Estiman -preliminarmente- en 15 millones de pesos los destrozos por marcha. Cardenal y CNDH demandan esclarecer violencias e infiltrados en marcha. Gobernador Pablo Lemus atribuyó las agresiones e incendios a intereses políticos de desestabilización
La actualización de los saldos oficiales tras la segunda manifestación ciudadana motivada por la mala calidad del agua potable en la zona metropolitana confirmó la detención de diez personas, 17 agentes de la policía estatal lesionados, seis civiles atendidos por servicios paramédicos y pérdidas materiales estimadas preliminarmente en más de 15 millones de pesos.
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La movilización partió de forma pacífica al mediodía desde el Parque Rojo integrada por contingentes de familias y colectivos cívicos que exigían soluciones al suministro hídrico e investigaciones sobre los abusos policiales registrados el pasado 11 de octubre.
Sin embargo, durante la tarde y la noche, grupos de personas embozadas provocaron incendios y agresiones contra sedes institucionales ante el repliegue y la escasa presencia de las corporaciones de seguridad encargadas de la protección del patrimonio público.
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El informe presentado por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, precisó que entre los diez detenidos figuran cinco hombres capturados a bordo de una camioneta con reporte de robo en cuyo interior transportaban bidones con gasolina y materiales combustibles, señalados como probables responsables de encender fuego en las estructuras de madera de los accesos al Palacio Legislativo y al Palacio de Justicia.
La titularidad de la Policía de Jalisco detalló que entre el resto de los aprehendidos se encuentran dos sujetos con antecedentes penales por el delito de robo, dos adolescentes de 16 años, un joven de 19 años procesado por falta administrativa, una mujer atendida por crisis nerviosa en una zona colapsada de Palacio de Gobierno y un hombre de 36 años originario del estado de Guerrero.
El recuento de los destrozos patrimoniales abarca afectaciones estructurales en vitrales, puertas, iluminación exterior y sistemas de videovigilancia de Palacio de Gobierno, así como en las sedes del Congreso del Estado y del Poder Judicial, recintos históricos que requerirán dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia para autorizar la cuantificación final y las labores de restauración.
Las autoridades reportaron seis comercios privados del centro urbano con cristales rotos y actos de rapiña, incluido el saqueo a una tienda deportiva, eventos que motivaron al sistema de transporte colectivo SITEUR a realizar el cierre preventivo de los accesos a las estaciones subterráneas de Guadalajara Centro y Plaza Universidad.
La fuerza pública mantuvo una postura de contención distante y sin intervención directa en las vialidades, estrategia fundamentada por las autoridades estatales en la necesidad de evitar choques con la población tras las investigaciones administrativas abiertas por violaciones a derechos humanos durante la protesta previa.
Durante la fase inicial de la marcha, los manifestantes pacíficos detectaron la presencia de embozados con palos, bates y petardos, a quienes enfrentaron verbalmente bajo la consigna de expulsar a los violentos y proteger a niños y adultos mayores.
No obstante, conforme la masa ciudadana se retiró al atardecer, cerca de trescientas personas encapuchadas ocuparon la Plaza de Armas para perpetrar los ataques contra los edificios públicos y comerciales.
El gobernador Pablo Lemus Navarro calificó la caminata inicial como un comportamiento cívico ejemplar y atribuyó los actos vandálicos a intereses políticos orientados a la desestabilización de la entidad.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantuvo abierta su indagatoria por posibles violaciones a las garantías individuales, solicitando esclarecer la presencia de presuntos infiltrados y señalando la falta de colaboración de la comisión estatal.
Por su parte, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, advirtió que la crisis hídrica exige una solución de fondo por parte de las autoridades, señalando que las disputas políticas entorpecen la atención de una necesidad básica.
Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades penales sobre los daños registrados.
