La captura de José Ángel Rivera Zazueta, alias el Flaco, alto perfil de extradición para el Gobierno de los Estados Unidos, ocurrida el pasado 22 de septiembre, fue la última pieza que necesitó el vecino país del Norte para relacionar y emitir las sanciones del Departamento del Tesoro contra empresarios fachada y políticos morenistas con el Cártel de Sinaloa.
Capturado en un operativo especial de fuerzas federales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, se conocía de su alto nivel como criminal vinculado a la Mayiza y, en específico, al tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, pero no se le reconocía como un perfil peligroso, sino que se disfrazaba de empresario. Pasaba inadvertido, presumía lujos con su esposa Miriam Anahid Ramos Santana (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el art. 13 del CNPP), y sus hijas en redes sociales.
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Fotos en París, Francia; en las Vegas y Disneyland, son parte de las postales que presumen al igual que playas y zonas exclusivas de México y el mundo. Con ver el perfil delgado, con entradas pronunciadas, de barba poblada, pasaría inadvertido en cualquier escenario, pero según el Gobierno de los Estados Unidos, Rivera Zazueta representaba un líder del Cártel de Sinaloa a la altura de Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, en Mexicali; o de los hermanos René y Alfonso Arzate, alias la Rana y el Aquiles, respectivamente, todos ligados a la Mayiza, dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco.
“Muchas felicidades al niño grande chikitin!!! Que Dios los siga bendiciendo van muchos años mas” [sic] seguido de algunos emoticones, es parte del mensaje replicado en 2018 por José Ángel Rivera Zazueta en sus redes sociales, cuyo remitente es nada menos que Rafael Buenrostro Martín, operador morenista sancionado por el Departamento del Tesoro por, presuntamente, apoyar mediante favores y sobornos mediante su influencia política al Flaco Rivera Zazueta, quien, además, es hermano del exdirector de Cecyte, Luis Miguel Buenrostro Martín, el cual dejó el cargo apenas anunciadas las sanciones.
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Esta conexión brindó mucha información de los nexos políticos entre los políticos y empresarios que ya estaban bajo sospecha, entre ellos los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres.
El Flaco, a través de su esposa, Miriam Anahid Ramos Santana, cuenta con dos empresas llamadas Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., y Rivos Servicios, S.A. de C.V. (Rivos), señaladas como “lavanderías” de la Mayiza; una se ubica en Mexicali y otra en Culiacán, Sinaloa.
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La pareja tiene propiedades en dos residenciales exclusivos, de los cuales el primero se ubica en la calle Takalic, número 699, de Residencial Mayakán; mientras que la otra se ubica en Residencial Montecarlo, misma que fue adquirida en el año 2016 nada menos que tras un acuerdo millonario con el exdiputado del PRI y de Movimiento Ciudadano, además del exfuncionario de Tijuana, Elí Topete Robles.
Aunque la empresa que fue señalada por Rafael Buenrostro fue Publicidad e Imagen Integral Enla-C, el ex funcionario aduanero de Chihuahua cuenta con inversión en otras empresas como Distribuidora de Amoniaco de Baja California, fundada en 2014, donde está asociado con Homero Alejandro Martínez García, Gabriel Arturo Burunat García, Lorenzo Cárdenas Zertuche, Juan Antonio Sánchez Zertuche y Tomás Flores Moreno.
Y en 2025 y 2026 constituyó otras dos empresas, de nombre Silica, de Baja California, especializada en materiales pétreos, con la que se vinculó con Alejandro Márquez Cisneros, Arantza Román Castro, Daniela Edith Fabela López, Diego René Rivera Montoya, Javier y Juan Esquivias Ortega; y Agrovalle Buenrostro, donde se asoció con Myldret Larithza Navarro Torres (docente de preescolar), José Edgardo Buenrostro Martín; Raquel Martín Curiel y David Rivera Esparza.
Otro de los perfiles de relevancia mencionados es el de Alejandro Martín Colmenares, quien es representante legal de prácticamente todas las empresas de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señaladas por el Departamento del Tesoro.
Todas sus empresas están dirigidas por Martín Colmeneras, quien a su vez cuenta con varias compañías, entre ellas Prestadora de Servicios BMC, donde tenía como uno de sus representantes legales a Arón Ureña Zaragoza, quien se incluyó en sus funciones en julio de 2024.
Este médico especialista dejó el cargo apenas en 2026 para unirse a la Secretaría de Turismo, dirigida por Miguel Ángel Badiola, otro de los más allegados a la familia Hank Rhon, y además hilo conductor con los hermanos Jerónimo y Jorge Mario Vera, ambos socios y perfiles cercanos al gángster casinero Jorge Hank Rhon, y que también fueron vinculados a la red de lavado de dinero de la Mayiza.
