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martes, abril 9, 2024
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Reaparece públicamente Manuel García, dueño de Fisamex

Manuel García Soto, dueño de ROMAFAM S.A. de C.V. (conocida como Fisamex), regresó a la venta de ahorradores de agua bajo la marca DISEA M, a meses de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Baja California confirmó que hubo irregularidades en los dictámenes que elaboró y en los contratos signados con la administración de Jaime Bonilla Valdez, por los que recibió más de 354 millones de pesos.

Irregularidades por los que el gobierno estatal habría devuelto al menos 70 millones de pesos a empresas que ganaron recursos legales contra los dictámenes de Fisamex, sin que García Soto haya regresado lo pagado, según el Informe Específico de Auditoría emitido en febrero de 2023.


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“Lo que se requiere es que un gobierno municipal, estatal, abrace el proyecto (…) Nosotros estamos dispuestos a apoyar a los mismos gobiernos, que los desarrolladores de vivienda cumpliendo el mandato de la ley lo instalen para que la vivienda cuando ya se entregue lleve la tecnología instalada”, dice García Soto a un medio nacional, para promover sus productos ahorradores en el Estado de México. Donde la Comisión Estatal del Agua mexiquense estaría analizando el proyecto de García Soto, según la nota periodística difundida por Milenio, este 10 de marzo de 2024.

La más reciente aparición pública de García Soto se da sin que la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California -que encabeza Rosilla del Villar Casas- haya dado a conocer los resultados de la investigación del caso Fisamex, ni haya informado sobre sanciones administrativas por las anomalías detectadas por la ASE.

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Actualmente, personajes involucrados con los contratos de Fisamex están buscando un cargo político en las elecciones del 2 de junio próximo: Jaime Bonilla Valdez (PT), exgobernador y senador, quien busca la reelección en el Senado y José Armando Fernández Samaniego, exsecretario del Agua, que pretende obtener una diputación federal por Morena.

La historia de los contratos de García Soto con el gobierno de Baja California inició en la administración panista de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid cuando García Soto ofreció sus servicios para la instalación de ahorradores de agua. En ese entonces, obtuvo dos contratos para instalar reductores en el Hospital Mexicali y la Clínica Palmas por un monto total de 62 mil 553 pesos.

Ya en el primer gobierno emanado de Morena, García Soto consiguió contratos por adjudicación directa en las Comisiones del Agua, para hacer dictámenes sobre agua consumida y no contabilizada y la falta de pago de servicios de conexión a consumidores industriales y comerciales, teniendo como contraprestación el 20% de lo recaudado. Incluso en las transmisiones que hacía Bonilla Valdez en Facebook, aparecía García Soto o algún subalterno señalando a empresas como deudoras.

El 7 de diciembre de 2020, García Soto fue atacado a balazos cuando transitaba en una camioneta Ford Lobo, color rojo, por las avenidas Las Ferias y Américas, en el fraccionamiento Hipódromo 2, en Tijuana, resultando con heridas que no comprometieron su vida. El incidente se registró semanas después de que se difundiera un video en el que se le veía consumiendo un polvo similar a la cocaína.

LEE: Irregularidades en Fisamex: Auditoría confirma, Marina omite

En mayo de 2021, la excandidata a la gubernatura de la alianza “Va por Baja California” María Guadalupe Jones Garay presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el entonces gobernador Jaime Bonilla, y Fisamex y su director, Manuel García Soto, por hechos que pudieran constituir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) de 278 millones de pesos. “Esquema delictivo” por cobrar contribuciones inexistentes que no fueron determinadas de forma legal o fueron calculadas por encima de la Ley.

En febrero de 2022, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció el inicio de la cruzada nacional por el agua, dando a conocer la reunión entre autoridades municipales y representantes de la empresa Eroagua, cuyo representante es Manuel García Soto, con el fin de establecer mecanismos para la revisión de las cuentas industriales y comerciales del Oomsapas Los Cabos. Pero en la Platafoma Nacional de Transparencia no aparece contrato alguno.

RED DE EMPRESAS

Según el portal de internet de DISEA M, las oficinas de la empresa que ofrece los servicios de instalación de ahorradores de agua se encuentran en avenida Francia, #1391, int. 1, en la colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco.

Pese a que la marca, DISEA M fue registrada el 16 de agosto de 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad y el Comercio (IMPI) por Manuel García Soto, no aparece como empresa en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

En ducho portal digital destaca que, en 2012 sus dispositivos fueron analizados por el Laboratorio de la Ciudad de México, sin que se muestre un documento sobre los resultados de dicho estudio. Presume como uno de  dos casos de éxito, la instalación de 330 regaderas de ahorro de agua en la clínica 30 del IMSS, de Mexicali, en 2017, bajo la razón social GC&M Dispositivos Economizadores de Agua, SA de CV.

Empresa constituida en Hermosillo, en enero de 2012, y cuyo objeto social principal es: la compra, venta, importación, exportación de dispositivos economizadores de agua, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. GC&M Dispositivos Economizadores de Agua comparte el domicilio de Equipos Eficientes de México (Eefimex), según el portal Hoffrog. Otra empresa es Fiscales del Agua Méx, registrada en Tijuana por García Soto y una de sus hijas.

En Hermosillo también fue constituida ROMAFAM en octubre de 2018. Su principal objeto social es la fiscalización, recaudación y administración a usuarios de agua.

De todos los contratos signados entre la administración bonillista y ROMAFAM sólo existe constancia del firmado por el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada Marcelino Márquez Wong con dicha empresa, por 3 millones 201 mil 639 pesos, en 2021.

Ello, pese a que en el informe especial de la ASE se indica que la CESPE pagó 20.2 millones de pesos, entre 2020 y 2021.

(Julieta Aragón)

Foto: Jorge Dueñes.-Manuel García Soto, director de Fisamex

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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