El martes 7 de abril, ciudadanos que denunciaron ante la Fiscalía de Baja California, al considerarse afectados por la venta de terrenos en los fraccionamientos Brisas de Santa Fe y Vistas del Mar en la delegación San Antonio de los Buenos, con precios a partir de los 28 mil dólares a pagar en 10 años. Ese día, tres personas presentaron cinco denuncias, pero se habla de más de 300 afectados.
De acuerdo a las declaraciones, los residentes firmaron contratos de compra-venta de estos predios con Eduardo Alejandro Delgado Peralta, y pagaban cada mes en una oficina ubicada en el número 1506 de la avenida José Clemente Orozco en la Zona Urbana Rio Tijuana, misma dirección que ocupa el despacho jurídico López Ortiz y Asociados, de Christian Pablo López Ortiz, detenido el 26 de marzo por despojo, extorsión agravada y asociación delictuosa, junto con su socio el abogado Emanuel Aurelio Valdez, por el desposeimiento ilegal de 11 casas en Laderas del Mar, el uso de personal armados, y las amenazas ejecutadas contra los denunciantes. (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
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En el caso de los compradores del Brisa del Mar, “tienen el temor fundado de qué de que los vayan a defraudar, así que iniciaron una denuncia por ‘fraude equiparado’, en virtud de que la fiscalía revisó, y al parecer el fraccionamiento no cuenta con los permisos del municipio”.
Abrieron múltiples carpetas de investigación porque muchas personas acudieron a la FGE y dijeron, “a mí me vendió Eduardo Delgado Peralta, era la persona encargada de las oficinas de López”, quien no aparece en sus contratos.
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Pidieron a los abogados de la fiscalía que revisaran los contratos y encontraron “vicios y datos suficientes para una investigación”, de inicio, por “lotificar y en enajenar porciones de terreno, sin contar con la autorización del fraccionamiento o la autorización de la dirección de administración urbana”.
Porque este hecho atenta contra el patrimonio de las personas, dado que, evidentemente, van a tener que gastar para regularizar la situación de la tenencia de la tierra. Además de afectar el desarrollo urbano de la ciudad.
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Para confirmar la existencia de delitos mayores, están revisando los antecedentes registrales del predio en cuestión. Y obtener información para saber si ese inmueble le pertenece o no, a la persona que lo enajenó. Si no es el dueño, estaría cometiendo, fraude específico.
Como aparente propietario aparece Fraccionadora mi Ranchito S.A de C.V., pero las autoridades aún ignoran quiénes son los dueños o representantes legales de esta empresa moral que, a la fecha, no aparece en los archivos de la FGE ni como denunciantes ni como denunciada. Hasta el cierre de edición, tampoco había sido localizado ningún juicio ordinario civil o prescripción vinculada al predio.
Dado que algunos de los afectados en Brisas de Santa Fe, también relataron que al manifestar la posibilidad de dejar de pagar mientras se define la situación legal, han recibido llamadas de vendedores, amenazándolos con sacarlos y advirtiéndoles de su poder, pedirán a la FGE que considere la posibilidad de agregar los cargos de amenazas y extorsión, también a estas carpetas.
EXTORSIONES Y CARGOS ACUMULADOS
En el caso del abogado Christian Pablo López Ortiz, quien junto con el abogado Emanuel Aurelio Valdez, quedó vinculado a proceso con la aplicación preventiva justificada y oficiosa, a pesar de los argumentos de la defensa, la fiscalía considera tener un caso sólido.
De acuerdo al abogado de López, como Metrofinanciera, la empresa que financió el fraccionamiento, quebró, y el representante legal de Edificaciones y Servicios Industriales S.A.C.B., la empresa que compró, fraccionó y vendió los inmuebles, murió, se pueden quedar con las propiedades y nadie tiene personalidad jurídica para reclamarles.
“Eso es contravenir la naturaleza jurídica de una persona moral; sería como decir que, si Emilio Azcárraga se muere, Televisa, sus derechos y obligaciones desaparecen”, alegó un abogado de la fiscalía.
El histórico de la carpeta de investigación, indica que Laderas del Mar fue creada-adquirida por la empresa moral ofendida, Edificación y Servicios Industriales S.A.C.B. (cuyo representante legal ya falleció), que adquirió un terreno grande de un particular, lo fraccionó y comercializó a través de un fideicomiso, tras obtener un crédito de la empresa Metrofinanciera, que quebró y la liquidaron.
Por temas administrativos, la financiera era el titular del fideicomiso, y legalmente algunas de las propiedades que aún no concluyen sus procesos de liquidación están a su nombre. Pero legalmente, este fideicomiso tenía contratos particulares con las personas que compraron los predios, y tienen la posesión y administración de los inmuebles.
En esas condiciones, el abogado Christian López decidió apropiarse de los inmuebles, bajo la idea de que “como Metrofinanciera aparece como propietaria en registro público y Metrofinanciera ya no existe, pues me puedo apropiar de los predios, que aún aparecen a nombre de la financiera en el Registro Público”, detalló un investigador.
