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domingo, febrero 18, 2024
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Fentanilo, la crisis de dos países

La crisis del fentanilo que afecta a los dos países, subirá de tono en los meses siguientes cuando tanto en México como en Estados Unidos entren en procesos sucesorios presidenciales en el 2024

De acuerdo a la radio nacional pública de los Estados Unidos, solamente en doce meses del año 2022, 110 mil 236 personas murieron por sobredosis de drogas en ese país. Una buena parte fue debido al consumo de sustancias sintéticas. “Las drogas en las calles se volvieron más tóxicas en 2022, con la distribución del fentanilo, un opiode sintético. Muchos de los muertos (por el consumo de la droga) son jóvenes menores de 40 años”.

De acuerdo a estudios de la DEA (Administración de Control de Drogas) son dos los cárteles que producen y trafican el fentanilo desde México hacia los Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.


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Los precursores para la producción de fentanilo, una droga con base en el opio de la amapola y con precursores que provienen de China que son trasladados ilegalmente a México, es una sustancia con alta rentabilidad para el narcotráfico, pues la producen en hechizos laboratorios sin estar restringidos a periodos agrícolas. La sustancia es compactada en pastillas y su distribución es más fácil.

En México ni la Fiscalía General de la República ni las fiscalías en los estados, mucho menos las secretarías de Salud, tienen información estadística de cuáles organizaciones criminales producen el fentanilo, mucho menos de cuántos mexicanos han fallecido por sobredosis de esa droga, o cuántos de ellos son adictos.

En septiembre de 2023, al reportero de ZETA, Eduardo Villalugo, en el Servicio Médico Forense de Baja California le informaron que 33 por ciento por ciento de los adictos fallecidos en la capital del Estado había sido por una sobredosis de fentanilo. Aun así, el tema no ha tenido la atención de las autoridades de salud, ni ha contado con una parte de la estrategia de combate a los cárteles y al tráfico de drogas, por parte del Gobierno de la República. No conocemos en México la cantidad de adictos que existen a las drogas, mucho menos las redes de distribución y consumo de los estupefacientes, particularmente del fentanilo. No es pues, un problema para el Gobierno central, ni en los de los estados. Tal pareciera que si no lo documentan oficialmente, no existe el problema.


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Ciertamente los dos grandes cárteles mexicanos han diversificado su oferta criminal y enfoncado en la producción y distribución de fentanilo. A pesar de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informa en su conferencia matutina, como lo ha hecho, que en México no hay o no se produce fentanilo, los aseguramientos de tal droga, los pocos que suceden, son prueba de que este tráfico existe.

El martes 14 de marzo del 2022, en Tijuana, un grupo interinstitucional del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, y según, de la FGR, decomisaron en un inmueble de una colonia un millón 834 mil 862 pastillas de fentanilo, además de 400 kilogramos de metanfetamina.

Tal droga, que aun no investigan de cuál cártel provenía, no estaba destinada para la distribución en territorio mexicano en su totalidad, sino para traficarla por tierra, por aire o por mar, a los Estados Unidos a través de la frontera norte.

Tres hechos han evidenciado la crisis del fentanilo en dos países, los Estados Unidos como punto consumidor, y México como punto de origen de la droga: la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, capturado por Fuerzas Armadas a inicios de año, y perseguido en los Estados Unidos por tráfico de drogas, entre ellas, el fentanilo. De hecho, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, son identificados como “los reyes del fentanilo”, droga que producen y que ha originado también una narco-guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, no sólo por los puntos de producción, también por las fronteras para su trasiego hacia los Estados Unidos.

Otro acto relevante es la inclinación del aparato burocrático republicano en los Estados Unidos, en el cual, gobernadores, congresistas, excongresistas, exfuncionarios y otros representantes partidistas y populares, han hecho un llamado (en el preámbulo de una contienda por la Presidencia de los Estados Unidos en el 2024), para que los cárteles de la droga mexicanos sean catalogados como grupos terroristas, y, por lo tanto, se destine presupuesto y acciones gubernamentales para aniquilarlos, sea en territorio del vecino país, o en el de origen, México.

El último notorio hecho que generó punto de encuentro entre ambos países fue la privación ilegal de la libertad de cuatro presuntos turistas norteamericanos, el asesinato de dos de ellos cuyo origen fue un asunto de drogas por parte del Cártel del Golfo, asentado eternamente en el estado de Tamaulipas.

Aun así, con decomisos, con los cárteles mexicanos produciendo fentanilo, con más de 30 mil ejecutados anualmente producto de la narco-guerra, y los señalamientos de autoridades norteamericanas sobre este fenómeno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no, que México no produce ni consume fentanilo, y delega toda la responsabilidad, de un problema binacional a la Unión Americana. Textualmente refirió: “aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos… ¿por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?… ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”. El mismo día que realizó tal declaración, López Obrador procedió a reunirse con la asesora en Seguridad Nacional de la Presidencia de los Estados Unidos, Liz Sherwood-Randall, precisamente para abordar el tema del tráfico de fentanilo.

Después de tal encuentro, que fue hecho público a través de imágenes proporcionadas por la Presidencia de la República, no hubo información sobre los acuerdos tomados para, por un lado, contener a los cárteles de la droga en México, y por otro, frenar el tráfico de fentanilo por los estados y las fronteras mexicanas. Pero los decomisos, como el de Tijuana de 1.8 millones de pastillas de fentanilo, están sucediendo.

Esta semana, el Canciller Marcelo Ebrard viajó a la capital norteamericana, donde dio cátedra al aparato diplomático mexicano para “defender” al país de los ataques de los republicanos, particularmente, y en relación a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país (en ascenso, por cierto), producto de la guerra entre cárteles por el control de territorios y el trasiego de drogas, entre ellas de fentanilo. Fue a defender lo indefendible. México, en realidad, no cuenta con una política antidrogas ni con un plan de contención contra las organizaciones criminales, los traficantes de drogas, los grandes cárteles, y tampoco para aminorar las adicciones internas que ni siquiera contabiliza.

La crisis del fentanilo que afecta a los dos países, subirá de tono en los meses siguientes cuando tanto en México como en Estados Unidos entren en procesos sucesorios presidenciales en el 2024. Sí, le han dado un sesgo político a un problema social de salud y de criminalidad organizada, y lo están haciendo visible, cuando ante un fenómeno binacional, la coordinación debería imperar sobre los intereses de dos partidos políticos en el poder.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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