J. Eduardo Martínez
Será en las primeras horas de este domingo 19 de julio cuando probablemente termine la extensa audiencia inicial seguida vía remota por una jueza de control del Centro Penal de Justicia Federal en Almoloya de Juárez al exgobernador de baja california, Ernesto Ruffo Appel, imputado por delincuencia organizada.
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Hasta la media noche del sábado y primeros minutos de hoy ya iban más de 32 horas de la celebración de la referida audiencia celebrada desde alguna instalación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
La audiencia inicial del exmandatario bajacaliforniano señalado de integrar una red dedicada al huachicol fiscal inició desde el pasado viernes con el objetivo de que la jueza determine la legalidad de la detención, la Fiscalía formule la imputación y continué posteriormente con la audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo de las 72 horas constitucionales para resolver la situación jurídica del imputado.
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La demora es porque se trata de un caso complejo en el que la FGR expone un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos calificado como la red de evasión fiscal de combustibles más grande detectada en el país y tanto el Ministerio Público Federal como la defensa de Ruffo debaten detalladamente y desahogan una gran cantidad de elementos probatorios acumulados durante más de un año de investigación.
Otro de los motivos de que se haya extendido de la audiencia inicial es porque Ernesto Ruffo Appel es imputado junto con al menos otras seis personas que están detenidas y más de veinte más no localizadas por las autoridades que son señaladas de integrar la misma red, lo que multiplica las intervenciones de abogados y personal ministerial.
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Durante la prolongada audiencia se decretaron por lo menos cinco suspensiones temporales o recesos para permitir descansos, el análisis del material y la deliberación de los argumentos.
Este domingo se tendrán más detalles de la imputación a los referidos miembros de la supuesta organización criminal que habría evadido impuestos mediante declaraciones aduanales falsas para importar combustible desde Estados Unidos, lo que causó un daño al erario superior a cuatro mil millones de pesos.
El viernes 17 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que ya han sido cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, entre ellas la del ex gobernador de Baja California.
García Harfuch dijo que las investigaciones datan de más de un año y que la red de contrabando de combustibles declaraba prácticamente solo el diez por ciento de la capacidad real de cada ferrotanque asegurado en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila y que en su conjunto 33 ferrotanques contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburo.
“Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”, concluyó el funcionario. Los otros implicados en la red, ya detenidos son: Armando III Riestra Fernández, preso desde enero de este año, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente Luis Antonio Barrientos Juárez.
