El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió el 8 de mayo de 2026 la renuncia de Mario Miguel Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras el anuncio del adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, medida que organizaciones civiles y partidos de oposición señalaron como una posible violación a la Ley General de Educación (LGE). Al mismo tiempo, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, anunció la promoción de amparos para frenar la decisión, que afectaría a cerca de 30 millones de alumnos de educación básica en todo el país.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a la SEP de atravesar un “caos permanente” y sostuvo que el Gobierno Federal está “destruyendo el sistema educativo” al privilegiar factores externos —la ola de calor y la celebración de la Copa Mundial de Fútbol— por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Moreno advirtió que la reducción de días lectivos profundizará el rezago educativo acumulado desde la pandemia de COVID-19 y criticó que la decisión se tomara sin consultar a docentes, especialistas ni padres de familia.
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El debate jurídico en torno a la medida es de fondo. El artículo 87 de la LGE establece de forma explícita que el calendario escolar debe contemplar un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase. La organización Mexicanos Primero advirtió que, con el adelanto al 5 de junio, México podría concluir el ciclo con apenas 157 días efectivos, es decir, al menos 29 días menos de lo previsto en el calendario oficial de entre 190 y 195 días. De confirmarse esa cifra, la reducción implicaría una violación directa al ordenamiento legal y colocaría al país por debajo del promedio de 186 días que registran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ballesteros, por su parte, informó haber recibido más de 500 mensajes y llamadas de madres, padres de familia y asociaciones en rechazo al recorte. “Esta absurda medida no solamente violenta los derechos de las mamás trabajadoras y cuidadoras, sino que afecta el derecho a la educación de la niñez mexicana”, declaró la legisladora, quien anunció que MC acompañará casos “uno a uno” para frenar la medida vía amparo. “Vamos a defender a las niñas y a los niños de México; vamos a hacer amparos si esto sigue adelante”, afirmó. Padres de familia también anunciaron de forma independiente la promoción de recursos legales similares.
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La controversia se agudizó por las señales contradictorias emitidas desde el propio Gobierno Federal. En la Mañanera del Pueblo del 8 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el nuevo calendario no estaba definido y calificó los cambios de propuesta. “No hay todavía un calendario definido. Es una propuesta todavía, no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, declaró la mandataria nacional. Sin embargo, horas antes y horas después, Delgado Carrillo reiteró desde Hermosillo, Sonora, que el ciclo escolar concluirá el 5 de junio sin marcha atrás. “Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial”, sostuvo el titular de la SEP, al tiempo que reconoció que la fecha de regreso a clases aún no está precisada.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca y Michoacán también rechazó la decisión de la SEP al considerar que antepone intereses económicos y mediáticos a las necesidades educativas. La sección oaxaqueña del organismo advirtió que en esa entidad las clases continuarán hasta el 17 de julio, en desacato al calendario federal. Para intentar encauzar la crisis, Delgado Carrillo convocó a una reunión del lunes 11 de mayo de 2026 con todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas, con el propósito de revisar el calendario y definir una propuesta final. La SEP no precisó si el ajuste implicará modificaciones al contenido curricular ni informó sobre mecanismos específicos para garantizar el cumplimiento del programa oficial durante el tiempo restante del ciclo en curso.
