La Fiscalía General de Baja California investiga a Erika Miroslava Enciso Limón, alias Erika Limón, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos (SINTOIAC), a Cristian Cota e Ignacio Roel García de la Rosa como presuntos integrantes de otro cártel inmobiliario, responsables de amenazas, fraude y del despojo de 3.5 hectáreas en las inmediaciones del bulevar García en el Cañón del Sainz en Tijuana. Juez ya ordenó y ejecutó una restitución, pero la gente de Enciso los volvió a despojar.
En la Fiscalía General del Estado (FGEBC) explicaron que existen cuatro o cinco carpetas con diversos ofendidos que aducen circunstancias similares: “En distintas fechas del 2024, acudieron estas personas y tomaron posesión de sus inmuebles y los sacaron. Cuando reclamaron, les presentaron un acta de embargo, radicada en una Junta Federal de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, que es donde está el fraude procesal que aún se está investigando”.
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El embargo precautorio presentado por las personas encabezadas por Enciso, indica que en 2009 Juventino Escobar Téllez interpuso y ganó un juicio laboral en la Ciudad de México contra Servicios Corporativos Milano S.A. de C.V., por siete mil pesos. Ese expediente archivado en la Junta Laboral Número 4 fue revivido en año 2023.
“…con los nombres y la cantidad demandada cambiada. En la parte actora aparece el nombre José Luis Salcedo Barrón, cuya residencia está en Ciudad de México y en el demandado aparece Arsenio Otáñez, cuyo predio de 47 hectáreas -donde se incluyen las 3.5 hectáreas que vendió a los denunciantes- se ubica sobre el bulevar García en Tijuana, y no tiene ninguna relación con el juicio laboral”, detallaron en su momento, los abogados Vicente Peña y Patricia Guzmán. El problema es que la investigación de la fiscalía aún no llega al punto de corroborar la falsedad de estos documentos.
Sin embargo, lo que sí probaron en la fiscalía es que Enciso y compañía no estaba en facultad legal de sacarlos del predio con el apoyo de elementos de la policía local y de la Guardia Nacional.
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Un investigador del área de patrimoniales de la fiscalía corroboró que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPCBC) inscribió el cambio de titular de la propiedad registral con un embargo precautorio, cuando un embargo precautorio no cambia propiedad; eso puede hacerse sólo con una sentencia de adjudicación que no existe.
“Para ponerte en posesión, tiene que constituirse un actuario, para quitar la posesión a quien la tenga y colocar en depositaría a la persona que vaya a designar como depositario judicial ante las autoridades civiles o el trabajo. En este caso no existe una diligencia actuarial de tal naturaleza”, agregó.
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REINCIDEN EN CONDUCTA DELICTIVA
En la FGEBC informaron que, con fundamento en las irregularidades mencionadas, el año pasado consiguieron la restitución de más menos una de cuarta parte del terreno, los dueños cercaron y cinco meses la misma gente regresó y los volvieron a sacar del inmueble.
“Cuando un juez de control te quita la propiedad y se la pone en posesión del ofendido, y tú vas y lo vuelves a sacar, es evidente que esa posesión que estás detentando no es de buena fe, que es ilícita”, indicó.
— ¿Si ya restituyeron parte de la propiedad, quiere decir que todas las demás se tendrían que restituir?
“Con la suficiencia de datos, así es. Al final de cuentas la restitución la ordena un juez y cada juez tiene una valoración probatoria distinta; pero si consideramos que es el mismo mecanismo de operación, es el mismo documento que ellos aluden con lo cual detentan su propiedad y un juez de control ya lo desestimó, en los otros asuntos que son de similar naturaleza tendrá que existir el mismo resultado”.
DENUNCIA POR FRAUDE, AMENAZAS Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
El 11 de marzo del 2024, José Gómez denunció y en la fiscalía inició la carpeta de Investigación 0204-2024-11491 en contra de Erika Miroslava Enciso Limón, Cristian Cota, Ignacio Roel García de la Rosa y quien resulte responsable, por el delito de fraude.
En sus declaraciones, Gómez aseguró que los integrantes de este grupo, primero lo convencieron de que ellos harían los trámites y le ayudarían a vender el terreno; después intentaron cobrarle una comisión del 12 por ciento por la venta del terreno sin hacer nada; más tarde realizaron trámites “fraudulentos” en el Registro Público para intentar despojarlo; y finalmente, enviaron un sujeto armado para amenazarlo en repetidas ocasiones para obligarlo a entregar la propiedad.
El pleito legal gira en torno un predio registrado con folio real 862955, en colonia zona sur de esta ciudad, municipio de Tijuana, superficie cinco mil 990.23 m2; y folio real 1636470, lote 333, manzana 978, con clave catastral WM-978-333, colonia Cañón del Sainz, delegación Sánchez Taboada, y superficie cuatro mil 757.44 m2.
