Empresas de reciente creación, sin experiencia y con vínculos entre ellas, han obtenido contratos millonarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en procesos de adjudicación irregulares, en los que incluso las propuestas económicas superan entre 15 y 20 por ciento a las de contratistas de “gran prestigio” en la localidad.
“El sobrecosto de las obras y suministros es millonario, se calcula un desfalco de más de 200 millones de pesos”, denunciaron integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, Tecate y Rosarito, quienes señalaron al subdirector técnico José Díaz Verdugo de “cobrar comisiones a todos los contratistas” para Luis Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Pese a la gravedad de los señalamientos, ninguna de las empresas afiliadas a CMIC ha presentado una denuncia formal ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno al cierre de edición.
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Las denuncias de los constructores a ZETA ocurrieron antes del 29 de septiembre de 2026, fecha en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a los hermanos Torres Torres, Luis Alfonso y Carlos Alberto, de pertenecer a una red de narco-corrupción que permitió operar a la subfacción de Los Rusos en Mexicali a cambio de sobornos policiales; que luego Luis Alfonso inyectaba en empresas comerciales y financiaba campañas políticas. Esto como parte de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a 21 personas físicas y 25 entidades corporativas vinculadas a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, en Baja California.
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INVITACIONES, PRINCIPAL MODO DE CONTRATACIÓN
Información publicada por la propia CESPT en su portal de Transparencia indica que, de los 52 procesos de adjudicación efectuados de enero de 2026 a la fecha, 31 fueron por invitación restringida, 9 por adjudicación directa y 13 licitaciones públicas.
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Respecto a por qué se ha dado prioridad al proceso por invitación restringida, la directora de la CESPT, Mónica Juliana Vega Aguirre dijo: “Tendríamos que revisar caso por caso. Muchas veces es por especialización del tema que tiene que ver con este tipo de obras”.
Las licitaciones “siempre van a ser un tema polémico”. Hay procedimientos y una ley de licitaciones a la que estamos obligados a cumplir, declaró.
En lo que va de 2026, las empresas que han obtenido el mayor monto asignado por invitación restringida son: Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V., con 27.9 millones de pesos (mdp); MIBZAR Construcciones S.A. de C.V., con 27.4 mdp; Popotla Urbanización, S.A. de C.V., con 24.5 mdp; y Construcciones y Pavimentos Báez, S. de R.L. de C.V. con 24 mdp.
Seguidas por Alejandro Valdez Arellano, con 15.2 mdp; ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V., con 15 mdp; Operación de Urbanización y Remodelaciones B.C., S de R.L. de C.V., con 14.3 mdp; y Remacu Construcciones, S.A. de C.V. con 12.1 mdp, según los propios datos de la paraestatal. De estas ocho empresas físicas y morales, cinco tienen vínculos.
En la empresa MIBZAR Construcciones S.A. de C.V. (creada en Tijuana el 10 de septiembre de 2024) figuran como accionistas Jesús Guillermo Saucedo Cruz y René Rezago Cayetano.
Este último también es socio de la empresa Popotla Urbanización, S.A. de C.V., luego de que compró 45 acciones de Ricardo Tomás Tovar Arellano, quedándose con 90 por ciento del capital social de la empresa constituida en Playas de Rosarito, según un acta de asamblea general del 3 de mayo de 2024, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal (SIGER).
Por otro lado, Alejandro Valdez Arellano y Miguel Sánchez Delgadillo figuran como accionistas en la empresa ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V., constituida el 20 de febrero de 2024, en Tijuana. Miguel Sánchez Delgadillo también es socio en Operación de Urbanización y Remodelaciones BC, S de R.L. de C.V., constituida en Tijuana el 15 de febrero de 2024.
Además de las asignaciones vía invitación restringida a las empresas referidas, la CESPT entregó el 9 de abril de 2026 por adjudicación directa el contrato 5D-MT-019-2026 para “la extracción de pescado, sardina o shads en el espejo de agua” de la presa Abelardo L. Rodríguez, por 1.7 mdp, al empresario jalisciense Alejandro Valdez Arellano, de 33 años.
Este contrato se otorgó tres meses después de que ocurriera la mortandad de millones de peces en la presa Abelardo L. Rodríguez en enero de 2026, atribuida a los vientos de Santa Ana por la autoridad.
La CESPT también entregó, por adjudicación directa, el contrato 5D-MT-009-2026 a Popotla Urbanización, por 1.6 mdp, para bacheo de 350 m2 de concreto hidráulico en diferentes partes de Tijuana y Rosarito.
