CON BASE EN LAS EXPERIENCIAS DE LA ENTREGA DE CAPOS A ESTADOS UNIDOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN, DEFENSOR DE RAMÓN ÁLVAREZ AYALA PIDE PROTECCIÓN JUDICIAL CONTRA “EXPULSIÓN O DESTIERRO”
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El presunto narcotraficante Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, señalado jefe de una de las células más violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el jueves 30 de julio, presentó dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México.
El R1, a través de su defensor Víctor Francisco Beltrán García, solicitó en una primera demanda de derechos fundamentales la protección de la justicia de la unión contra actos de detención e incomunicación, por parte de la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Mientras que en una segunda moción de garantías, radicada en el mismo juzgado, reclamó actos de diversas autoridades, entre ellas de la Presidenta de la República, como son: detención, incomunicación y tortura, así como expulsión del territorio nacional y destierro a los Estados Unidos de América.
En el primero de los juicios constitucionales se concedió al quejoso la suspensión del acto de incomunicación en caso de que existiera, y en el último no se resolvió al respecto.
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Ramón Ángel Álvarez Ayala fue detenido en un operativo implementado por fuerzas federales especiales en Atotonilco el Alto, Jalisco, el jueves de la semana anterior, junto con Jesús Salvador Vela Salazar, el Chuy.
El R1 es señalado por las autoridades como presunto operador del CJNG desde el 2012 y como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, fue relacionado también con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien mantenía una relación sentimental con su hijo.
Los imputados se encuentran internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde un juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica por delitos como delincuencia organizada, entre otros.
