La reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, traerá un grande desafío para el Instituto Estatal Electoral de Baja California en caso de entrar en vigor, pues contempla la concentración de doce áreas del IEE en una sola dirección, refirió el presidente del organismo, Luis Alberto Hernández Morales.
El área jurídica, la administrativa, la contenciosa, así como la relativa a financiamiento de fuerzas políticas, entre otras, podrían pasar a concentrarse en una “dirección jurídica de administración y de partidos”, según detalló el presidente del Consejo General de la institución.
Esa disposición está contemplada para aplicar a todos los Organismos Públicos Locales Electorales; de ahí que siempre y cuando se publique la enmienda, esta impactaría al Instituto Estatal Electoral; recalcó Hernández Morales.
A mediados de diciembre de 2022 el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron sucesivamente la iniciativa de reforma, justo antes de finalizar el primer período de sesiones del segundo año de la presente Legislatura. “Hay toda una discusión de si esta norma va a entrar en vigor o no porque en específico, públicamente el titular del Ejecutivo (Andrés Manuel López Obrador) ya señaló que no está de acuerdo con unas partes, lo cual abre, entendería, la posibilidad de que se vete”, indicó Hernández Morales.
Asentó que a diferencia del Instituto Nacional Electoral, en cuyo caso la reforma traería “un cambio sustantivo” con una reestructuración que implica entre otros aspectos reducir las vocalías de las Juntas Locales de cinco a una, el IEE no tiene dispuesto emprender acciones jurídicas.
“Me parece que en el caso del INE ellos ya adelantaron que traen una ruta. Nosotros vamos a estar expectantes de si finalmente esta ley entra en vigor. Si hay algo que nos afecte, lo vamos a hacer valer. Ese es en este momento el posicionamiento de la autoridad”, estableció. “Ya se valorará y dentro del plazo que marca la ley si es prudente impugnar o no”, añadió.
Siempre y cuando, en opinión de “los técnicos” del Instituto, la operación del organismo se viera comprometida, “haremos valer los recursos que sean procedentes”, puntualizó el consejero presidente.
Asumió que en dado caso “la clave” para hacerle frente a las modificaciones radicará en recurrir al Congreso del Estado en el ánimo de modificar la ley y constituir nuevas áreas en las que se distribuya parte el trabajo que pudiera condensarse en una sola dirección.
“Lo que nosotros buscaríamos con el Congreso es explicarles la importancia de que la ley local nos dé unos parámetros que nos permitan trabajar. En realidad a nosotros no nos preocupa la estructura, o sea que sean áreas con un titular o que sea una dirección y sean subdirecciones. Lo que nos preocupa es la responsabilidad de estas personas”, manifestó.
“Nuestra preocupación sería que la ley local una vez esta iniciativa se convierta en ley, permita que personas diversas, en este caso los subdirectores sean los secretarios técnicos, porque encargarle a una persona que haga el trabajo que actualmente hacen 12 ahí sí sería un problema”, mencionó.
Observó que para cualquier ajuste tendría que hacerse “a más tardar el 3 de septiembre”, pues la Constitución general así como la iniciativa marcan que las modificaciones en materia electoral deben proceder 90 días antes del periodo comicial y en este caso “el proceso inicia en diciembre”.
Hernández Morales estuvo como invitado especial sesión celebrada el 18 de enero por el grupo Unidos por Tijuana, integrado por profesionistas y figuras identificadas con diferentes expresiones políticas.
“En este momento lo único es, (que) tenemos una valoración preliminar de lo que plantea la ley general y en esa valoración preliminar la realidad es que la carga de cualquier ajuste está en el Congreso (local)”, remató.
