El diputado del Partido Acción Nacional, Juan Diego Echevarría Ibarra, presentará denuncias contra exfuncionarios y funcionarios actuales involucrados en la contratación irregular de la empresa ROMAFAM S.A. de C.V. (también conocida como Fisamex) a la que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez pagó 354 millones 34 mil 28 pesos.
Echevarría Ibarra aseguró que las sendas denuncias que presentará en los próximos días ante la Fiscalía General del Estado (FGE) serán por la presunta comisión de los delitos de coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, y daño patrimonial independientemente de las investigaciones que lleve a cabo la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHFP).
“Tengo fe en que van actuar conforme a derecho, a las leyes, que sí va a haber justicia, que sí van a aplicar las sanciones correspondientes a los involucrados sobre la contratación de esta empresa”, dijo en entrevista con ZETA.
Confirmó que el 15 de febrero pasado la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió el Informe Específico de la Auditoría sobre el caso Fisamex, elaborado por la Auditoría Superior del Estado. De éste se desprenden diversas observaciones que deberán informarse a los órganos de Control Interno de las comisiones operadoras del agua (CESPT, CESPM, Cespt, CESPE) para que los anexen a sus respectivos expedientes internos y los agreguen a sus cuentas públicas 2020 y 2021.
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El Informe de la Auditoría Superior del Estado confirma que además de ser “ilegal” la contratación de esa empresa, “no se justificaba”, “no era necesaria”, ya que los propios empleados de las Comisiones podían prestar ese servicio, estaban facultados para ello, y terminaron haciéndolo, señaló el legislador.
Echevarría Ibarra aseguró que está de acuerdo con que quien debe agua la pague, pero observó que en el caso de Fisamex el problema fueron “las formas en cómo lo hicieron, porque lo que buscaron fue enriquecerse de manera ilegal utilizando el agua como un medio de coacción, utilizando los puestos públicos para enriquecerse de manera ilegal algunos funcionarios. Eso es en lo que estamos en contra”.
Los resultados de la ASE también señalan que “no encontraron evidencia de que Fisamex haya prestado un servicio en campo, nada más fue de escritorio y Fisamex se supone que no lo contrataron para eso. Nada más calcularon en un papelito y te cobraron 354 millones de pesos, que es el 20% de los mil 810 millones de pesos” recaudados mediante dichos dictámenes.
Del monto total recaudado la mayor parte corresponde a Tijuana con mil 379 millones 475 mil 879 pesos; seguida por Mexicali con 269 millones 227 mil 961 pesos; después en Ensenada, 101 millones 867 mil 449 pesos; y Tecate, 60 millones 400 mil 583 pesos, precisó.
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Lo “alarmante” es que mientras el gobierno ha devuelto dinero por amparos ganados por los usuarios auditados por Fisamex, la empresa no ha regresado ni un solo peso. “Hay presunta responsabilidad de daño patrimonial porque no se establecieron en los contratos las fianzas, garantías, donde se estableciera que si por medio de algún juicio que se perdiera iban a regresar el dinero a los usuarios el porcentaje que le tocaba a la empresa también lo tenía que regresar, que era el 20%”, agregó.
En ese sentido, resaltó que 239 millones 103 mil 551 pesos fueron impugnados por los contribuyentes. De ese monto, el gobierno del Estado ya devolvió 105 millones 573 mil 966 pesos. Mientras está en espera de resolverse amparos y revisiones de estos por más de 56 millones de pesos.
El diputado blanquiazul comentó que, a las irregularidades la contratación y el trabajo desempeñado por Fisamex se suma la manera irregular, también por adjudicación directa, de cómo se gastó los mil 810 millones de pesos obtenidos mediante esos dictámenes.
La mayor parte (mil 100 mdp) se ejercieron por adjudicación directa, y una gran parte se fue a gasto corriente y a la limpieza del Río Tijuana.