CORRUPCIÓN “BURDA”
Integrantes de la CMIC explicaron que el primer filtro para participar en algún procedimiento de adquisición es contar con determinada especialidad, como de bacheo, construcción de redes de agua, etc., que obtienen las compañías al acreditar contratos.
Este requerimiento lo han obtenido empresas “consentidas” de reciente creación, porque de forma irregular se les ha otorgado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt). Tres de las empresas consentidas cuentan con RFC de 2024. “Una de esas tres (MIBZAR) obtuvo ocho especialidades de entre 2024 y 2025; y de 2025 a 2026 la empresa ya tiene 21 especialidades”, mientras que compañías con más de 30 años no tienen esa cantidad de especialidades, indicaron.
Ante las evidentes irregularidades no se han presentado formalmente denuncias, porque —según dijeron algunos denunciantes— “así nos va. O sea está de dar miedo, porque no entendemos cómo pueden acreditar contratos de tanto dinero, de 80 millones, de 100 millones; cómo los afianzan, cómo garantizan, porque son empresas nuevas, chiquitas”.
En todas las licitaciones ninguna empresa presenta proposiciones sin errores, lo que facilita la descalificación de participantes “por cualquier errorcito”; de modo que si la dependencia quiere dárselo al que presentó una propuesta alta, puede hacerlo. “Ahí es donde están los sobrecostos”, pagando obras con precios elevados sin necesidad de ello, revelaron.
Tras señalar que actualmente hay una corrupción “burda”, “como nunca”, en la CESPT, los denunciantes admitieron que “siempre ha habido moches”, pero antes los contratos eran para múltiples empresas que acreditaban experiencia garantizando que la obra estuviera bien hecha, a diferencia de lo que ocurre hoy, que está concentrado en compañías de nueva creación, sin experiencia.
SIMULAN COMPETENCIA
Con datos de la CESPT se observa que, tan sólo en 2026, en tres procedimientos de invitación restringida participaron empresas con socios comunes, lo que sería motivo para al menos descalificarlas.
Muestra de ello es el proceso 5CS-NA-011-2026, referente a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Primo Tapia, 1ra. etapa. En sendas cartas firmadas por Simileano Octaviano Olvera Olguin, jefe de Obras de la CESPT (con copia a Mónica Vega y José Díaz Verdugo), se invitó a participar a Popotla Urbanización, S.A. de C.V., MIBZAR Construcciones S.A. de C.V. y Bufadora Edificaciones, S.A. de C.V.
Pese a que estas empresas comparten como socios a Alejandro Ortiz Saucedo y René Rezago Cayetano, el 23 de febrero de 2026 la CESPT falló a favor de Popotla Urbanización, dándole el contrato por 12 millones 644 mil 758.68 pesos.
En la licitación pública 5C-NA-119-2025 para la construcción de línea de conducción de la planta de tratamiento La Morita al cárcamo de Bombeo, para el sistema de alejamiento de aguas residuales de las plantas Arturo Herrera y La Morita, el contrato por 82 millones de pesos fue adjudicado a Operación de Urbanización y Remodelaciones BC, S. de R.L. de C.V. al presentar la proposición más baja de las seis empresas calificadas como solventes, según el fallo emitido el 27 de enero de 2026 (un día después de que Mónica Vega asumió la dirección de la CESPT, tras la designación de Ávila Olmeda).
Entre las empresas solventes se encontraban Promogob, S.A. de C.V. y Grupo Comercializadora Verduzco, S.A. de C.V., que comparten al accionista Luis Manuel Rodríguez López.
Si se considera a todas las empresas participantes, las que presentaron las proposiciones más bajas fueron: Constructora Sextín, S.A. de C.V. (55.7 mdp), Vazlu, S.A. (57 mdp) y Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. (69.2 mdp). En los documentos públicos no se explica por qué estas empresas fueron consideradas no solventes.
A decir de los denunciantes de CMIC, la ganadora de la licitación (Operación de Urbanización y Remodelaciones BC, creada en 2024) no cuenta con experiencia y reprocharon que la CESPT descalificara a compañías “de mucho prestigio” cuyas propuestas fueron entre 20 y 25 por ciento inferiores a la de la ganadora.
En la licitación 5C-NA-120-2025, para la construcción del sistema de bombeo para la planta de tratamiento Arturo Herrera, que se falló a favor de Grupo Comercializadora Verduzco, S.A. de C.V., por 109 millones 155 mil 417.3 pesos, participó el empresario jalisciense Alejandro Valdez Arellano, quien es socio de Miguel Sánchez Delgado, accionista de la empresa ganadora.
