Por primera vez en la historia de Baja California Sur se ha solicitado el desafuero de dos diputados federales que, según la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad, enfrentan investigaciones por diversos hechos que podrían constituir delitos de corrupción.
Aparentemente con las pruebas suficientes, han hecho oficial la petición de juicio de procedencia de desafuero contra el legislador de Morena, Rubén Muñoz Álvarez, y de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia Murillo Manríquez.
Así lo confirmó el fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, quien aportó los detalles que el sigilo de la investigación le permite hacer del conocimiento público.
En el caso específico de Rubén Muñoz Álvarez, mencionó que se investiga por el tema de cambio de uso de suelo que, cuando era alcalde junto con regidores del XVI Ayuntamiento de La Paz, aprobó en marzo de 2021 a favor del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte.
Respecto a Sonia Murillo, el funcionario explicó que la solicitud para retirar la protección constitucional se sustenta en investigaciones que señalan una presunta complicidad en el caso de los contratos millonarios que obtuvo la empresa Viajes Perla durante la administración del ex gobernador Carlos Mendoza Davis (2015-2021).
Murillo Manríquez se desempeñó como contralora del Estado durante el gobierno estatal que estuvo bajo las siglas del PAN.
Lenin Ortiz hizo hincapié en que se trata de la primera ocasión que se presentan solicitudes de juicios de procedencia desde Baja California Sur a la Cámara de Diputados.
También mencionó que en lo que va de este año, sólo se han registrado dos peticiones de desafuero en el Congreso de la Unión, que corresponden a los casos de diputados federales que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
LOS CASOS QUE INVESTIGAN
Aunque el fiscal justificó no poder aportar detalles integrados en las carpetas de investigación, ZETA ha documentado los casos que hoy ligan a los legisladores federales cuya protección constitucional está en juego.
El primero de ellos corresponde a Rubén Muñoz, que ostentó el cargo de alcalde de La Paz de 2018 a 2021.
En ese periodo, en una sesión de Cabildo celebrada el 25 de marzo de 2021, se aprobó un cambio de uso de suelo al consorcio inmobiliario SiNow Century 21, con ello, supuestamente el desarrollo Misión Punta Norte podía empezar la construcción de más de 2 mil 600 viviendas en más de 4 mil 600 lotes en inmediaciones de la carretera La Paz-San Juan de la Costa.
Entre las especificaciones que presentaron representantes de Punta Norte, señalaron que más de mil 500 personas vivirían en el desarrollo. Sin embargo, activistas y autoridades municipales que llegaron meses más tarde a gobernar, advirtieron que la aprobación del cambio de uso de suelo era ilegal. Asimismo, enfatizaron el rechazo debido a que el acuífero de La Paz no puede sostener la demanda de 2 Litros Por Segundo (LPS) que requiere la unidad habitacional.
Un año después, el 14 de marzo de 2022, el Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz ordenó a representantes jurídicos iniciar con un juicio de lesividad para retirar el derecho de cambio de uso de suelo otorgado por el anterior gobierno municipal.
Según expuso en esa sesión la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, las y los integrantes del Cabildo anterior no tenían facultades para otorgar este permiso.
En el caso de Sonia Murillo, la fiscalía señala complicidad por parte de la diputada, que fue contralora durante el mandato de Mendoza Davis en las investigaciones de Viajes Perla.
El ex secretario de Finanzas en la administración panista, Isidro Jordán Moyrón, fue vinculado a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado, así como por falsedad de documentos, según la carpeta de investigación LPZ/3403/2021/NUC
Isidro Jordán habría favorecido a la empresa Viajes Perla, donde su esposa funge como accionista con contratos por más de 200 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío.
ZETA solicitó entrevista con Sonia Murillo y Rubén Álvarez, sin embargo, no respondieron a su derecho de réplica previo al cierre de edición.
EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO
El abogado litigante y activista en temas de seguridad y justicia, Arturo Rubio Ruiz, explicó que la declaración de procedencia para los dos diputados federales es un procedimiento que se sigue ante el Poder Legislativo y es exclusivo de la Cámara de Diputados.
