Alrededor de 200 mil viviendas carecen de certeza jurídica en Baja California. A nivel nacional, el número de inmuebles en estas condiciones suma 5 millones, señaló César del Pardo Escalante, dirigente de la Central Unitaria de Vivienda.
En el estado 4.2 de 10 viviendas no tiene certeza jurídica, en gran medida debido al modelo de créditos “especulativos” del Infonavit, en el que si préstamo financiero es de 30 años, los primeros 10 el derechohabiente paga solamente intereses, y los 20 años subsecuentes se van a sufragar la vivienda.
Es un sistema especulativo, lo que se conoce como los créditos subprime, en el que si alguien tiene una mensualidad de 3 mil 500 pesos, al año paga 42 mil pesos de intereses. En diez años 420 mil pesos, de puros intereses, lo que vale la vivienda, “porque son créditos muy caros y largos”.
A decir del entrevistado, 78% de los créditos que da el Infonavit son abandonados. Y aun cuando los créditos sean cambiados de Veces al Salario Mínimo (VSM) a pesos como se está haciendo en la actual administración persistirá el abandono de los derechohabientes, debido a la alta movilidad de personas que entran y salen de la formalidad laboral.
En entrevista con ZETA, Del Pardo Escalante afirmó que pese al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue habiendo desalojos.
“AMLO dijo que no iba a haber desalojos (…) Dijo que no iba a haber subastas. Ante los ojos del mundo parecía que por fin había un acto de reorganización urbana en el país, pero resulta que fue mentira, porque sí hay desalojos y hay un mecanismo más fácil para que los especuladores adquieran las viviendas”, mediante cartas poder notariada y las cesiones de derecho.
“El problema es que estamos peor que antes y el conflicto de la vivienda lo están trasladando a una confrontación de calle, por eso los habitantes de la colonia Urbi cuando llegue el actuario a querer desalojar los propios habitantes no los van a dejar porque tienen un sentido de pertenencia”, dijo el activista de la organización que promueve que las casas abandonadas invadidas sean subastadas por sus posesionarios irregulares, con plazos e intereses flexibles.
