La comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAIBCS), Rebeca Buenrostro Gutiérrez, llevó a cabo el informe de trabajo del último año, en el que presentó datos precisos sobre el desempeño de organismos que se dirigen con recurso público. Entre las cifras, destaca el hecho de que hay diversos partidos políticos reprobados en el cumplimiento de sus obligaciones.
A través de los resultados de las verificaciones del ITAI, concluye que Morena y Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacaron por encima de todos los organismos, al obtener un 0% de cumplimiento en un primer y segundo dictamen.
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En un primer dictamen, estos institutos también obtuvieron un 0%: Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Humanista; sin embargo, para la segunda revisión el ITAI reportó que está pendiente la evaluación “por estar en término”.
El Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS) obtuvo un 1.3% en la primera revisión, al igual que los institutos políticos antes mencionados; el segundo dictamen está pendiente.
El Partido del Trabajo (PT) también destaca por la opacidad, con un 26.86% de resultado en la evaluación, sin ningún cambio o avance entre el primer y el segundo dictamen.
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Rebeca Buenrostro enfatizó que los 11 partidos políticos en Baja California Sur constituyen la representación democrática de la ciudadanía en la vida política del territorio sudcaliforniano; por ello, dentro de sus responsabilidades está rendir cuentas claras del manejo del recurso público no sólo a la autoridad competente, sino a la sociedad.
Cabe explicar que la Verificación es la acción de vigilancia que realiza el ITAI con el objetivo de revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Los partidos deben presentar información completa, publicada y actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en los portales institucionales.
“Encabezando el número de solicitudes, el partido Movimiento de Regeneración Nacional con 24 solicitudes de información, de las cuales cumplió con 19; es decir dejó de dar respuesta a 5 solicitudes ciudadanas, generando con ello una calificación de 79.17% en la atención. Los partidos políticos que no atendieron ninguna solicitud de información y por tanto tienen calificación porcentual cero, son: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza y Partido Humanista”, agregó con respecto a las solicitudes que se hacen vía PNT.
Por otra parte, detalló que en total se recibieron siete mil 376 solicitudes de información en 2022, más del 50% de éstas dirigidas al Poder Ejecutivo y el 20% a Ayuntamientos.
Esto representa un incremento de poco más del 20% en comparación de 2021, año en el que se tramitaron seis mil 42 solicitudes.
Por otra parte, también se interpusieron 418 recursos de revisión, proceso que se define como la inconformidad ciudadana contra el sujeto obligado por soslayar su derecho humano de acceso a la información pública.
La autoridad en contra de la cual se interpuso la mayor cantidad de recursos de revisión en 2022 fueron: Ayuntamiento de La Paz (85), Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (35), Ayuntamiento de Comondú (23), Ayuntamiento de Los Cabos (20), CECYTEBCS (15), Secretaría de Finanzas y Administración (15), Sistema Estatal Anticorrupción (14), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (14) y la Secretaría de Educación Pública (13).
Las principales causas de inconformidad que motivaron las impugnaciones son que la información está incompleta o no corresponde a la solicitada, así como la falta de respuesta dentro de los plazos por ley.
La comisionada presidenta prosiguió enfatizando que el ITAI, dentro de su encomienda legal, es responsable de evaluar la transparencia de los 141 sujetos obligados. En el proceso, los ciudadanos tienen derecho a denunciar el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que en 2022 recibieron 42 reportes de este tipo.
De estas denuncias, se emitieron 3 resoluciones, 7 fueron desechadas por improcedentes y 32 se encuentran en trámite desahogando sus etapas procesales.
El Ayuntamiento de La Paz, con 14 denuncias, y el Ayuntamiento de Loreto, con 5, son los sujetos obligados con mayor número de señalamientos por incumplimiento en el último año.
Rebeca Buenrostro hace hincapié en que el ejercicio del acceso a la información pública es un derecho fundamental, y por tanto, el marco normativo nacional e internacional ha previsto una serie de garantías para que se ejerza con total libertad.
Recalcó que no debe restringirse ni condicionarse a ningún ciudadano que acredite interés alguno o justifique la utilización de la información, ya que se trata de un derecho plasmado en la Constitución Política de México.