“En este concurso no dejaron participar a empresas de reconocido prestigio, porque no contaban con las especialidades solicitadas en la convocatoria”, pero fallaron a favor de una empresa que tampoco contaba con las especialidades, denunciaron los integrantes de la CMIC.
VERIFICACIÓN PATRIMONIAL A FUNCIONARIO
En diciembre 2023, el medio local AFN dio a conocer que, por una denuncia anónima, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT BC) abrieron una investigación contra José Díaz Verdugo, por posible evasión fiscal por ingresos fuera de nómina y presuntamente beneficiar a empresas con contratos millonarios.
A casi tres años de ello, Comunicación Social del gobierno estatal informó a ZETA que está abierta la “verificación patrimonial por parte de la Dirección de Investigación de Faltas Administrativas y Verificación Patrimonial” de la Secretaría Anticorrupción, sin precisar plazo para que concluya.
José Díaz asumió el cargo de subdirector de Agua y Saneamiento de la CESPT en 2020. De 2010-2020 se desempeñó como consultor y director de obras independiente, a la par que tuvo cargos en distintos periodos en la CESPE (Ensenada) y la CEA. De 2013 a 2021 tuvo un poder para actos administrativos en la empresa UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.
El ingeniero civil es propietario de tres inmuebles en las colonias Libertad, Independencia y UrbiQuinta Versalles; todos adquiridos entre 2010 y 2017.
José Díaz es “un buen técnico”, sin embargo, su cargo lo ocupa por influencia de Luis Torres Torres, exsubdirector de la CESPT, a quien presuntamente le entrega las comisiones cobradas para hacer un “cochinito” para las elecciones del próximo año, señalaron los denunciantes de la CMIC.
ZETA solicitó directamente al funcionario una declaración; quien pidió que se hiciera la solicitud a Comunicación Social de la CESPT. Área que indicó que José Díaz no podría atender la entrevista por encontrarse en Mexicali, y envío una hoja con tres párrafos referentes a los contratos 5C-NA-119-2025, 5C-NA-120-2025 y 5C-NA-040-2026, asegurando que fueron adjudicados a Operación de Urbanización y Remodelaciones BC, Comercializadora Verduzco y Popotla Urbanización, respectivamente, “de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable”, por haber presentado propuesta solvente con el precio más bajo.
IGNORA MÓNICA A CMIC Y SE “LAVA LAS MANOS”
El 19 de mayo de 2026, el presidente de CMIC de Tijuana, Tecate y Rosarito, Elmer Peña Ruvalcaba, envío una carta dirigida a la directora de la CESPT, Mónica Juliana Vega Aguirre, para solicitarle una reunión de trabajo, con el fin de abordar diversos temas relacionados con los procesos de contratación y licitación de la paraestatal.
Lo anterior “deriva de diversas inquietudes y observaciones que hemos recibido por parte de empresas afiliadas a nuestra Cámara, quienes han manifestado preocupación respecto a posibles irregularidades e inconsistencias detectadas en algunos procedimientos de licitación y contratación de obra pública y servicios relacionados”, indica el documento al que tuvo acceso ZETA.
Pese a que la carta de la CMIC tiene sello de Acuse de la CESPT el 19 de mayo de 2026, a la 1:38 pm y número de folio 202620226, Mónica Vega dijo desconocer el tema cuando ZETA le preguntó por qué no se ha reunido con los integrantes de esa cámara empresarial. “La verdad es que no sé de qué oficio me hablas, pero con mucho gusto lo reviso”, afirmó.
“Si hay algo irregular se tendrá que investigar, pero yo no soy la autoridad para investigarlo. Eso lo tendrá que hacer la Secretaría Anticorrupción, y ya nos tendrán que notificar lo que proceda, pero hasta donde yo tengo entendido no he sido notificada de ningún procedimiento”. Asimismo, aseguró desconocer el señalamiento respecto a su subalterno, José Díaz Verdugo.
A decir de los denunciantes, la CMIC también buscó el encuentro con Mónica Vega por medio del secretario de Economía, Kurt Honold Morales, y Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación). Pero la funcionaria incluso no asistió a la reunión entre la CMIC y el secretario del Agua (CEA), Víctor Daniel Amador Barragán. En próximos días esperan abordar el tema con el titular de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra.
Los procesos irregulares no sólo se circunscriben a la gestión de Mónica Vega, pues se han identificado ocho procesos de adquisición que en conjunto superan los 232 millones de pesos en la gestión de Jesús García Castro, en los que participaron las empresas referidas con socios compartidos.
