Registros oficiales confirman que el exsecretario de Sinaloa salió de cárcel tras negociar con fiscales. Mérida Sánchez abandona penal neoyorquino para declarar contra red de protección de Los Chapitos
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El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado martes 11 de agosto, según consta en los registros oficiales del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos.
El exfuncionario permaneció tres meses en reclusión después de que autoridades federales en Nueva York presentaran cargos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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El proceso judicial que enfrenta el militar se encuentra bajo la jurisdicción de la jueza Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York.
Originalmente, se había programado una audiencia de seguimiento para el 4 de agosto; sin embargo, la diligencia fue pospuesta de manera indefinida por la jueza debido a la existencia de negociaciones en curso entre la fiscalía y la defensa del imputado.
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Mérida Sánchez cuenta con la representación legal de la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien posee antecedentes profesionales como fiscal federal en el mismo distrito judicial y se especializa en la negociación de acuerdos de culpabilidad.
Los informes indican que la salida del general de la prisión federal no constituye una liberación definitiva, sino un cambio en su estatus de custodia.
La información disponible sugiere que el exsecretario continúa bajo el resguardo de las autoridades federales en un sitio confidencial, como parte de los preparativos para su incorporación al programa de testigos colaboradores del gobierno estadounidense.
Esta situación jurídica es homóloga a la que mantienen Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes se encuentran en ubicaciones reservadas mientras se desarrolla su proceso de colaboración con la justicia antes de recibir sentencia.
Mérida Sánchez es el segundo integrante del gabinete de Sinaloa que opta por la entrega voluntaria ante la justicia de los Estados Unidos en relación con este expediente que implica al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien habría ganado las elecciones en 2021 apoyado por el grupo criminal.
Previamente, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, inició un proceso de entrega y negociación desde el mes de mayo sin haber ingresado a ningún centro penitenciario federal.
Ambos exfuncionarios forman parte de una misma acusación que incluye a un total de diez exservidores públicos de la entidad, entre los que figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Este caso específico tiene su origen en la investigación de mayor alcance presentada en 2023 contra la estructura del Cártel de Sinaloa y la facción denominada Los Chapitos por la producción y distribución internacional de fentanilo.
La acusación contra el exsecretario de seguridad sostiene que su gestión facilitó la protección de los intereses operativos de la organización criminal liderada por los hijos de Guzmán Loera.
La postergación de las audiencias y el traslado de Mérida Sánchez a un lugar de resguardo fuera del sistema carcelario ordinario confirman que el diálogo con las agencias de investigación ha alcanzado una etapa de consolidación.
El testimonio del general es considerado relevante para las autoridades estadounidenses debido a su conocimiento sobre la estructura de seguridad del estado y su presunta relación con el tráfico de drogas sintéticas.
Mientras tanto, el gobierno de México no ha procedido con las órdenes de detención provisional solicitadas por Estados Unidos contra los otros funcionarios implicados en la misma red de protección oficial.
La defensa legal de Mérida Sánchez se ha centrado en la búsqueda de un acuerdo que reduzca la responsabilidad penal del general a cambio de proporcionar evidencia sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones sinaloenses.
Este movimiento en el sistema judicial de Nueva York ocurre en un contexto donde las investigaciones contra los operadores políticos del Cártel de Sinaloa han escalado tras la detención de figuras centrales de la organización criminal.
La salida de Mérida Sánchez de la cárcel de Brooklyn marca una fase de cooperación directa con los fiscales que buscan desarticular la red de apoyo gubernamental que ha permitido la expansión del comercio de fentanilo.
Los registros del Buró de Prisiones indican que el militar no ha sido reingresado a ningún otro centro penitenciario, lo que refuerza la probabilidad de su participación activa en el programa de protección a testigos.
