El Gobierno Estatal confirmó a ZETA que 73 pacientes aceptaron continuar su tratamiento contra las adicciones; Jireh, en Matamoros, estará cerrado en lo que FGE lleva a cabo “las diligencias correspondientes”.
De manera indefinida será el proceso de investigación que llevará la Fiscalía General del Estado (FGE) en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros de la ciudad de Tijuana, suspendido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California. Durante el operativo, en el que participaron más de 200 agentes de diversas corporaciones, fueron reubicados los 84 pacientes internados.
El gobierno estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que “las personas que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Jireh están seguras y cuentan con alternativas para continuar con su atención. Tras la suspensión del establecimiento, se garantizó su valoración médica, traslado y acompañamiento, con pleno respeto a sus derechos humanos”.
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El operativo, que empezó a las 17:00 horas del viernes 4 de septiembre, culminó durante la madrugada del sábado 5 con el desalojo de los 84 pacientes. De ellos, 73 fueron trasladados a otros centros de rehabilitación para continuar con sus procesos y “11 salieron voluntariamente acompañadas de sus familiares”, informó el Gobierno de Baja California.
El gobierno informó superficialmente sobre el operativo, ya que explicó, en respuesta a ZETA, que “el Centro Jireh permanece vacío, con sellos de suspensión y sin actividades por tiempo indefinido, mientras continúan las diligencias correspondientes”, sin aclarar cuáles serán los trámites y “diligencias” a los que será sometido el Centro de Rehabilitación, ligado a la Patrulla Espiritual, un grupo de personas rehabilitadas con la misión de someter involuntariamente a personas en situación de calle a procesos de rehabilitación de las adicciones.
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Oficialmente, el Centro de Rehabilitación Jireh fue “suspendido” como resultado de la verificación sanitaria. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades.
La intervención se realizó mediante un operativo interinstitucional apegado al respeto a los derechos humanos, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, el IPEBC y la COEPRIS.
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Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
La inspección
Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Ricardo Serrano Burgos, indicó que fueron diversas las razones que llevaron a la suspensión del establecimiento.
Serrano Burgos explicó que, a raíz de la muerte de un hombre al interior de las instalaciones del centro de rehabilitación y a través de una recomendación de la Fiscalía General del Estado, se realizó una inspección para verificar las condiciones y permisos del establecimiento.
Entre las principales razones para la suspensión, el titular señaló la ausencia de expedientes completos de los internos que se encontraban en tratamiento, así como la falta de documentos que constataran el consentimiento de los mismos para permanecer como pacientes y la ausencia de protocolos de seguridad.
“Identificamos, entre otros hallazgos, la deficiencia en los protocolos de seguridad, que pues son tan evidentes que no están los protocolos, que sucedió una situación tan lamentable como el homicidio”, indicó el titular de COEPRIS.
Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Dagoberto Valdés Juárez, indicó que fueron aproximadamente 84 pacientes los que tuvieron que ser trasladados a otros centros de rehabilitación certificados por el Instituto de Psiquiatría de Baja California luego del cierre del centro. Poco más de una decena de ellos fueron dados de alta por sus familiares, quedando un total de 73 personas trasladadas temporalmente.
De 304 centros, solo 199 cuentan con certificación
De acuerdo con Víctor Salvador Rico Hernández, director general del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), en la entidad se tienen registrados 304 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 199 cuentan con certificaciones y acreditaciones por dicha institución.
“La normatividad lo que solicita es que tengan una infraestructura adecuada, que tengan personal adecuado para la atención de las personas, es decir, que un paciente, desde que ingresa hasta que egresa, qué se hace con esta persona, es decir, se desintoxica, luego empiezan las cuestiones de la psicoterapia, la psicoterapia individual o valoraciones médicas, porque muchos pacientes que son usuarios o consumidores de droga tienen problemas de otro índole; ya estamos hablando de depresión, ansiedad, psicosis”, explicó.
La actuación de las autoridades se llevó a cabo en el contexto de la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido dentro del centro. De acuerdo con la información recabada, la víctima ingresó el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después. El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes. (Con información de Rubén Vázquez)
