Aunque el mismo día el mandatario tamaulipeco haya mostrado físicamente el documento y haya afirmado que sigue vigente, fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) confirmaron, el 5 de junio de 2026, al semanario ZETA de Tijuana, que la visa estadounidense del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, militante de Morena, se encuentra revocada en el sistema.
Además, las mismas fuentes del DOS indicaron al semanario ZETA de Tijuana que el último cruce de Villarreal Anaya a Estados Unidos fue en avión, no por vía terrestre.
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Asimismo, el gobernador morenista tamaulipeco lleva, al menos, 19 meses sin realizar una visita a Estados Unidos. Según las propias publicaciones del Gobierno de Tamaulipas, Villarreal realizó su último viaje oficial a territorio estadounidense el 9 de noviembre del 2024, cuando visitó las instalaciones de SpaceX, empresa propiedad del magnate Elon Musk, ubicada en la costa de Brownsville, Texas.
Fuentes allegadas al gobernador, citadas por el diario Reforma el 5 de junio de 2026, dijeron no conocer algún viaje personal de Villarreal Anaya a Estados Unidos en los últimos años y añadieron que ignoran si está en el programa “Significant Public Benefit”, que permite ingresar a territorio estadounidense a personas sin visa para colaborar judicialmente, como publicó el periódico californiano.
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Reforma también recordó que Villarreal Anaya no es el único político de Tamaulipas con problemas con Estados Unidos. Por ejemplo, citó el caso del diputado federal morenista Mario López, quien perdió su visa en septiembre pasado, y en abril del 2025 se informó que a Alberto Granados, alcalde de Matamoros —también militante de Morena—, se la revocaron, algo que él negó, pero sin mostrar el documento migratorio.
Fuentes del DOS confirmaron, el 3 de junio de 2026, al semanario ZETA de Tijuana, que las visas estadounidenses del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, se encuentran efectivamente revocadas en el sistema, contradiciendo las negativas públicas de ambos mandatarios.
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Con ellos, suman ya tres los gobernadores morenistas con visa cancelada por el Gobierno de Estados Unidos —encabezado por el presidente Donald Trump—, siguiendo el precedente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también militante de Morena, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025, lo cual fue confirmado por ella misma.
Las fuentes del DOS precisaron que tanto Durazo Montaño como Villarreal Anaya conservan físicamente sus documentos migratorios, porque no han intentado cruzar a territorio estadounidense, circunstancia que impide que las autoridades de ese país les retiren el documento de forma material. “Ellos tienen el documento porque no han cruzado para que se los quiten”, señalaron. Esto se equipara a la situación con el precedente de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, quien también sostuvo que su visa era válida, hasta que intentó utilizarla.
No obstante, las fuentes en el DOS se negaron a revelar el motivo específico de las investigaciones que derivaron en las revocaciones de las visas de los dos gobernadores, pero señalaron que el denominador común es la presunta relación, directa o a través de terceros, entre los funcionarios señalados y el crimen organizado o el narcotráfico. Según las mismas fuentes, la revocación de las visas de ambos mandatarios estatales obedece a la misma causa.
Las revelaciones de las fuentes del DOS al semanario ZETA contrastan con las declaraciones que los propios mandatarios realizaron ese mismo día. Durazo Montaño afirmó en conferencia de prensa que siempre ha actuado “con integridad y transparencia”, calificó los señalamientos como “una infamia” y “una nota sin fuentes”, y negó que las autoridades estadounidenses le hayan revocado la visa. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su vocero, rechazó los informes del diario Los Angeles Times y los calificó de falsos.
El Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, salió al paso de las acusaciones publicadas el mismo día en el periódico Los Angeles Times, donde se menciona una supuesta investigación de Estados Unidos contra el gobernador Américo Villarreal Anaya por huachicol fiscal y la presunta anulación de su visa.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, declaró Algarín Hernández en un mensaje publicado en X (antes Twitter). Horas después, en un video subido a la misma red social, el mandatario estatal tamaulipeco rechazó la revelación periodística y sostuvo que tiene su visa vigente, pero sin exhibirla ni comprobar un viaje reciente a Estados Unidos.
Según el reporte del Los Angeles Times publicado el 3 de junio de 2026, la investigación contra Durazo Montaño derivó en la revocación de su visa el año anterior, y el mandatario viaja a EE.UU. para recibir tratamiento médico especializado mediante un programa de libertad condicional por beneficio público significativo —conocido en inglés como Significant Public Benefit Parole—, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con las autoridades en investigaciones o procesos judiciales. En el caso de Villarreal Anaya, el diario indicó que la investigación estaría relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal y que también contaría con ese mismo permiso especial, por lo que funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.
La situación de ambos gobernadores se inscribe en una escalada de presión que la administración encabezada por el presidente Donald Trump sostiene desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. La agencia Reuters informó el 14 de octubre de 2025 que el Gobierno de EE.UU. ya había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría militantes o ligados a Morena. El caso más visible antes del actual es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó en mayo de 2025 la cancelación de su visa, y cuyo entonces esposo, Carlos Torres Torres, enfrenta además una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el cártel de Los Rusos. A esos antecedentes se suma el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico en mayo de 2026 ante el Distrito Sur de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el propio 3 de junio de 2026 que Durazo Montaño y Villarreal Anaya debían aclarar ante la opinión pública su situación migratoria, y cuestionó la intención política detrás de las acciones de Washington. Marco Rubio, titular del DOS, ha reiterado en diversas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.