Además del denunciante, José Gómez, el expediente registra otros tres afectados identificados como Juan González, Ramiro González y Margarita Badillo.
En su denuncia, Gómez detalló que adquirió la mencionada propiedad a través del juicio de prescripción número 3575/2020 en el mismo año 2020.
Entonces, su amigo Jonathan García le presentó a los denunciados, que se ofrecieron para ayudarle a registrar y vender el predio; él les comentó que pedía 200 mil dólares por el terreno y ellos le dijeron que tenían un cliente. El propietario entregó los papeles y después de un año de no tener noticias les pidió sus documento y Enciso Limon “le hizo firmar un contrato de exclusividad para la venta de su terreno”, advirtiéndole al dueño que si concretaba la transacción debía entregarle el 12 por ciento del valor de la venta.
Entonces -antes de junio del 2021-, Gómez intentó inscribir su propiedad en el RPPCBC, pero se enteró que “los hoy denunciados presentaron documentación falsa ante registro de propiedad” y su trámite estaba bloqueado.
Gómez aseguró que posteriormente, en junio del 2021, Enciso Limón lo contactó para advertirle que no podía vender su terreno y que le debía dos millones de pesos por gastos de registro, y si no le pagaba se quedaría con la propiedad.
En la relatoría de hechos, explicó que ya en el año 2022 presentaron -no especificó quiénes- un amparo contra su juicio de prescripción; “al parecer Erika Limón y los denunciados fueron los abogados que promovieron”. En el inter, los letreros de “se vende” colocados por Gómez en el predio eran retirados constantemente.
Refirió que en febrero del 2024 lo llamó un presunto “licenciado Paris” y lo citó en el predio, le dijo que era para conciliar el pleito con Enciso Limón y Cristian Cota.
Pero el sujeto que llegó a la cita se identificó como Ignacio Roel García de la Rosa, alias Delta, y lo obligó a subir a un Ford Focus, mostrándole un arma de fuego que llevaba fajada. Después lo citó en Plaza Virreyes con el abogado Gilberto López. En ambas ocasiones le advirtieron que García de la Rosa era su nuevo “socio” y que estaba encargado de vender las 47 hectáreas en la que estaba inmerso el terreno de Gómez, quien fue avisado que no recibiría nada por esas ventas, y si no estaba de acuerdo lo iban a desaparecer; y le comentaron que ya estaban intimidando otros dueños y que si no los apoyaba se atuviera las consecuencias.
Fue en este contexto que José Gómez decidió denunciar en marzo del 2024.
El más reciente acto de la FGE en esta carpeta se dio hace casi dos años, el 27 de junio del 2024, cuando se ordenó una inscripción preventiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio respecto a la partida correspondiente a el predio propiedad de la víctima, la cual se concretó hasta el 3 de enero del 2025.
DESPOJO BASADO EN REGISTRO ILEGAL DE ACTO DE EMBARGO
Los afectados Gómez, Juan González, Ramiro González y Margarita Badillo, decidieron exponer el caso públicamente a través de sus abogados, Vicente Peña y Patricia Guzmán, y en conferencia de prensa el 21 de abril de 2026 señalaron públicamente a Erika Miroslava Enciso Limón, “coordinadora estatal de gestión social y política de la CTM”, al titular del RPPCBC Carlos Murguía y al regidor de Tijuana, Arturo Aguirre González; este último se deslindó públicamente y de manera inmediata de la mujer.
Los abogados argumentaron que Enciso presumía y usaba sus “influencias políticas” y supuestos vínculos con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su exesposo Carlos Torres para sus abusos, y le pidieron a la mandataria estatal y al secretario de Gobierno, Juan José Pon, que apoyaran para dar celeridad a los procesos, a las autoridades municipales que fueran imparciales, y a la fiscal, Ma. Elena Andrade, que las carpetas de investigación avanzaran.
Recordaron que, además de la denuncia de Gómez de marzo del 2024, por fraude y atentados contra la vida, en julio de 2024, Erika Miroslava Enciso Limón y su hijo estuvieron presente en el acto de despojo hecho contra cuatro personas “a punta de pistola” y con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal.
La abogada Guzmán expuso que una de las víctimas, Juan González Vaca, declaró que: “El hijo de la señora Érika Limón me dijo así: ‘Tú no sabes con quién te metes, no sabes las que debo. Si tú sigues metiendo tus manos, te mueres y me voy contra tu familia’”, y en medio de las amenazas los cuatro afectados abandonaron la propiedad, que se fraccionó y se empezó a vender por lotes a 300 mil pesos- sin servicios públicos- y sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano (SDTU) los sancione.
