El 1 de mayo de 2026, un bloque de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos del estado de Sinaloa emitió un posicionamiento conjunto en el que manifestaron su profunda preocupación ante la presentación de cargos penales en EE.UU. contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán de Rosales Juan de Dios Gámez Mendivil y el vicefiscal Dámaso Castro, todos ellos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El documento, suscrito desde Culiacán de Rosales, Sinaloa, fue firmado por organizaciones como la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), Iniciativa Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Comité de Participación Ciudadana Sinaloa (CPC Sinaloa), Tacuichamona, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa y el colectivo No se metan con Nuestras Hijas, además de decenas de ciudadanos y ciudadanas a título individual.
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En el posicionamiento, las organizaciones señalaron que los casos de Rocha Moya y de los demás funcionarios —entre los que también figuran exfuncionarios estatales y un exmando de seguridad— colocan en el centro del debate público “la debilidad de los sistemas de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en México, particularmente a nivel subnacional.” Las organizaciones advirtieron que la corrupción, en contextos como el de Sinaloa, actúa como un factor que facilita la consolidación y expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico.
El documento estableció que “el combate a la corrupción y la desarticulación de sus vínculos con el crimen organizado deben ser asumidos como una prioridad de seguridad nacional y de gobernabilidad democrática.” Las organizaciones firmantes recalcaron que, si bien toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, estos principios no deben utilizarse como justificación para la inacción institucional ni para la opacidad en las investigaciones.
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Entre las demandas centrales del posicionamiento destacan la exigencia de que las investigaciones, tanto en México como en el extranjero, se conduzcan con apego estricto a la legalidad, independencia e imparcialidad; que las autoridades mexicanas investiguen, esclarezcan y, en su caso, sancionen los hechos vinculados a la corrupción y al crimen organizado “sin dilaciones ni consideraciones políticas”; y que se garantice el acceso de la ciudadanía a la verdad mediante procesos transparentes y una comunicación institucional clara.
Las organizaciones también subrayaron como un punto de alarma que investigaciones de esta magnitud hayan tenido origen en instancias extranjeras, lo que, según el posicionamiento, “pone en evidencia las limitaciones estructurales del Estado mexicano para investigar y sancionar la corrupción de alto nivel de manera efectiva.” El documento exhortó a México a construir instituciones capaces de actuar con autonomía, rigor técnico y voluntad política, sin depender de jurisdicciones externas para el combate a la corrupción de élite.
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En el cierre del documento, ReCIAS y las demás asociaciones suscritoras reafirmaron su compromiso con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia, y exhortaron a las instituciones competentes a analizar y resolver conforme a derecho, y a la brevedad posible, los cargos penales presentados en EE.UU. “Porque sin justicia no hay paz. Y sin rendición de cuentas, no hay democracia posible”, concluye el posicionamiento.
