Manifestantes pacíficos confrontaron a grupos encapuchados que desvirtuaron la movilización. Sujetos embozados provocaron incendios y severos daños materiales en sedes de los tres poderes. La policía estatal replegó su presencia en las calles tras cuestionamientos por abusos anteriores
La segunda megamanifestación ciudadana convocada para exigir la mejora en la calidad y claridad del agua potable en la zona metropolitana derivó en una extensa jornada de violencia y destrozos materiales en el centro histórico de la capital jalisciense.
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La movilización partió al mediodía del domingo desde las instalaciones del Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, integrada inicialmente por contingentes de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidad que marchaban de forma pacífica para demandar agua limpia e investigaciones sobre las detenciones registradas la semana previa.
Durante el trayecto inicial, los propios ciudadanos detectaron la presencia de grupos de personas embozadas que portaban palos, bates, martillos y artefactos pirotécnicos.
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Para evitar conatos de enfrentamiento y resguardar la seguridad física de los asistentes, los manifestantes enfrentaron verbalmente a los encapuchados al grito unánime de “fuera encapuchados”, obligándolos a separarse de la vanguardia del contingente y pausando momentáneamente el avance sobre el cruce estratégico de las avenidas Federalismo y 8 de Julio.
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Pese a las acciones de prevención social e inhibición emprendidas por los organizadores para preservar el carácter estrictamente cívico de la marcha, conforme avanzó la tarde los bloques de ciudadanos comenzaron a retirarse del primer cuadro, situación que fue aprovechada por un grupo de aproximadamente trescientas personas embozadas para apoderarse de las inmediaciones de la Plaza de Armas y del edificio del Ejecutivo estatal.
Los manifestantes violentos arrojaron globos con pintura, objetos diversos, huevos, jitomates y botellas de vidrio contra las ventanas y vitrales de la fachada institucional, derribaron las vallas metálicas para golpear los portones principales de acceso, rompieron luminarias exteriores y destruyeron cámaras del sistema de videovigilancia.
La violencia se extendió posteriormente hacia las sedes del Congreso del Estado de Jalisco y del Poder Judicial, inmuebles contra los cuales los embozados lanzaron petardos, barrenos y bombas molotov que provocaron incendios en las estructuras de madera de las entradas institucionales.
Además de las afectaciones causadas en las dependencias públicas, se registraron daños en comercios privados del centro urbano, cristales rotos en establecimientos mercantiles adyacentes y el saqueo directo a una tienda de artículos deportivos, hechos que motivaron al sistema de transporte colectivo SITEUR a cerrar de forma preventiva los accesos a las estaciones subterráneas de Guadalajara Centro y Plaza Universidad.
Frente al incremento de los actos vandálicos, la fuerza pública mantuvo un repliegue preventivo durante la mayor parte de la jornada.
La ausencia de vallas de contención y de elementos policiales en las vialidades respondió a un ajuste en la estrategia operativa del gobierno estatal para evitar choques con la población, tras los severos cuestionamientos sociales y las indagatorias administrativas abiertas por abusos de autoridad cometidos durante la protesta del pasado 11 de octubre.
Las corporaciones de seguridad únicamente intervinieron hacia el final de los disturbios cuando el fuego amenazó con consumir los accesos del Poder Legislativo y Judicial, momento en que elementos policiales y bomberos sofocaron los incendios.
En dicha acción final, agentes capturaron a cinco hombres a bordo de una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior transportaban bidones con gasolina y artefactos incendiarios.
Los hechos de violencia concluyeron poco antes de la once de la noche cuando los encapuchados abandonaron la zona.
