En Baja California los grandes problemas sociales continúan ignorados. Hospitales del IMSS saturados, algunos con el mayor número de derechohabientes en el país; inexistencia de hospitales que atiendan al resto de trabajadores, y realicen sin costo los más importantes procedimientos médicos; falta de infraestructura para el abasto de agua potable o de drenaje sanitario; el más costoso transporte público; decenas de colonias populares sin regularización de la tenencia de la tierra y bajo el acecho de los capitalistas inmobiliarios; etc.
Como en el resto del país, grandes tajadas de recursos públicos se dedican a la edificación de obras monumentales; infraestructura que no necesita el pueblo trabajador, pero sí una minoría: la burguesía. Un ejemplo de ello es el llamado Viaducto Elevado Tijuana. Un proyecto que surgió en el último periodo de los 30 años de gobiernos panistas a nivel estatal, y ratificado durante el primer gobierno de la entidad por Morena-PT-PVEM (2019-2021). Es decir, un proyecto encubado y posibilitado durante dos gestiones notables por su corrupción y demagogia: las de Francisco Vega de la Madrid y Jaime Bonilla Valdez.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomó el proyecto en cuestión y ha decidido invertir en éste, un segundo piso de al menos 11 kilómetros de construcción, una cantidad superior a los ¡12 mil millones de pesos! Es tal la omisión de necesidades populares, por realizar dicha obra, que esta cantidad es por lo menos 21.66 por ciento más grande que el presupuesto de egresos del Municipio de Tijuana para el año fiscal correspondiente a 2023.
¿Por qué esta obra es un derroche, un lujo más para la burguesía, en medio del abandono, la pauperización y el saqueo del pueblo? No sólo por el tamaño de su inversión, sino por sus fines. El Viaducto Elevado Tijuana hará más ágil y eficiente los flujos comercial y mercantil para toda la zona metropolitana de Rosarito-Tijuana-Tecate, incluso con el puerto de Ensenada; pero sobre todo en la denominada primera zona transnacional del país, que involucra esos tres primeros municipios con la ciudad de San Diego, California, EE.UU.
El Viaducto no es una obra para la ciudadanía, sino para favorecer la producción y el comercio de mercancías, la oferta de servicios, así como la producción y captación de plusvalía.
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Que los productos industriales y servicios se vendan o se adquieran, o bien se exporten e importen, con fluidez y destreza; que los tiempos de espera para aduanas, terminales aéreas y garitas fronterizas (el Viaducto estará conectado con la nueva Garita Mesa de Otay II, proyecto de Sedena para 2025 a un costo de cinco mil millones de pesos) se recorten al menos en un 50 por ciento; y, en general, se vuelva aún más copiosa y rentable la exportación de capitales a México, fortalecerá el yugo del capital sobre la clase obrera y todos los trabajadores.
Con este proyecto se calcula un incremento en la captación de ganancias para las burguesías de California y Baja California por mil 600 o mil 800 millones de dólares al año. Los grandes centros comerciales y la “industria del sexo” en la frontera mexicana, serán favorecidos por una menor espera en cruces fronterizos o el tráfico urbano. El Viaducto es un amoroso detalle para las burguesías de México y EE.UU.
Pero, además, el Viaducto no es solamente un fin en sí mismo; es un intermediario de la “civilización capitalista”, de la destrucción y la depredación. Una mega obra que estimulará la especulación con la tierra y la industria inmobiliaria. Un vehículo de despojo, como ha sucedido con el Tren Maya y el CIIT. Allá respecto a los ejidos y a las tierras comunales, de las cuales se han adjudicado a la Sedena miles de hectáreas; aquí respecto al patrimonio en los barrios obreros y populares. Se trata también de relocalizar la industria y desconcentrarla de sus históricas ubicaciones en Tijuana, de duplicar la superficie territorial disponible para parques industriales en el marco del nearshoring y la disputa de parte de la planta productiva que hoy continúa en Asia y principalmente en China.
El Viaducto es una obra extraordinaria para los capitalistas, pues se anticipa a un escenario de crisis económica de sobreproducción y sobreacumulación tanto de mercancías como de capital. Con semejante mecenazgo estatal, al ordeñar más al pueblo, los grandes capitalistas se preparan para una feroz competencia y para la destrucción de sus rivales económicos menos aptos. Además de redoblar la explotación asalariada del pueblo, prosigue el expolio. De esto va la obra y no de ninguna otra cosa, ni acorde a ningún otro carácter.
Y este es el tipo de obras -para una burguesía plutócrata, glotona, reaccionaria y bien pertrechada para la disputa intercapitalista- que el obradorismo y sus partidos están llevando a cabo en todo el país. Para ello se disminuyen cada vez más recursos a educación, cultura, obra y prevención social, salud, etc. En lugar de patrocinar con miles de millones de pesos una red de transporte público que alivie el ir y venir diario de la clase obrera, se ratifica lo escrito por Marx hace casi dos siglos: el capitalismo es la valorización del mundo de las cosas.
Con motivo del Viaducto Elevado y la Garita Mesa de Otay II la expropiación de terrenos por “utilidad pública” ascendía en Tijuana, hasta noviembre de 2023, a 21 mil metros cuadrados. Es una certeza que esta tendencia se sostendrá y ampliará, sea por conducto de esta obra o de próximos megaproyectos. Los vecinos de colonias populares, colocados en predicamento por el Viaducto, afirman haber recibido amenazas de que el ejército los desalojará de no convenir con los propósitos gubernamentales. El Viaducto Elevado es un asalto de la burguesía, su gobierno y su Estado contra el pueblo trabajador.
Atentamente,
Óscar Galindo,
Partido Comunista de México (PCM).
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