Este 5 de septiembre, la diputada morenista Alejandra Ang Hernández cumplirá siete meses desde que fue retenida por autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, intentando cruzar un monto de 848 mil pesos en efectivo, por la garita ubicada en la Zona Este de Mexicali. El hecho se volvió conversación dentro y fuera de la cúpula de Morena a nivel nacional, y a más de medio año de su retención sigue sin dar explicaciones relativas a la procedencia del vehículo, y mucho menos de la situación legal del origen de ese dinero. Ang Hernández, quien todavía aspira a ocupar un cargo dentro del próximo proceso electoral 2027, y cuya carrera política se ha visto siempre empañada por el movimiento -por decirlo de una manera- inusual de dinero (hay que recordar que sus primeros meses como directora de Bienestar Social Municipal se perdieron tres millones de pesos de una transferencia por la que inculparon a un trabajador de más de 20 años) ha sido cuestionada en múltiples ocasiones y se ha limitado a decir que los más de 800 mil pesos que llevaba consigo en bolsas de regalo provenían de la venta de vehículos y ahorros, que “olvidó” que los tenía en la unidad cuando cruzó al vecino país del Norte. Pese a lo inverosímil de su versión, la ha defendido hasta el cansancio, aunque no ha brindado detalles sobre el avance de su situación legal en los Estados Unidos y si ya recuperó el dinero. El lastre que se ha vuelto la imagen de la legisladora morenista es evidente hasta en sus redes sociales, donde la mayoría de los comentarios en sus publicaciones son referencia al dinero que aún no comprueba. A pesar de su dicho y de referir que todo fue un accidente, una nueva versión refiere que la morenista tenía como objetivo llegar a un banco en Estados Unidos a depositar la mentada suma de dinero con el objetivo de abrir una cuenta de bonos (similares a los CETES en México), con la intención de generar rendimientos. Para su mala fortuna, fue descubierta por autoridades fronterizas. En México no hubo consecuencias para la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California.
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