De acuerdo a estadísticas oficiales, durante los cinco años y seis meses del sexenio de Marina del Pilar Ávila Olmeda se han denunciado 6 mil 272 delitos de despojo; en el mismo período se han iniciado únicamente 28 juicios.
El despojo de propiedades y las invasiones de tierras son delitos que han acompañado la joven historia de Baja California, a lo largo de sus casi 74 años como estado. Desde 2006, cuando se publicitó por primera vez la incidencia delictiva estatal de la entidad, se registraron 973 denuncias por este delito. En 2025, las mil 286 denuncias por la ocupación furtiva de bienes ajenos indicaron un aumento del 32.16 por ciento en 19 años.
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Las estadísticas más altas en 20 años las tiene la administración de la gobernadora Marina Ávila y el peor año ha sido el 2023 con 1582 carpetas iniciadas –62.598 por ciento arriba de 2006–, justo el periodo en que ZETA empezó a reportar los despojos impunes de inmobiliarias en Mexicali y la evidente participación de integrantes del crimen organizado en el robo de departamentos, casas grandes, extensiones de tierras en Tijuana.
En lo nacional el aumento del delito de despojo registrado en 10 años ha sido del 37.1 por ciento, al pasar de 21 mil 616 denuncias en 2015 a 29 mil 648 denuncias en 2025. Y en la incidencia nacional, en 2026 Baja California ocupa el séptimo lugar en el robo de inmuebles con 390 denuncias en los primeros cuatro meses del año, frente a entidades como estado de México que registra mil 702 denuncias, o estados como Tlaxcala o Campeche que sólo contabilizan tres carpetas cada uno.
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En Baja California, la incursión de delincuentes de los cárteles en el robo inmobiliario fue detectada desde tiempo atrás: el caso del homicidio en Rosarito el 17 de enero de 2021, de la jueza municipal Diana Marlén Montes de Oca Ramos y su madre, quienes sostenían un pleito legal por terrenos con un criminal-asesinado posteriormente- y un grupo de policías, son un ejemplo, pero la lista es larga.
Pero también hay carpetas donde los delincuentes victimarios son las inmobiliarias que se coluden, o usan a su favor la indolencia del Poder Judicial que tanto conocen, y se apoyan en las omisiones y la irresponsabilidad de funcionario del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), para prescribir viviendas y rentarlas a sabiendas que tienen dueño. En Tijuana se han denunciado casos, con fotos y videos, de representantes inmobiliarios que contratan a criminales de la zona y los llevan armados, para desalojar a las familias que rentan los mencionados inmuebles.
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Igualmente, están las acciones de abogados que acostumbran a torcer la ley para obtener beneficios, como Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, detenidos la primera semana de abril de 2026 como coautores del despojo, también acusados de extorsión agravada y asociación delictuosa en perjuicio de la empresa Edificación y Servicios Industriales S.A. de C.V. (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 13, CNNP), por la ocupación ilegal de casas en el fraccionamiento Laderas del Mar en Tijuana.
O el socio de Christian López, Eduardo Delgado Peralta, sobre quien pesan más de 50 denuncias por la venta de terrenos en los fraccionamientos Brisas de Santa Fe y Vistas del Mar en la delegación San Antonio de los Buenos, en un terreno que aparece como propiedad de la familia Álvarez Malo en el Registro Público.
Caso similar a la denuncia por despojo, abuso de poder y complicidades, hecha en contra de Erika Miroslava Enciso Limón, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos (SINTOIAC) por la invasión de 3.2 hectáreas en el cañón de Sainz en Tijuana.
Hoy, lo evidente es que, tras la captura de Christian López, las personas afectadas en Baja California vieron una oportunidad por lo que, en las semanas recientes, decenas de víctimas han acudido a ZETA y a otros medios para pedir que se dé seguimiento a sus casos, algunos con carpetas abiertas y sin resolver, incluso desde hace 10 años.
Sin embargo, tras la solicitud y entrega de estadísticas al Poder Judicial de Baja California, este Semanario ha podido constatar que el rezago histórico es descomunal y abatirlo ni siquiera está entre los objetivos inmediatos expuestos desde la FGEBC.
De acuerdo a la incidencia publicada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, 6 mil 272 personas han acudido a la Fiscalía para denunciar haber sido desposeídos; en 28 casos se iniciaron juicios, lo que significaría que 6 mil 244 víctimas, el 99.6 por ciento, aún esperan justicia, lo que evidencia una ausencia casi total del Estado de Derecho.
ZETA también solicitó las estadísticas de eficiencia a la FGEBC, pero al cierre de edición, no fueron remitidas.
