En California, Estados Unidos, decenas de personas procesadas por defraudar con recursos destinados para el coronavirus. En BC, ex secretario de Salud señalado de adquirir insumos con sobreprecio, es actual candidato a diputado
En los últimos dos años, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California ha emitido numerosos boletines, informando de sentencias resultantes de investigaciones hechas por la División de Impuestos del Departamentos de Justicia de fraudes relacionados con la COVID-19.
“Abusos a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (‘CARES’) que se promulgó para brindar asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses que sufren daños económicos como resultado de la pandemia de COVID-19, que estableció el Programa de Protección de Cheques de Pago conocido como PPP, según el cual los bancos otorgarían préstamos condonables a pequeñas empresas, para que esas empresas pudieran mantener sus puertas abiertas y sus empleados en su nómina”.
Los casos que más han llamado la atención se judicializaron y se hicieron públicos en 2023, aunque se empezaron a investigar o procesar desde 2021, por ejemplo:
El 11 de agosto, el Departamento de Justicia informó a través de un comunicado: “Denny Bhakta de San Diego, fue procesado por haber obtenido de manera fraudulenta 4 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago a través de varias entidades que administraba y controlaba”.
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Lo acusaron de tergiversar “el número de empleados de las entidades y el gasto promedio de nómina mensual (…) y no utilizó el dinero como había prometido; en cambio, utilizó los fondos para realizar pagos con tarjeta de crédito, pagar grandes gastos en casinos y realizar retiros de efectivo”.
A Leronce Suel y Ravae Smith, propietarios de los restaurantes Rockstar Dough LLC y Chicken Feed LLC, el Gran Jurado los acusó de fraude y lavado de dinero relacionado con los fondos y apoyos para el coronavirus, al declarar menos de 1.7 millones de dólares en ingresos y declarar falsedades en solicitudes de préstamos, además de “… realizar importantes retiros de efectivo” –2.4 millones de dólares- de sus cuentas bancarias comerciales para lavar los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
En junio, los hermanos Yafa fueron expuestos, después de ser investigados por el FBI (Buró Federal de Investigación), por cometer fraude de valores al manipular el mercado de las acciones de Global Wholehealth Partners Corp y Nunzia Pharmaceutical Corp “… para inflar artificialmente el precio y el volumen de las acciones de estas empresas (…) que carecían de fondos suficientes y sólo había realizado unas pocas ventas en toda su existencia”.
A través de boletines, distribuyeron información falsa de que la empresa podía “tener acceso a un producto de prueba temprana de COVID-19 que podía vender a los consumidores”.
En México, el 16 de abril de 2020, después de varias denuncias ciudadanas y periodísticas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha de un operativo especial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar desvíos y fraudes en operaciones financieras y bancarias en el comercio de pruebas y venta de vacunas.
En marzo del mismo año, CNBV y UIF emitieron una alerta por operaciones de lavado relacionado con el coronavirus. Dijeron que presentarían denuncias penales contra quienes resultaran responsables, y en febrero 2021, anunciaron que investigaban a un bloque de empresas cuyas cuentas fueron congeladas por engañar con la venta de oxígenos y vacunas. Después, ya no hubo información pública de consecuencias.
En febrero de 2023, la Auditoría Superior de la Federación informó que en el Gobierno Federal y algunos estados detectó falta de mecanismos de control, almacenamiento de vacunas caducadas, ausencia de supervisión de los recursos ejercido en las compras y diversas irregularidades en la compra y almacenamiento de vacunas anti COVID-19. De nuevo, no hay información pública de las secuelas judiciales.
Adicionalmente, a lo largo de casi dos años de pandemia, decenas de investigaciones periodísticas documentaron a lo largo y ancho del país las compras hechas por funcionarios de insumos innecesarios y necesarios, con sobreprecio. Compras hechas a empresas no relacionadas con el ramo de la salud, sin experiencia o creadas justo para convertirse en proveedoras del gobierno en ese momento, apoyados en el decreto presidencial que les permitía adquirir la mercancía sin licitación. Mismas que han sido ignoradas por el sector gubernamental, o tal vez están procesando muy lento, como en el caso Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, sostienen un enfrentamiento político.
Desde su llegada, a finales de 2021, los marinistas señalaron presuntos actos de corrupción ejecutados por el ex secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pero fue hasta la última semana de mayo de 2023, cuando informaron haber presentado denuncias ante las fiscalías General de la República y General del Estado.
Ahora, un año después, Pérez Rico es candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y nada ha sucedido.
El 5 de abril de 2024, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 emitió sus conclusiones preliminares, reportando que 224 mil 244 vidas se perdieron porque el mal manejo del gobierno minimizó la crisis, usó los datos engañosamente y tomó decisiones poniendo la política por encima de la salud, dato que ya no destacaron en el informe presentado en mayo, pero tampoco proponen denunciar.
Así las cosas, un año después que el gobierno dictara el fin a la emergencia por la pandemia, resulta evidente que ni los gobiernos, ni las falsamente independientes fiscalías, están interesados en investigar y castigar a los defraudadores y abusadores que malgastaron y se enriquecieron del erario, jugando con la vida de los gobernados.
