El 2 de septiembre de 2026, en el Senado fue turnada a Comisiones la iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera (IED), con la que se pretende incluir a más autoridades en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras e incorporar criterios para evaluar las inversiones, como la existencia de riesgo o amenazas a la seguridad nacional.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, actualmente la Ley de Inversión Extranjera prevé que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pueda, por razones de seguridad, impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera, pero no establece parámetros conforme los cuales ejecute esa atribución.
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La iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum propone incorporar a la Comisión Nacional de Inversiones a los titulares de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Así como a los de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia; estos últimos tres con voz, pero sin voto.
Crea un procedimiento especial de escrutinio de seguridad nacional para inversiones extranjeras que impliquen una participación superior al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana y superen el monto que determine la Comisión, particularmente en el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles.
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La citada Comisión podrá resolver: autorizar la adquisición por inexistencia de riesgos; condicionarla a medidas de mitigación; o impedirla por razones de seguridad nacional.
La iniciativa establece multas de hasta 200 mil UMA (equivalentes a 23.4 millones de pesos) a la sociedad mexicana que transmita, ceda, entregue o transfiera la participación accionaria al inversionista extranjero pese a que le hayan denegado la autorización.