AGATÓN CONTRATÓ EMPRESAS DE SANTELICES
El XXV Ayuntamiento de Ensenada firmó al menos ocho contratos, unos por donaciones, con empresas ligadas al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien fue señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Aunque la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, afirmó el lunes 6 de octubre que el ayuntamiento tiene las cartas bajo protesta de decir verdad en la que los representantes de FAMA Producciones se deslindan de cualquier operación ilícita, el documento no forma parte de los contratos suscritos por el Gobierno Municipal con la empresa.
Dos de estos contratos se firmaron con la empresa Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., para la organización de las ediciones 2025 y 2026 del Carnaval de Ensenada, sin que se adjuntara la carta que es un requisito legal.
La documentación contractual se realizó con el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada (IMCUDHE), cuyo consejo carece de esta constancia, hecho que es señalado por el Órgano de Fiscalización del Estado.
Los contratos con las empresas del mismo empresario se hicieron a través de IN HOUSE, S.A.P.I. de C.V. para la realización del carnaval 2025 y 2026, donde también se realizaron donaciones. En un primer contrato fueron los encargados de la colocación de los baños portátiles y escenarios para artistas o talentos locales, de acuerdo con el expediente.
En la misma edición del carnaval la empresa se encargó de la presentación de los conciertos de Matute, Los Ángeles Azules, Banda El Recodo, Ana Barbara y Omar Cárdenas, entre otros locales. Un concierto de los Ángeles Azules puede llegar a costar hasta ocho millones, mientras que la Banda El Recodo hasta 2.2 millones.
Otra de las compañías de Marco Moreno Gómez que firmó contrato fue Wermak, para la adquisición de servicios relacionados con instalación de escenarios así como barra de bebidas. Otra empresa fue Inteliproof Efficients S. de R.L., la cual se dedica a la seguridad y proveyó de la renta de unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como otros sistemas de tecnología para los oficiales.
Después, la misma empresa IN HOUSE, en conjunto con FAMA, realizaron otros dos eventos distintos, pero con una contraprestación de casi 750 mil pesos por la colocación de un escenario.
Incluso, en el Carnaval 2026, las empresas Wermak e IN HOUSE, otorgaron servicios de montaje para los conciertos con una contraprestación de poco más de 700 mil pesos, además de un contrato de patrocinios para barra de bebidas. Mientras que FAMA de nuevo se encargó de patrocinar el elenco artístico, a cargo de la agrupación Parranda Tour, Alicia Villarreal, Paty Cantú, Yuridia, Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro, Raúl Hernández y la Banda MS, esta última con una asistencia de más de 100 mil personas.
Otro evento donde estuvieron involucrados promotores de estas empresas fue la organización de las Fiestas Patrias el pasado 16 de septiembre, en donde se presentó la agrupación La Sonora Dinamita, en la explanada del ayuntamiento. Cuando se le preguntó a la alcaldesa Agatón quién pagaría por el concierto, ella respondió que era una “sorpresa”.
La contratación estuvo a cargo del consejo de la paramunicipal; quienes tienen voz y voto son: la presidenta municipal Claudia Agatón; la coordinadora en el cabildo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que en este caso es Raquel Esther Manriquez Peña; además de un representante del subcomité de cultura del COPLADEM, y tres representantes ciudadanos, con al menos uno que pertenezca a alguna etnia indígena y uno a la comunidad de personas con discapacidad. Quienes sólo tienen voz, o derecho a opinar son el director general del Instituto, Rodrigo Ventura de la Cabada, y cuatro representantes del Ayuntamiento, de Deporte, Educación, Asistencia Social y Salud.
PRESIDENTA ASEGURÓ QUE NO RECIBIÓ APOYO DE EMPRESAS EN CARNAVAL 2025
“No hay empresas por fuera. Hemos escuchado que dicen que traemos empresas de quién sabe dónde. Ojalá y las tuviéramos para que no tuviéramos las deudas que tuvimos. Este Carnaval (2025) que pasó lo organizamos nosotros solitos como pudimos, como tuvimos la oportunidad y la capacidad”, manifestó la presidenta municipal Claudia Agatón en el Pleno del Cabildo.
En la sesión de Cabildo realizada a inicios de año, en la que se determinó que el IMCUDHE volvería a organizar el Carnaval del 2026, la presidenta municipal Agatón Muñiz pidió la palabra al pleno para desmentir que la empresa La Familia, ligada a Santelices, intervino en la organización del año 2025.
“El Carnaval fue un tema muy álgido que nosotros en el primer año tuvimos que hacer muchos sacrificios, muchos reacomodos para que pudiéramos dignificar el carnaval, del nivel que se merece Ensenada, sin dinero, porque esa es la realidad: no había recurso”, dijo frente a sus regidores.
Agregó que lo más importante es el tema de la legalidad.
“La parte medular, regidoras y regidores, que tengan conocimiento es el tema de la legalidad en cuanto al tema, ha sido muy importante marcar la ruta de por dónde debe hacerse todo el papeleo, el manejo del dinero y recurso”, sostuvo.
