada de las Arboledas, muy cerca del Mercado de Abastos de Guadalajara. El local comercial, de 61.98 metros cuadrados de superficie, fue adquirido a Multibanco Comermex en 5 millones 888 mil 100 pesos, el 16 de julio de 1989. Actualmente es ocupado por una compañía dedicada a la venta, instalación y servicio de paneles y calentadores solares; sin embargo, sus empleados desconocen la situación legal del local.

Dos propiedades más compradas por el ingeniero civil en 1991, son las ubicadas en Calle José María Heredia, números 2683 y 2703, manzana 39 del fraccionamiento Ladrón de Guevara, también en la Capital tapatía. Uno de los inmuebles, de 246.08 metros cuadrados, fue adquirido al matrimonio de Enrique “N” y Rosalía “N”, en 235 millones 660 mil 800 pesos. El otro, con superficie de 245.28 metros cuadrados, costó 117 mil 734 mil 400 pesos; y el 31 de agosto de 1993, supuestamente fue vendido a María Luisa “N”, siendo que ya estaba asegurado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En el juicio de amparo promovido este año, el abogado de Fernando Arellano Félix solicitó al juez requerir al director de Catastro Municipal de Guadalajara, la expedición de diversos certificados catastrales y copias certificadas para ofrecerlas como pruebas en favor de su cliente, ya que la institución referida ha sido omisa en entregar dicha documentación solicitada por defensa del quejoso desde el 26 de enero de 2022.

 

BIENES RECUPERABLES

Integrantes de la familia Arellano Félix fueron señalados de participar en la balacera en la que murieron Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en mayo de 1993. Presuntamente confundieron al pastor católico con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y le dispararon. La PGR solicitó órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Benjamín, Ramón y Francisco Javier, realizando una serie de cateos en Tijuana, Culiacán y municipios de Jalisco, donde fueron localizadas gran cantidad de armas, documentos y vehículos.

Producto de estas acciones, en el caso de Jalisco, el MPF ordenó el aseguramiento de bienes inmuebles y el menaje que había en residencias, locales comerciales y terrenos en Jalisco, Baja California y Sinaloa.

En Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco) fueron por lo menos 23 los inmuebles asegurados que, a la fecha, con excepción de uno, continúan con tal anotación ante el RPPC. Una casa se devolvió, al ganar un amparo, a la madre de los Arellano, Alicia Félix Zazueta, en 2015. El resto permanece con estatus de aseguramiento en forma indefinida.

El 18 de octubre de 2014, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Raymundo Cornejo, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alicia Félix Zazueta para que el MPF ordenara el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento sobre una propiedad de la señora, y aunque el Ministerio interpuso el recurso de revisión, un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito confirmó el fallo protector.

El inmueble recuperado es el ubicado en Paseo de los Obeliscos, lote de terreno número 31, de la fracción 55, sección quinta, del exclusivo condominio horizontal denominado Condominio Santa Anita, con una superficie de 2 mil 156.99 metros cuadrados. La propiedad fue adquirida por Francisco Rafael Arellano Félix el 27 de agosto de 1985, por 3 millones 451 mil 184 pesos de la época. El 24 de febrero de 1990 pasó a dominios de Alicia.

Las acciones perpetradas por la autoridad ministerial durante sus investigaciones no han tenido efectos definitivos a casi tres décadas de ejecutadas, ya que no se ha logrado probar que los bienes intervenidos sean producto o utilidad derivada de la comisión de algún delito, tal y como sucedió en el caso del amparo promovido por Alicia Félix, a quien el juzgador calificó como una persona “sin datos de alguna conducta criminosa antes y después de ese acto jurídico por parte de la nombrada, o en los que estuviera relacionada la finca en mención”, que sería un caso similar al de su hijo Fernando, quien no es requerido por ninguna autoridad.

La sentencia del juicio de garantías de la matriarca muestra la vulnerabilidad de las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía. A la letra, el juez señaló: “El transcurso de veintiún años es una temporalidad excesiva, lo que revela que el acto de aseguramiento es notoriamente opuesto a la naturaleza provisional o transitoria de una medida cautelar, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos; es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que tiene el hoy quejoso”.

Esta resolución abrió el camino para que los hermanos Arellano que quedan vivos y se encuentran libres, hombres y mujeres, reclamen algunos de los inmuebles que se encuentran en el limbo legal, ya que la autoridad ministerial no ha probado su ilegítima procedencia, ni ha promovido juicios de extinción dominio Figura jurídica incorporada al Derecho mexicano en 2009, que ha permitido al Gobierno Federal hacerse de diversas propiedades de presuntos miembros de la delincuencia organizada.

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