En repuesta, los afectados mostraron que, si bien los predios están a nombre de la financiera, porque la financiación continúa, el resto de los registros legales del inmueble como el catastro están a nombre de los compradores. Algo similar a la compra de autos a crédito.
Son 11 casas, hasta ahora, lo que equivale a 11 cargos por despojo, cada uno con una penalidad mínima de poco más de tres años; entonces por este cargo enfrenta una mínima de 33 y una máxima de 66 años de prisión.
La defensa de López argumentó que no pueden acusar al abogado de haber ocupado las 11 casas ni de haber extorsionado directamente a los denunciantes.
Y la fiscalía argumento que tiene “…varios testigos que señalan que ellos presenciaron cuando esta persona en compañía de múltiples personas, entraron, ingresaron al inmueble y tomaron por la fuerza diversas unidades habitacionales.
Respecto a la inexistencia de un informe policiaco que diga que vieron a López adentro de las casas, la respuesta desde la FGE, fue: “Las conductas delictivas no nada más se cometen por sí mismas y por eso es que atribuimos la asociación delictuosa, y ligamos la extorsión y el despojo”.
“Igual cuando dicen que no fue López quien hizo la amenaza hacia la persona. Pero todo está intrínsecamente vinculado al despojo, la amenaza de: ‘Entrégame las casas por las buenas’, porque evidente que las personas que te despojaron, te están extorsionando también”, detalló un abogado de la fiscalía.
“La asociación delictuosa se trata de un reparto de funciones, pero un codominio funcional del hecho de decir: ‘Oye, pues hay que hacer esta serie de cosas para lograr el objetivo del delito’”.
La extorsión agravada y asociación delictuosa son delitos graves de seguimiento oficioso, y en la reforma del año pasado la penalidad por extorsión se determinó de 15 a 30 años de prisión, más cinco años por cada agravante, por lo cual los procesados no podrían llevar el proceso en libertad.
Adicional al caso Laderas del Mar, el licenciado Christian López tiene abiertas otras cuatro carpetas que no han sobreseído, pero los afectados no le han dado seguimiento.
El Ministerio Público espera que al saber que el presunto agresor está en prisión decidan cooperar.
ENCANTO DEL MAR, OTRO CASO
En 2020, después que los agentes inmobiliarios Adalberto Govea y Paola Olascoaga fueran denunciados por Alberto “B”, al ser desposeído de un inmueble en la privada Encanto del Mar en Playas de Tijuana, proceso que continúa abierto en contra de Olascoaga. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal solicitaron apoyo por los reportes de invasión de tres lotes vacíos y dos casas más, aunque oficialmente sólo se inició carpeta de investigación por una.
En ese caso, los afectados también refirieron haber sido afectados por un cártel inmobiliario, encabezado por Christian Pablo López Ortiz y Eduardo Alejandro Delgado Peralta; sin embargo, al final decidieron acusar sólo a los agentes inmobiliarios Govea y Olascoaga, porque de acuerdo a la carpeta de investigación, ellos sabían que la persona que se estaba haciendo pasar por el vendedor no era el propietario, aunque la mujer imputada siempre ha manifestado que fue una “tercera intermediara”.
En una da las casas cateadas encontraron a un residente ecuatoriano con estadía ilegal, al que el Instituto de Migración deportó.
En aquel 2020 catearon tres inmuebles en la Privad Encanto del Mar, incluido uno que registraron a nombre de “J.O.P.”, esposa del abogado Chistian López, pero este cateo lo hizo el área de homicidios por denuncias de lesiones calificadas.
Los escoltas armados de López habían invadido las salidas de dos vecinos; al ser requeridos para moverse, se enfrentaron a golpes con los propietarios de las otras casas.
La casa donde residía López no fue reclamada por un tercero y se la restituyeron a la esposa del abogado.
CUÑADO DE LÓPEZ, PRESO
Carlos Ernesto Rodríguez García, esposo de una de las hermanas de López Ortiz, dueñas de la agencia de seguridad Centinela, controlada por el abogado, está preso desde hace siete meses, lo procesan por tres cargos de fraude.
En estas carpetas no se menciona a ninguno de los López; “lo primero que aprendió el abogado de las primeras carpetas fue a no aparecer en los contratos”, expuso un investigador.
A Rodríguez García lo acusaron porque tres personas le abonaron múltiples cantidades de dinero, o una sola cantidad, pero de muchos dólares, como enganches, por inmuebles que él no entregó:
* Zula, por una casa habitación, entregó 235 mil dólares.
* Ernesto abonó 50 mil dólares.
* Y a J. Guadalupe, lo defraudó por 200 mil, dólares.
En este último caso, el hombre afectado, le dio dinero para por lo menos cuatro negocios antes de darse cuenta que era víctima de un delito.
“Parece que Ernesto Rodríguez salió mal con su cuñado Chistian López y están peleados porque este último lo dejó solo, y al final decidió no invertir en la defensa del marido de su hermana”, comentó un agente.
