La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 9 de mayo de 2026 el pronunciamiento DGDDH/004/2026 para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) revisar la determinación de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, medida que el organismo consideró violatoria del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes consagrado en el artículo 3 constitucional y que afecta a cerca de 30 millones de estudiantes de educación básica en todo el país.
El organismo autónomo señaló que la modificación al calendario escolar —adoptada mediante decisión colegiada en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del CONAEDU, de fecha 7 de mayo de 2026, a partir de necesidades planteadas por 10 entidades federativas y una solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)— impacta únicamente las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así las jornadas laborales de quienes los cuidan, con lo que se coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y atención que requieren para su desarrollo integral.
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La CNDH advirtió que dicha situación aumenta el riesgo de las niñas, niños y adolescentes a sufrir diversos tipos de violencia, en contravención a lo establecido en el artículo 17, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El organismo subrayó que las disposiciones se plantean como medidas emergentes y temporales para atender la coyuntura del Mundial de Futbol de 2026 y la ola de calor, pero no ofrecen una solución duradera, eficiente ni eficaz, y trasladan a las personas cuidadoras la carga de obligaciones que corresponde al Estado.
La CNDH invitó a la SEP y al CONAEDU a generar mecanismos necesarios para garantizar que, en la emisión de disposiciones de alcance nacional, se tomen en consideración los contextos sociales y laborales de las familias mexicanas, así como el Principio de Interés Superior de la Niñez, con perspectiva de género y de derechos humanos. “La responsabilidad y obligación de garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de todas y todos”, señaló el organismo en su pronunciamiento.
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El pronunciamiento de la CNDH se sumó a las reacciones generadas desde el día anterior, cuando Mario Miguel Delgado Carrillo, titular de la SEP, anunció el 7 de mayo de 2026 el adelanto del fin de clases mediante sus redes sociales, bajo el argumento de la “extraordinaria ola de calor” —con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 14 estados del país— y la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en territorio mexicano. El 8 del mismo mes y año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó distancia del anuncio y calificó los cambios de propuesta sin definir: “No hay todavía un calendario definido. Es una propuesta todavía, no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, declaró la mandataria nacional durante la Mañanera del Pueblo.
La discrepancia entre Sheinbaum Pardo y Delgado Carrillo se agudizó cuando, horas antes y horas después de las declaraciones de la presidenta de la República, el titular de la SEP confirmó desde Hermosillo, Sonora, que el ciclo concluirá el 5 de junio sin marcha atrás. “Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, afirmó el funcionario federal, aunque reconoció que la fecha de regreso a clases aún no está precisada.
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La controversia derivó en reacciones políticas y jurídicas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió el 8 de mayo de 2026 la renuncia de Delgado Carrillo, al acusar a la SEP de atravesar un “caos permanente” y al Gobierno Federal de “destruir el sistema educativo” al privilegiar factores externos sobre el derecho a la educación. La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, anunció la promoción de amparos para frenar la medida e informó haber recibido más de 500 mensajes y llamadas de madres, padres de familia y asociaciones en rechazo al recorte. “Vamos a defender a las niñas y a los niños de México; vamos a hacer amparos si esto sigue adelante”, declaró la legisladora.
El debate jurídico es de fondo: el artículo 87 de la Ley General de Educación (LGE) establece un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase, mientras que la organización Mexicanos Primero advirtió que, con el adelanto al 5 de junio, el ciclo concluiría con apenas 157 días efectivos —al menos 29 menos de lo previsto en el calendario oficial de entre 190 y 195 días—, por debajo del promedio de 186 días que registran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca y Michoacán rechazó igualmente la decisión; la sección oaxaqueña advirtió que en esa entidad las clases continuarán hasta el 17 de julio.
Para encauzar la crisis, Delgado Carrillo convocó a una reunión el 11 de mayo de 2026 con todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas, con el propósito de revisar el calendario y definir una propuesta final. La SEP no precisó si el ajuste implicará modificaciones al contenido curricular ni informó sobre los mecanismos específicos para garantizar el cumplimiento del programa oficial durante el tiempo restante del ciclo en curso.