Este despojo se concretó con apoyo de las fuerzas del orden con base en:
* Un acta de embargo precautorio falso, en el que se cambiaron nombres y predios afectados.
* Que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPCBC) inscribió sin tener la facultad legal para registrarlo, sin tener la orden de un juez como indica la Ley y sin verificar la autenticidad de los documentos.
Los abogados Peña y Guzmán aseguraron que el registrador Carlos Murguía “ya reconoció que el documento es falso, pero que no puede desconocer sus propios actos y espera que el juez de distrito ordene la cancelación de la partida de embargo”.
En este caso, Gómez, Juan González, Ramiro González y Margarita Badillo ya lograron una suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, pero reclaman que la audiencia constitucional para la restitución del predio se ha postergado sospechosamente el presente 2026, de enero a marzo, y la más reciente hasta el próximo mes de julio.
SANCIONAR PENALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL RPPCBC
Los abogados de los denunciantes, Vicente Peña y Patricia Guzmán, aseguraron que denunciarían al registrador Carlos Murguía, a Isis Maribel Romero Pelayo (hoy magistrada numeraria) y al analista Omar Rodarte Trujillo como responsables del registro ilegal del embargo, por que este último sí tiene la obligación de analizar la autenticidad y la validez legal de cada uno de los documentos.
Al respecto las autoridades consultadas en la fiscalía indicaron que se pueden denunciar si hay datos suficientes, pero consideraron que con las leyes actuales sería difícil procesarlos penalmente. Y retomaron el antecedente un intento previo de procesar al subregistrador José Antonio Morán Rangel -por infidelidad en la custodia de documentos- porque con su firma estaba registrada una partida que no tenía soporte documental, y el juez se negó a judicializar, indicando que era como si el Ministerio Público fuera judicializado si se perdía una carpeta de investigación, argumentando que el registro en un organismo de buena fe que publicita, no investiga. Y los jueces prefieren judicializar por “fraude procesal implica a un particular engañando a la autoridad”.
MIROSLAVA
ZETA procuró conectar con Erika Miroslava Enciso Limón, alias Erika Limón; ante la imposibilidad se buscó al líder estatal de la Confederación de los Trabajadores de México, para concretar el contacto, dado que la señora se presenta como “coordinadora estatal de gestión social y política de la CTM”, pero el secretario Baltazar Gómez indicó que la señora no tiene ese cargo, que ya se lo informó a todas las instancias de gobierno y que él no la podía conectar.
Comentó que Enciso formaba parte de uno de las 300 organizaciones afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y era integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos (SINTOIAC) de San Quintín, presidida en el estado por Jesús Ramón Espinoza Morales a quien este Semanario llamó por teléfono, se le envió un mensaje informándole el motivo de la llamada y la necesidad de contactarlo a él y a Enciso, pero el líder rechazó los telefonemas.
La información pública localizada de Erica Enciso Limón indica que el 10 de enero del 2015, se registró como precandidata a diputada por VIII distrito por el Movimiento Ciudadano, junto con otros tres aspirantes y no ganó; en abril del 2018 fue mencionada como operadora política, reclutadora y promotora del voto, de los candidatos del PAN, Jorge Ramos Hernández al Senado y a diputado federal por el cuarto distrito federal Ricardo Magaña Mosqueda.
El 15 de febrero del 2025, se publicitó que Enciso Limón entregó donaciones significativas en equipo para los bomberos de Tecate a nombre de la CTM -en alianza organizaciones civiles de Estados Unidos-, donde declaró que antes habían apoyado a San Quintín con un millón 300 mil pesos de equipo y a San Felipe con un millón y 500 mil pesos. El 18 de junio del 2025, también firmó con el Ayuntamiento de Tecate, “un importante convenio de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos, y la empresa COMEX… para establecer brigadas, gestiones conjuntas y acciones concretas para transformar espacios públicos en áreas dignas para el desarrollo social”.
En marzo 21 del 2025, ella y otros representantes de la CTM se reunieron con el entonces el secretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, “como parte de una política pública de cercanía con los sectores, y de colaboración con la sociedad para beneficiar a quienes más lo necesitan”. Y el 4 de septiembre del 2025, publicitó su reunión con el encargado de despacho del IMJUV, Christian Sebastián Ponce, “para establecer mesas de trabajo para favorecer las condiciones laborales y la calidad de vida de las juventudes”.
Finalmente, el 23 de febrero formó parte de la asamblea nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industrial y Asalariados del Campo Similares y Conexos (SINTOIAC), en la que respaldaron a Tereso Medina como líder de la CTM.
