La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 18 de mayo de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el bloqueo se realizó de forma preventiva, “dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas”: los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con instituciones financieras de EE.UU., activaron alertas automáticas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en la actuación de la UIF.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, emitió ese mismo día el Comunicado No. 39, en el que precisó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Según el comunicado oficial, dichos reportes bancarios —denominados LPB 24 Horas— fueron la base para que la UIF procediera con la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La dependencia aclaró en ese mismo documento que las medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo. Asimismo, informó que las personas incluidas en la LPB cuentan con los mecanismos de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
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La mandataria nacional negó que exista una investigación de la UIF contra Rocha Moya y sostuvo que “son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”. Sheinbaum Pardo adelantó durante la conferencia que la SHCP emitiría un comunicado oficial para explicar el procedimiento.
La UIF indicó en el Comunicado No. 39 que al 18 de mayo de 2026 continuaba analizando la información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la LPB, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicables a cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano. Según información previa del sector bancario, el congelamiento de las cuentas del gobernador sinaloense se habría ejecutado desde el 6 de mayo de 2026, días después de que autoridades de EE.UU. dieran a conocer públicamente los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa vinculados con actividades de narcotráfico.
