“Si los hechos están en tu contra, argumenta la ley. Si la ley está en tu contra, argumenta los hechos. Y si la ley y los hechos están en tu contra, golpea la mesa y grita como demonio”.
-Carl Sandburg, escritor estadounidense.
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El “World Justice Project” es una organización civil internacional que a través de foros, estudios y encuestas de opinión busca impulsar la implementación del “Estado de Derecho”como base de desarrollo mundial. La apuesta es relativamente sencilla: lograr que todos los países cuenten con un sistema de leyes, instituciones y compromiso social suficientes, para garantizar responsabilidad hacia su población; donde la ley sea justa, cierta, segura; el gobierno sea abierto, transparente, correcto y eficiente, y la justicia sea accesible e imparcial.
A fin de mostrar el avance o retroceso de los países en la materia, anualmente se presenta un “Índice de Estado de Derecho” (“Rule of Law Index”) que contiene la evaluación y calificación de cada país en relación con la opinión ciudadana respecto a: control del autoritarismo; ausencia de corrupción; derechos fundamentales; orden y seguridad; justicia civil y penal; y transparencia, entre otros temas relacionados.
Y los mexicanos hablaron: en el tablero mundial del 2022, nuestro país se ubicó en el lugar 115 de 140 países. Bajó dos lugares respecto de su posición en el 2021. A nivel regional, México ocupa la deshonrosa posición 27 de 32; se ubicó por debajo de países como Guatemala o El Salvador. ¡Pero le ganamos a Honduras y Venezuela!
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Para rematar, Transparencia Internacional (esa otra organización global mucho más conocida, que exhibe la oscuridad y descomposición gubernamental), en su reciente “ranking” del 2022 le otorgó a nuestro país apenas 31 puntos de 100 a lograr en combate a la corrupción; la misma calificación en tres años consecutivos, la peor en la OCDE y el penúltimo lugar entre las 20 economías más grandes del mundo. En corrupción solo nos ganó Rusia.
México sin Estado de Derecho para soportar su crecimiento y alentar la inversión, para acabar con la impunidad y la desesperanza de los que no tienen justicia, para rescatar a cada vez más regiones del control de la delincuencia organizadas. México con más corruptos, negligentes y farsantes que roban dinero público, trafican influencias y hacen negocios con lo que es de todos los mexicanos.
Hechos y datos duros, contrarios al discurso diario del presidente, de sus legisladores, gobernadores y alcaldes, de la Cuarta Transformación y de Morena. Hechos y datos que exhiben una percepción pública que ya muestra lejanía respecto de la confianza otorgada en el 2018.
Por eso, cuando la verdad los ha alcanzado, cuando no pueden ya contener su ineficiencia y su incapacidad para mantener servicios públicos esenciales en las ciudades; para destinar recursos a obra pública y dotar de infraestructura a las comunidades; para darle educación, escuelas, parques de calidad a los hijos de los trabajadores; para facilitar e impulsar el desarrollo económico de los estados; para darle salud, medicamentos, seguridad pública a las familias mexicanas; para lograr que les alcance el dinero para poquito más a los padres mexicanos, recurren, como el adagio citado, a utilizar el poder y manipular la ley en contra de los que denuncian lo anterior, de los que piensan diferente; de los que integran los otros poderes; de organismos autónomos como el INE; de medios de comunicación; de organismos civiles y empresariales; en contra de todos.
¿Por qué? Porque saben que su retórica ya no es creíble, porque la repetición sin sustento se convierte en engaño; porque lo que se ve es la propaganda y no los resultados, porque convirtieron la promesa, en ilusión de Facebook.
¿Y qué sigue? Desgraciadamente el infierno, porque con la realidad en contra y la ley firme, lo que les queda es voltear la mesa: recurrir no solo a la polarización, sino al enfrentamiento, a la radicalización, sin importarles el país, únicamente su proyecto, sus prebendas. El gobierno no como fuente de servicio público, sino como ejército de siervos a su gracia. Es por ello que llegó el momento de compartir la palabra, la verdad, los hechos; confiar en la ley, defender a sus instituciones y sostenernos brazo con brazo ante el embate que viene, porque hoy la esperanza dejó de ser slogan del totalitario, para volver a estar al alcance ciudadano.
Héctor R. Ibarra Calvo es mexicalense, abogado postulante y catedrático de Amparo en Cetys Universidad. Regidor en el XXII y XXIII Ayuntamiento de Mexicali.
Correo: hectoribarra@idlegal.com.mx Twitter: @ibarracalvo
