El Informe Específico sobre el caso FISAMEX de la Auditoría Superior del Estado (ASE) señala que el actual secretario del Agua, José Armando Fernández Samaniego y el alcalde de Tecate, Edgar Darío Benítez Ruiz, firmaron sendos contratos con ROMAFAM, S.A. de C.V. (también conocida como FISAMEX). Empresa dirigida por Manuel García Soto que hizo auditorías a usuarios de las cuatro comisiones del Agua con las que el gobierno de Jaime Bonilla recaudó mil 810 millones 971 mil 370 pesos en 2020 y 2021.
El Informe TIT/140/2023, fechado el 15 de febrero de 2023, confirma diversas irregularidades en la contratación y actuar tanto de la empresa como de las Comisiones del Agua; sin embargo, ambos funcionarios indicaron a ZETA no haber sido requeridos por ninguna autoridad, ya sea el Órgano Interno de Control de la CESPM y Cespte, respectivamente, ni por la Secretaría de la Honestidad sobre alguna investigación que estuviera llevándose a cabo por parte del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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El Informe -firmado por el Auditor Superior del Estado Gilberto Gallego Cortéz- detalla que en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) se suscribieron dos contratos. El primero con número AD-SER-04-2020, del 25 de mayo de 2020, firmado por Héctor Soto Ibarra como representante del organismo. Y el segundo, AD-SER-04-2020 por José Armando Fernández Samaniego, entonces titular de la CESPM y hoy secretario del Agua.
ZETA solicitó una entrevista a Fernández Samaniego, quien debido a que se encontraba en una reunión respondió en primera instancia que no ha sido requerido por ninguna autoridad. Vía Whatsapp aclaró que “el contrato con dicha empresa se firmó antes” de que él fuera director. Ante la insistencia de que concediera una entrevista, por la que se le formularon otras cuatro preguntas, el funcionario se comprometió a responder este viernes.
Hoy, 17 de febrero de 2023, Fernández Samaniego “no firmó contrato administrativo de prestación de servicios, solo se firmó un modificatorio de ampliación de dos meses, por acuerdo del Consejo de Administración de CESPM, donde no tengo voto”.
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Señaló que el contrato que él signó fue firmado antes de su gestión y reiteró que fue validado por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y votado por el Consejo de Administración, y que los pagos se hicieron en cumplimiento al contrato “validado, votado y firmado, por el entonces Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Consejo de Administración de CESPM y el anterior Director General”.
En la Comisión Estatal de Tecate (Cespte) también hubo dos contratos. El número ADSRP-CESPTE-BC-20-10 signado el 22 de mayo de 2020 y el ADSRP-CESPTE-BC-21-07, del 4 de enero de 2021. Ambos firmados por Darío Benítez Ruiz, hoy acalde de Tecate.
A propósito, el presidente municipal de Tecate admitió que firmó el contrato, pero negó que haya sido requerido por alguna investigación que se esté realizando.
“Yo venía llegando a la Comisión, se me explica por parte del equipo de la Oficialía Mayor que en ese momento era Salomón Faz (…) A mí se me explica que el contrato ya estaba cuadrado conforme a lo aprobado en el Comité de Adquisiciones y yo nada más seguí instrucciones”.
En entrevista con este Semanario Benítez Ruiz rechazó que de su parte hubiera habido dolo. “Estoy dispuesto a revisar con la Auditoría los temas, pero no he sido requerido por la Auditoría”.
Sobre alguna posible sanción, el primer edil del Pueblo Mágico dijo: “yo estoy completamente tranquilo, porque en ningún momento se actúo con dolo. Insisto, el tema Fisamex en Tecate se llevó de manera muy distinta a la del resto del Estado. Además sería incongruente hablar de eso cuando tenemos personajes como Armando Samaniego que también fue parte del asunto Fisamex, que hoy es el secretario del Agua. Tenemos que ser congruentes con la historia”.
“Yo creo que hoy un gobierno del Estado si quisiera ir duro con el tema Fisamex tendría que pegarle un balazo en la cabeza al amigo Samaniego, y además a otros personajes que estuvieron en el asunto Fisamex y que Samaniego además fue un personaje que se fue durísimo contra varias empresas”.
