Desde la “Ley Olimpia” hasta la tipificación de la violencia vicaria en Baja California, son consecuencia del impulso de activistas, políticas y sociedad para definir en Ley una deficiencia del sistema; también, son las huellas de la impunidad
En los primeros dos meses del año, Baja California encabezó la lista de feminicidios a nivel nacional, al documentar -según el colectivo Causa en Común- un total de 15 asesinatos de mujeres en los que se imprimió crueldad, pero que la Fiscalía General del Estado (FGE) no arrancó la investigación con perspectiva de género, pues no los identificó como tal.
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En el recurrente mensaje de las colectivas que identifican al país como “México Feminicida”, el Estado se encuentra por encima de otras entidades como Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, cuya población es superior.
Mientras esto era denunciado en marchas y por las mismas colectivas, en BC se aprobaba en el Poder Legislativo la tipificación de la violencia vicaria en el Código Penal, reconociéndose como uno más de los conceptos que encuadran dentro de la violencia familiar.
La diputada Michel Sánchez Allende, una de las inicialistas, comentó que esta tipificación llega muy tarde, pues ya es un concepto muy avanzado en otras entidades del país, recordando que sólo aplica para mujeres.
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El reconocimiento de la violencia vicaria forma parte de una agenda de género (no ideología) que ha sido impulsada en diversas entidades del país, cuyo objetivo es construir una sociedad más justa mediante el marco legal, pero también facilitar los vicios que se han cometido a lo largo de la historia en agravio de las mujeres.
Casos como la “Ley Olimpia”, relacionada con la violencia digital; “Ley Sabina” como una sanción para deudores alimenticios; “Ley Monzón”, que pretende bloquear custodias temporales a presuntos feminicidas y quitárselas en caso de resultar culpables; y la “Ley Alina”, una iniciativa que se está planteando en el Poder Legislativo de Baja California y cuyo nombre se asignó tras darse a conocer el caso de la policía municipal Alina Narciso, quien terminó con la vida de su pareja en defensa propia cuando éste la violentaba, son parte de la agenda, pero también son recuerdos, huellas de la impunidad.
Todos esos y otros más, llevan sus nombres por casos específicos donde las instituciones dieron la espalda a víctimas, ya sea por prejuicios, tráfico de influencias o ineficiencia del sistema. En todos los casos, la lucha feminista -individual y colectiva- pasó por un prolongado proceso para concientizar y visibilizar un problema en la sociedad.
Cada uno de estos casos es evidencia de la indolencia de la autoridad y de un sistema que les falló a las víctimas, las cuales tomaron esta desventaja como un empujón para plasmar una necesidad.
La tipificación de la violencia vicaria fue una propuesta avalada por unanimidad en el Poder Legislativo, pero su origen radicó en las exigencias de diversos colectivos que se unieron para plasmar sus experiencias en una reforma legal que impulsara la última etapa de la justicia social: la no repetición de los actos.
La lucha feminista es más allá de un 8M o la visibilización de actos considerados por muchos sectores como “vandálicos”.
Las manifestaciones del 8M son procesos catárticos que incluyen muchos elementos, desde consignas y protestas, hasta redes de apoyo a mujeres que exhiben casos en los que resultaron víctimas de algún agresor o de un sistema. Más allá del prejuicio, las consignas del 8M y todo el trabajo de la lucha feminista es una reflexión para saber qué estamos haciendo -o dejando de hacer- para construir una sociedad más justa.
