El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó el 3 de junio de 2026 de forma categórica los señalamientos publicados por el diario Los Angeles Times, que lo vinculan a una investigación del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, y aseguró que no existe ninguna acusación ni investigación en su contra y que su visa estadounidense se encuentra vigente.
En un videomensaje difundido a través de sus redes sociales, Villarreal Anaya calificó los señalamientos del diario californiano como “falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”, y consideró inadmisible que acusaciones de tal gravedad fueran publicadas y difundidas sin exhibir “una sola prueba verificable”. “La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones, presunciones o versiones anónimas”, expresó el mandatario tamaulipeco.
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El gobernador rechazó además cualquier vínculo con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley. Afirmó que no existe “resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México o en Estados Unidos” que respalde los señalamientos del diario estadounidense, y señaló que las versiones publicadas se apoyan en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia. Asimismo, negó haber ingresado a territorio estadounidense con un documento distinto al que legalmente lo acredita para ello.
La jornada del mandatario estatal tamaulipeco resultó atípica: no asistió a la reunión de seguridad habitual que encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo para entregar apoyos en municipios de la zona rural del estado, cuya transmisión no se difundió a través de los canales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en ese tipo de actividades. El subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, confirmó la ausencia de Villarreal Anaya en la mesa de seguridad y calificó los señalamientos en su contra como parte de “una estrategia de desinformación”.
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El Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, también rechazó de manera “categórica y contundente” los señalamientos del diario californiano y los calificó de falsos, publicados “sin una sola prueba”. El vocero estatal los atribuyó a una campaña de infodemia orientada a posicionar una narrativa negativa contra el gobernador.
El reporte del Los Angeles Times, publicado el 3 de junio de 2026, señaló que la investigación contra Villarreal Anaya estaría relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal, conocido como huachicol, y que el gobernador tamaulipeco contaría con un permiso de libertad condicional por beneficio público significativo —denominado en inglés Significant Public Benefit Parole—, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con autoridades en investigaciones o procesos judiciales, razón por la cual funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.
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Frente al escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el mismo 3 de junio de 2026 que Villarreal Anaya y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, deben aclarar ante la opinión pública su situación migratoria, aunque cuestionó la intención política detrás de las acciones de Washington. “¿Qué interés con quitar la visa, y además hacerlo público?”, planteó la mandataria nacional durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde descartó que su Gobierno busque un enfrentamiento con la Administración estadounidense.
Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, es identificado como un corredor estratégico de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos. El caso del gobernador tamaulipeco se inscribe en una escalada de presión que la Administración encabezada por Trump sostiene desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Según reportó la agencia Reuters el 14 de octubre de ese año, el Gobierno de Estados Unidos había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados a Morena.
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