Tanto el gobierno de Bonilla Valdez, como el de Ávila Olmeda, han demostrado que hasta los proyectos más sociales los impulsan con una ideología de derecha y privatizadora
A veces los gobiernos son como las aguas del Chavo del 8: es de jamaica, parece de limón, pero sabe a tamarindo. Así, las administraciones morenistas se dicen de izquierda, parecen de izquierda, pero son de derecha… al menos en Baja California.
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Uno de los estandartes de la política social del exgobernador Jaime Bonilla Valdez y extendido en la gestión de Marina Ávila Olmeda, lo son los desayunos escolares. “Pancita llena, corazón contento”, le llama la gobernadora. El proyecto contempla la entrega de 300 mil desayunos escolares a las infancias de educación básica, obligación que se elevó a rango constitucional en el 2020.
Parece de izquierda, pero es de derecha, pues en lugar de crear una base comunitaria de autoempleo a padres y madres de familia -o a personas de la comunidad- para atender las necesidades de alimentación balanceada y supervisada de niñas y niños, se concesionó tal servicio a la empresa AB Alimentos (sonorenses dueños del restaurante Quiriego, en la Capital del Estado) para la preparación y distribución de los desayunos, con un cargo al erario de más de mil millones de pesos anuales.
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Otro ejemplo son los centros de salud móviles, los cuales presumen llevar servicios médicos a las comunidades más alejadas, mediante la renta de una caravana de vehículos equipados para ofrecer laboratorios, mastografías, atención dental, etcétera.
Parece de izquierda porque brinda atención a los más necesitados, pero la Secretaría de Salud, dirigida por Adrián Medina, otorgó contratos que superan los dos mil millones de pesos -al cierre de la administración-, a la empresa Grupo COCEI, propiedad de Fernando Padilla Farfán, uno de los amigos y financieros del líder del grupo Tabasco, Adán Augusto López Hernández, amigo del expresidente López Obrador.
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En lugar de impulsar el IMSS Bienestar, o de construir centros de salud de planta en las comunidades alejadas, y crear vínculos con escuelas y asambleas ciudadanas para anunciar sus servicios, el Estado concesionó el servicio de salud en favor de una empresa privada de dudosa procedencia y con ganancias millonarias.
El argumento era el prolongado tiempo y costo de construcción, cuando cada centro de salud costaba un mínimo de 20 millones de pesos, y perduraría más allá del sexenio. A esto se le suma la renta de las Clínicas del Bienestar, que básicamente son centros de salud estacionales concesionados a Grupo COCEI.
La concesión a empresas para la alimentación de internos en el CERESO entra en el mismo parámetro, pues en lugar de que hubiera una autogestión para la preparación de alimentos dentro de los centros, el Estado paga a una empresa privada para hacer lo propio.
El broche de oro de la política morenista de Baja California de acciones de derecha que se disfrazan de izquierda, es la de las Becas del Bienestar a CETYS Universidad, una institución de la que nadie cuestiona su prestigio, pero cuyo impacto a la movilidad social es marginal.
En el discurso parecería que una beca educativa representa una visión social, pero la realidad es que no es el gobierno el que elige a quien becar, sino la convocatoria revisada por CETYS, de quien se ha demostrado -mediante reportajes- que ha otorgado apoyos a familias que pueden costear la educación privada, a hijos de funcionarios estatales y hasta de jóvenes que cursan su segunda carrera. En sí, los gobiernos morenistas usaron la palabra izquierda para convencer, pero la mano derecha para ejercer. Es importante lo ideológico y las acciones… a menos que la única intención era otorgar contratos corruptos (que también podría ser otra explicación).
