En un extenso debate que duró dos sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayoría calificada de los ministros echó por la borda la reforma judicial pretendida por el Congreso del Estado y la administración de Jaime Bonilla Valdez, donde se contemplaba la eliminación del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y la designación directa de magistrados mediante una terna promovida por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de Bonilla Valdez, el cual fue respaldado y aumentado por los diputados de la XXIII Legislatura, de mayoría morenista -además de avalado por los ayuntamientos-, pretendía una serie de modificaciones legales que representaban un gran cambio en la administración de justicia en la entidad, donde se contemplaba además crear salas unitarias y una mayor presencia en la Zona Costa del Estado, entre otras disposiciones.
Con ocho votos a favor y 3 en contra de los ministros afines al régimen morenista, se emprendió una batalla discursiva entre los togados sobre la necesidad de analizar el fondo del asunto.
El inicio de la discusión se dio el 21 de mayo, cuando el proyecto del ministro Pérez Dayán, fue presentado ante el máximo tribunal del país, se hizo un análisis de fondo de la reforma, pero al final, los cuestionamientos recayeron en sí el Congreso del Estado había violado del procedimiento para la aprobación de dicha reforma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre del 2020.
Y es que el Poder Judicial del Estado presentó una controversia constitucional en contra de la reforma, partiendo de la premisa de que no fue informado ni notificado en tiempo y forma para exponer su análisis sobre las pretensiones de los diputados.
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La Ley Orgánica y la propia Constitución establecen que es necesario notificar con anticipación cualquier reforma al Poder Judicial, o a cualquier ente, cuando se trate de modificar el funcionamiento del mismo. Esto, con la intención de que brinde sus opiniones al respecto.
En este entendido, el Poder Legislativo debía notificar con cinco días de anticipación al Judicial, además de ofrecerle una copia del proyecto de todas las modificaciones legales pretendidas.
La conclusión de los ministros en la controversia constitucional 187/2020, fue que los diputados incumplieron con la notificación, toda vez que el Poder Judicial sólo fue notificado respecto a la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, pero un día antes de la reunión, un diputado presentó una adenda para incluir una serie de modificaciones legales que contemplaban otros rubros del Poder Judicial.
La amplia gama de reformas superó el planteamiento inicial en el que no fue notificado el propio tribunal, por lo que ocho de los ministros consideraron que hubo una violación al procedimiento legislativo, una de las pifias más recurrentes en las reformas legales realizadas por los gobiernos morenistas, ya sea a nivel federal como local.
Durante la fundamentación de algunos ministros se suscitaron enfrentamientos directos, como el del ministro Javier Laynez Potisek, con su homóloga Lenia Batres, toda vez que la última mencionada hizo referencia al federalismo al que se estaba minimizando en este caso, además de hacer una comparativa de la visión política de Estados Unidos con la de México, asegurando que la primera pretendía que los discursos sólo recayeran en una cúpula, en este tipo de casos.
“Desnaturalizar las controversias constitucionales se debería analizar la esfera competencial en la entidad federativa y no las probables del proyecto legislativo; se alega la anulación porque no se informó en tiempo las sesiones en las que se discutiría la administración de justicia para que expresara su opinión acerca de las modificaoines, se acusa violación por falta de aviso, sin embargo, se observa que hubo dos notificaciones, la primera el primero de julio, donde se hizo el orden del día, por lo que se cumplió la fecha de la sesión y luego el proyecto de dictamen como tuvo constancia”, refirió la ministra quien aseguró que deben garantizarse las condiciones de igualdad para la deliberación entre mayorías y minorías, para garantizar los derechos de las minorías.
Criticó además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sus determinaciones por considerar que desconfía de las mayorías.
La respuesta fue directa por parte de los ministros Laynez y Aguilar Morales, quienes afirmaron que la violación del proceso legislativo no es una cuestión menor, ni se instauró sólo como una medida de cortesía, sino que pretende moldear las reformas legales a las necesidades del Poder Judicial, lo cual -consideraron- que no ocurrió.
La votación del día 21 de mayo quedó pendiente debido a que se ausentó un ministro a la sesión (Pardo Rebolledo), por lo que la votación se reanudó el 26 de mayo, donde coincidió en la trascendencia del procedimiento legislativo, por lo que su voto fue a favor de desechar el decreto 110 publicado el 19 de octubre, devolviendo la Ley a sus antiguos términos.