El lunes 28 de septiembre, cuando el Gobierno de Estados Unidos, informó sobre los nexos de Marco Santelices y otros empresarios mexicanos con una célula del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de Ensenada y el de Baja California, a cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, negaron cualquier relación.
Agatón emitió un comunicado el martes 6 de octubre donde aseguró que sus funcionarios tienen la carta de no lavado de dinero de las empresas.
“Somos muy respetuosos de lo que Estados Unidos ha declarado y que ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. Nosotros hemos guardado una comunicación estrecha con Estados Unidos, con California, con nuestros amigos”, describió la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.
Sin mostrar un documento que avalara el dicho, Agatón afirmó que el Ayuntamiento solicitó una carta bajo protesta de decir verdad como parte de las medidas para evitar que la administración municipal pudiera verse involucrada en alguna operación ilícita.
“Nosotros sí fuimos muy previsores. Yo no sé si el resto de los ayuntamientos lo hizo, pero nosotros sí pedimos y solicitamos firmar una carta de decir verdad, y nos cubrimos en ese sentido para que no pudiera suceder alguna cosa de lavado de dinero. Esa carta nosotros sí la solicitamos, esa carta contamos con ella y finalmente en esa ruta nosotros nos fuimos”, señaló la presidenta.
SINDICATURA AUDITA EVENTOS MASIVOS DESDE HACE MESES
La Sindicatura Municipal está investigando éste y otros eventos públicos donde hay participación de empresas que han sido mencionadas por el Gobierno de Estados Unidos, aseguró el titular Eli Oviedo Díaz.
Cuestionado por los contratos que ha sostenido el XXV Ayuntamiento con estas compañías, respondió que tienen auditorías abiertas, entre ellas las relacionadas con el Carnaval 2025 y 2026, pero también las Fiestas Patrias.
Reconoció que tienen detectada la participación de todas las empresas que han apoyado y han sido contratadas para la realización de dicho evento.
“Sí, mira, nosotros tenemos auditorías abiertas con respecto, como lo mencionas, del carnaval, en donde tenemos detectada la participación de todas las empresas que han apoyado y han sido contratadas para la realización de dicho evento.”, aclaró.
Sobre el procedimiento que se le seguirá a la administración, el síndico Eli Oviedo contestó que todas las auditorías que se han establecido y se han hecho sobre el carnaval, al igual que otros eventos masivos en el periodo 2025 y 2026, determinarán si llegan a una etapa de continuar con la investigación formal. Una vez que lleguen a esa etapa solicitará más elementos de prueba para poder esclarecer situaciones que no estén claras.
Mencionó que existe un consejo interno del INCUDHE, que es la máxima autoridad en la estructura del instituto, donde todos tienen que ser llamados, tengan o no derecho al voto.
“Tenemos que el registro de la contratación para la realización del carnaval, las empresas fueron contratadas a través del INCUDHE, fue la dependencia encargada de organizar el carnaval, es por lo cual ellos mediante su consejo hacen una contratación de las empresas que sean necesarias para resolver y proveer todo lo que tenga que ver con carnaval”.
— ¿La investigación que ustedes tienen abierta, o la auditoría, fue a raíz del anuncio del Gobierno de Estados Unidos, o antes?
“Mira, nosotros hemos detectado, al final del día tenemos el registro de quienes han participado, es la propia información que nos ha brindado dentro del consejo y que nos ha saltado de la misma auditoría que hemos instaurado nosotros y, en la cual, hemos requerido información; es donde nos damos conocimiento de quiénes participan, de qué manera participan. Esto más allá del cierre, cuando se realizó la auditoría del Carnaval 2026 que fue aproximadamente en los meses de marzo”, respondió a ZETA.
— Tenemos información de los contratos. ¿Ustedes han hecho su trabajo y revisado que existan estas cartas contra el lavado de dinero de las empresas que fueron mencionadas por el Departamento del Tesoro?
“No existe la carta. Nosotros recogimos elementos que fueron recabados durante la auditoría como contratos, los contratos que han sido de donación de renta, de diversas acciones, de prestación de servicios y entre los contratos que hemos revisado de diversos giros y diversas proveedurías”.
— ¿Van a mandar citar a la alcaldesa Claudia Agatón?
“Tenemos nosotros resultados de la auditoría, tenemos nosotros ahí más o menos estimado el cálculo que se gastó al final del día se le dotó a la propia entidad como el INCUDHE, a quien se le dotó por parte del Cabildo un recurso para la realización del carnaval; ahí es donde determina el gasto que asume el propio ayuntamiento con el Carnaval. Sin embargo, también hemos encontrado dentro de la auditoría contratos de donación hacia la realización del propio carnaval”.
Al final, el síndico no descartó que manden llamar a la presidenta municipal en caso de ser necesario como parte de un requisito para concluir la investigación que por ley le corresponde continuar al órgano interno de control a su cargo.