Precisó que, como cuerpo colegiado, son los únicos que tienen la facultad de remover la inmunidad procesal, que popularmente se conoce como fuero.
Durante el ejercicio, no pueden ser sujetos a proceso sin que lo autorice la Cámara de Diputados a través de esta declaratoria de procedencia.
“Es interesante señalar que, en lo que va del año, sólo se han solicitado dos declaraciones de procedencia, ambas son por parte de Baja California Sur y han sido pedidas por el fiscal Anticorrupción”, indicó.
El procedimiento: se recibe la solicitud, se turna a una comisión que se encarga de hacer el análisis de los datos de prueba que presenta el fiscal y posteriormente aprueban un dictamen donde se define la permanencia de los representantes populares.
Para ello se constituye una comisión que se encarga de hacer la investigación, sin embargo, en el caso de la actual Legislatura está integrada por cuatro diputados: dos de Morena, uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN).
“Nosotros creemos, esto es una opinión personal, que la Comisión debía ser integrada por cinco diputados, porque al ser cuatro puede haber un empate y el empate favorece, desde el punto de vista de los números, al grupo mayoritario, que en este caso es Morena”, argumentó.
“Si los dos de Morena no quieren, pues ya no se va a poder emitir un dictamen en contra. Si queda en empate, la presunción de inocencia hace que el empate sea a favor del investigado”, agregó.
Respecto al ex presidente municipal, en caso de que se apruebe su desafuero quedaría a disposición del juez de Control de La Paz, ante el cual, con esa libertad procesal, el fiscal Anticorrupción le imputaría los delitos de uso indebido de atribuciones y coalición de funcionarios y tendría que enfrentarse al juicio como “cualquier vecino”.
“Lo que hacen ellos es una evaluación de si procede o no desde su perspectiva, pero no tiene que ver con que sea inocente o sea culpable”, añadió.
Recordó el caso del diputado de Morena, Juan Pérez Cayetano, que en septiembre de 2022 se convirtió en el primer legislador en la historia de Baja California Sur en haber sido desaforado.
Sin embargo, en junio de 2023 regresó a ocupar su curul tras recibir el amplio perdón por parte de Georgina Roldán, quien lo denunció en noviembre de 2021 por abuso sexual ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
RUBÉN MUÑOZ EN JAQUE MATE
“La inmunidad procesal no es de por vida, es sólo en el tiempo que duras en el encargo”, recalcó el abogado.
Un punto relevante en la situación de Rubén Muñoz, es que unas semanas antes de la solicitud de desafuero, anunció públicamente su inscripción en el proceso interno de Morena para alcanzar la candidatura al Senado en 2024.
En ese contexto, subrayó que Muñoz Álvarez, de ser elegido como el candidato a la senaduría por Morena, tendría que pedir licencia para hacer campaña política. Con ello pierde la inmunidad y tendría que enfrentar el proceso en ese preciso momento ante los tribunales.
Lo anterior, según los estatutos de Morena, que demandan a cada candidato o candidata dejar un cargo para que puedan pedir el voto a la población.
“El caso concreto de Rubén Muñoz, va a tener que dejar el cargo, es en ese momento cuando podría hacerse efectivo el llamamiento del juez para que enfrente la imputación por los delitos que mencionamos”, reiteró.
“Si me preguntas si el asunto es político, se le puede dar un manejo político; el juicio de procedencia es eminentemente político, la Cámara no resuelve si es culpable o no culpable, únicamente decide si hay elementos o no para que sea juzgado, pero eso es juzgar. ¿En qué se guían? Por cuestiones políticas, siempre ha sido así”, expuso.
Asimismo, aclaró que en los señalamientos que enfrenta Muñoz también están implicados ex regidores que no gozan de inmunidad procesal.
El cambio de uso de suelo a favor de Misión Punta Norte fue autorizado también por las y los ex regidores Irma Yolanda Robledo Galaviz, Juan Ramón Domínguez Leyva, David Castillo Duarte, Beatriz Adriana Hernández Paredes, Pilar Eduardo Carballo Ruiz, Virginia Villavicencio y Yudith Esmeralda Lizárraga Elías