En tanto en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) se firmó el contrato número AD-SERV-01-2020, del 28 de febrero de 2020 por Rigoberto Laborín Valdez, y el contrato AD-001-2021, del 4 de enero de 2021, por Eliel Alejandro Vargas Pulido.
En Ensenada, la CESPE también suscribió dos contratos con ROMAFAM (AD-SERV-01-2020 y otro sin identificar) por Marcelino Márquez Wong, fechados el 15 de mayo de 2020 y el 1 de enero de 2021.
LAS IRREGULARIDADES
El Informe de la ASE señala que, por sus montos, los contratos debieron “haberse adjudicado como resultado de licitaciones”, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Cabe recordar que a la empresa se le pagó el 20% de lo recaudado por los dictámenes hechos. Monto que según la ASE ascendió a 354 millones 34 mil 28 pesos.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo “determinó que se adjudicaran directamente a la empresa ROMAFAM S.A. de C.V. argumentando esencialmente que las Comisiones ´no contaban con personal capacitado´ para las actividades a contratar”.
Sin embargo, del análisis de los dictámenes emitidos por dicho Comité “se observa que no contienen explicación alguna relativa a circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes para realizar licitaciones; y tampoco mencionan la información de naturaleza confidencial para el Estado que se hubiere podido comprometer con las mismas licitaciones”.
Es más, los dictámenes de ROMAFAM tampoco presentan “una sofisticación técnica que justifique importes pagados por cada uno; de hecho se pueden obtener en una simple hoja de cálculo en la que se establezcan las fórmulas correspondientes”.
De modo que se confirma que la justificación de falta de personal capacitado “no resulta suficiente, ya que, con costos mucho menores, aun pagando horas extras, el personal de las Comisiones podía haber formulado los dictámenes”, señala la ASE.
Por otro lado, la ASE señaló que el objeto descrito en los contratos “es incongruente” con lo realizado al amparo de los mismos, ya que la empresa se limitó a formular dictámenes técnicos con información proporcionada por las Comisiones, “que a consideración de esta Auditoría no resultan aplicables a la determinación de derechos de conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario previstos por la Ley de Ingresos del Estado de Baja California”
Otra irregularidad observada por la ASE radica en que en los contratos por adjudicación directa se eximió a la empresa de la obligación de presentar pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento de obligaciones pactadas.
Además se omitieron disposiciones contractuales que permitieron que las Comisiones pagaran todo lo que recibieron por los dictámenes formulados por la empresa, “sin limitación o condición alguna” pese a que los contribuyentes impugnaran legalmente los cobros fincados por la empresa.
Según la ASE el monto por usuarios que obtuvieron resolución a su favor y ya cobraron la devolución asciende a 58 millones 496 mil 462 pesos. Los que obtuvieron un amparo y devolución mediante convenios suman otros 47 millones 77 mil 504 pesos. Se espera que los organismos devuelvan otros 4.3 millones de pesos.
Además, están pendiente por resolver 51.6 mdp. Mientras que otras empresas se desistieron por 51.6 mdp.
El organismo fiscalizador apuntó que en los cuatro organismos operó el mismo esquema de contratación. La aprobación de la contratación por el Consejo Directivo, la solicitud de contratación y su aprobación por un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo sugiriendo la adjudicación directa.
COGRESO INSTRUYE A REALIZAR UN INFORME
El 10 de noviembre de 2022, a solicitud del legislador del PAN, Juan Diego Echevarría Ibarra el pleno del Congreso de Baja California aprobó un acuerdo en el que instruye a la ASE a elaborar un informe sobre los contratos suscritos entre la empresa Romafam S.A. de C.V. (Fisamex) y las comisiones estatales del Agua. Dicho informe tenía que ser presentado como fecha límite el 15 de febrero de 2023.
El Acuerdo obtuvo 20 votos a favor, cero votos en abstención y dos votos en contra de los legisladores Marco Antonio Blásquez Salinas (PT) y Sergio Moctezuma Martínez López (Morena), afines al ex mandatario estatal, quienes no explicaron las razones de su voto.
En ese entonces, el diputado del PAN, Echevarría Ibarrra destacó la importancia de revisar a detalle las cuentas públicas de las Comisiones ante diversas irregularidades. Se espera que el legislador blanquiazul dé un pronunciamiento en la capital del Estado, el próximo 20 de febrero.
