Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) confirmaron, el 3 de junio de 2026, al semanario ZETA de Tijuana que las visas estadounidenses del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, se encuentran efectivamente revocadas en el sistema, contradiciendo las negativas públicas de ambos mandatarios.
Con ellos, suman ya tres los gobernadores morenistas con visa cancelada por el Gobierno de Estados Unidos -encabezado por el presidente Donald Trump-, siguiendo el precedente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también militante de Morena, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025, lo cual fue confirmado por ella misma.
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Las fuentes del DOS de EE. UU. precisaron que tanto Durazo Montaño como Villarreal Anaya conservan físicamente sus documentos migratorios, porque no han intentado cruzar a territorio estadounidense, circunstancia que impide que las autoridades de ese país les retiren el documento físicamente. “Ellos tienen el documento porque no han cruzado para que se los quiten”, señalaron. Esto se equipara a la situación con el precedente de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, quien también sostuvo que su visa sigue vigente, más no hay constancia de haber cruzado la frontera con dicho documento. A su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, también le fue revocado el documento de cruce a los Estados Unidos.
No obstante, las fuentes en el Departamento de Estado de EE. UU. se negaron a revelar el motivo específico de las investigaciones que derivaron en las revocaciones de las visas de los dos gobernadores, pero señalaron que el denominador común es la presunta relación, directa o a través de terceros, entre los funcionarios señalados y el crimen organizado o el narcotráfico. Según las mismas fuentes, la revocación de las visas de ambos mandatarios estatales obedece a la misma causa.
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Las revelaciones de las fuentes del DOS de EE. UU. al semanario ZETA contrastan con las declaraciones que los propios mandatarios realizaron este mismo día. Durazo Montaño afirmó en conferencia de prensa que siempre ha actuado “con integridad y transparencia”, calificó los señalamientos como “una infamia” y “una nota sin fuentes”, y negó que las autoridades estadounidenses le hayan revocado la visa. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su vocero, rechazó los informes del diario Los Angeles Times y los calificó de falsos.
El Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, salió al paso de las acusaciones publicadas el mismo día en el periódico Los Ángeles Times, donde se menciona una supuesta investigación de Estados Unidos contra el gobernador Américo Villarreal Anaya por huachicol fiscal y la presunta anulación de su visa.
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“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, declaró Algarín Hernández, en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. Sin embargo, el mandatario estatal tamaulipeco no asistió ese día a la reunión de seguridad habitual que encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo en municipios rurales del estado, cuya transmisión no se difundió por los canales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en ese tipo de actividades.
Según el reporte del Los Angeles Times publicado el 3 de junio de 2026, la investigación contra Durazo Montaño fue la causa de la revocación de su visa el año anterior, y el mandatario viaja a EE.UU. para recibir tratamiento médico especializado mediante un programa de libertad condicional por beneficio público significativo -conocido en inglés como Significant Public Benefit Parole-, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con las autoridades en investigaciones o procesos judiciales.
En el caso de Villarreal Anaya, el diario indicó que la investigación estaría relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal y que también contaría con ese mismo permiso especial, por lo que funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.
La situación de ambos gobernadores se inscribe en una escalada de presión que la Administración encabezada por el presidente Donald Trump sostiene desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. La agencia Reuters informó el 14 de octubre de 2025 que el Gobierno de EE.UU. ya había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría militantes o ligados a Morena.
El caso más visible antes del actual es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó en mayo de 2025 la cancelación de su visa, al igual que su entonces esposo, Carlos Torres, mientras que la ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal Araceli Brown, se sumó a la lista de morenistas desvisados y, en su caso, investigados por las autoridades del vecino país por vínculos con los cártelee. A esos antecedentes se suma el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico en mayo de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el mismo 3 de junio de 2026 que Durazo Montaño y Villarreal Anaya deben aclarar ante la opinión pública su situación migratoria, y cuestionó la intención política detrás de las acciones de Washington. Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, ha reiterado en diversas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.
Hasta que se hace justicia,,