“Si la investigación en la desaparición de Roxana Guzmán incluye la participación del crimen organizado, significa que el Estado está colaborando con el narcotráfico”.
Rocío Nahle García es la versión femenina de Rubén Rocha Moya en Morena.
La Gobernadora de Veracruz ha sido enfática y continuamente señalada por irregularidades desde que encabezó la Secretaría de Energía en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por denuncias de huachicol no atendidas, sobreprecios en la construcción de Dos Bocas, hasta por enriquecimiento ilícito al develarse las múltiples propiedades que ella y su familia poseen por decenas de millones de pesos en México en ciudades como Veracruz y San Pedro Garza García, y una vivienda en Manhattan, Nueva York… pero, como Rocha en Sinaloa, Nahle ha sido de las intocables del morenismo.
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No se le ha tocado con la suave hoja de una investigación formal, ni en instituciones de Honestidad, antes de la Función Pública, mucho menos con indagaciones ministeriales. Como Rocha en Sinaloa, Nahle en Veracruz ha sido una de las políticas de Morena más protegidas desde Palacio Nacional, tanto en el Gobierno de López Obrador como el que ahora encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta semana, en su conferencia del martes 30 de junio, la Gobernadora Nahle informó a los veracruzanos que, como trascendió desde la semana pasada, se realizó el aseguramiento de un rancho y el análisis de restos óseos localizados en el mismo, caso que está ligado a la desaparición forzada de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, sucedida el 2 de junio de 2026.
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Del trágico hecho quedó grabación luego que quienes la sacaron violentamente de su casa lo hicieron con suma impunidad irrumpiendo en su hogar y siendo videograbados cuando tiraban la puerta para llevársela por la fuerza.
Ahora se sabe, a razón de versiones extraoficiales, que a Roxana Guzmán la desaparecieron policías municipales. Un comandante y tres agentes de la Policía Municipal de Ixhuatlán, identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N”, y Julio César “N”. Puede el Estado estar vinculado con la desaparición de la periodista. Sí. Por participación o por omisión. Porque resulta que cuatro de los seis detenidos son precisamente miembros del Estado, de una corporación policiaca que lo suyo es brindar seguridad -a nombre del Estado- y no cometer delitos, como el de desaparición en el terrible caso que nos ocupa.
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Los cuatro policías, además, el comandante y los tres elementos, permanecieron impunes por lo menos 24 días después de cometer el ilícito afectando la persona de la periodista Roxana Guzmán. Efectivamente, los hombres fueron aprehendidos hasta el 26 de junio, lo que significa que durante 24 días continuaron laborando para la policía municipal. De hecho, fueron aprehendidos en las instalaciones oficiales de la corporación.
El Estado mexicano está aliado con el crimen, amañado a partir de sus corporaciones policiacas como sucede en otras entidades de la República Mexicana, en Baja California, por ejemplo, donde policías de todas las corporaciones, Guardia Nacional, Ejército, Estatal, Municipal, han sido evidenciados apoyando a los cárteles de la droga. En Tecate, Baja California, hace unos días el aseguramiento de un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, demostró a partir del análisis de conversaciones contenidas en su celular, cómo contaba con la colaboración de la policía municipal para alertarle de operativos en su contra, ayudarle a desaparecer personas, o detener a más, entre otros delitos a partir de la infiltración de la delincuencia organizada.
En Tijuana también fue revelado por comerciantes al semanario ZETA, cómo desde hace más de un año son víctimas del Cártel Arellano Félix, que les cobra 650 dólares mensuales de piso a más de 300 negocios, y por otro lado cómo son extorsionados por funcionarios de la dirección de reglamentos del Ayuntamiento, pero que, a partir de hace unos meses, el cobrador, el que cobra piso para el narco y el que extorsiona a nombre del Ayuntamiento, es el mismo. Una vez más, gobierno y crimen trabajando de la mano.
Si la línea de investigación que no ha revelado la Gobernadora Rocío Nahle en el caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, incluye, como muchos en Veracruz sospechan, la participación del crimen organizado a partir de una célula escindida del Cártel Golfo, esto significa que el Estado, a través de la policía municipal, está colaborando con el narcotráfico, creando un narcoestado que mata la libertad, la libertad de las personas, la libertad de expresión. La desaparición de la periodista ha sumido a los veracruzanos en la oscuridad al tener una pluma menos.
En su conferencia de prensa, la Gobernadora Nahle informó, además, que en el rancho localizado a partir de la declaración de una de las seis personas detenidas, de las cuales cuatro eran policías, las autoridades recabaron en el sitio restos óseos, que están analizando para informar si se trata de la periodista desaparecida. A la familia de Roxana les fueron solicitadas muestras para realizar el comparativo de la información genética de los restos localizados. La investigación, dijo, aun cuando ella misma tardó cuatro días en ofrecer datos sobre las aprehensiones del viernes 26 de junio, día en que también se cateó el rancho, es encabezada por la FGR y la FGE de Veracruz, entidades que tardaron 24 días en identificar a cuatro policías que nunca dejaron de trabajar para el Estado, como parte del grupo de sospechosos de sustraer a la periodista de su casa.
Veracruz es de suyo el estado más letal para la prensa en México; en 26 años han sido asesinados 33 periodistas, dos durante el gobierno de Rocío Nahle. El 8 de enero de 2026, el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado a disparos. Sus verdugos liberaron un video, días después, demostrando cómo llevaron a cabo la ejecución y siendo ese metraje una amenaza para otros comunicadores. El 11 de junio de 2026, a Luis Ángel López lo mataron a balazos. Ambos periodistas se especializaban en la cobertura de temas de inseguridad, violencia y nota roja. El Estado no los protegió. El Estado, como en la desaparición de Roxana Guzmán, está infiltrado por el narcotráfico, trabajan de la mano.
Al tiempo, en la administración de Rocío Nahle también han sido desaparecidos tres periodistas: el 13 de abril de 2025 desaparecieron a Miguel Ángel Anaya Castillo, y el 2 de junio de 2026, a Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuando la sacaron con violencia de su hogar, ahora se sabe, cuatro policías municipales. Además, un tercer periodista veracruzano continúa en calidad de desaparecido, desde el 6 de julio de 2023, Juan Carlos Hinojosa Viveros.
Cinco periodistas afectados en la administración de la morenista Rocío Nahle, tres desaparecidos y dos asesinados. De los desaparecidos, nada se sabe porque el gobierno no los busca. A las autoridades no les interesan los casos que, como la mayoría en este país, permanecen en la impunidad, porque está claro que en el México de hoy el Estado actúa con el narco, sea por complicidad, colusión u omisión. El Veracruz de Nahle es un ejemplo contundente de esto.
