Una de las peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus recorridos por el sur de Baja California es que las autoridades hablen las lenguas originarias para que las comunidades puedan denunciar, defenderse y dar seguimiento a sus casos.
Traductores de lenguas originarias en la Fiscalía General del Estado y áreas de procuración de justicia es lo que contempla la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que actualmente se gesta a nivel nacional y que facultaría a los Estados a proponer y aprobar leyes para hacer más accesibles los derechos a las comunidades vulnerables de México.
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En Baja California, el problema del dominio de lenguas originarias mantiene en desigualdad a la población en las zonas agrícolas como San Quintín, en donde pueblos originarios no pueden defenderse por la barrera del lenguaje. Entonces la ley podría obligar a las autoridades a tener traductores o funcionarios hablantes de alguna de las cuatro lenguas: mixteca baja, mixteca alta, triqui y zapoteco.
“Nos regresamos al Valle de San Quintín. La problemática que se enfrenta con el sector salud es que cuando nuestras paisanas se enfrentan a una situación médica, uno, los malos tratos que tienen, y otro, que no les entienden y que les dicen: ‘Bueno, pues hasta que te entendamos, te vamos a atender, ¿no?’. Yo creo que eso es inhumano y propiamente la presidenta ha estado correteando justamente que las instituciones cuenten con traductores”, expresó la legisladora local Evelyn Sánchez.
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Pero la obligación sería en todas las áreas de impartición de justicia, dijo: “los traductores en las instituciones, desde el poder judicial, desde las fiscalías y en los temas municipales. Ahí es el principal que tiene que articular en todo el país porque, si bien cuando sufren una serie de violaciones a sus derechos en temas de salud o laborales no hay quien intervenga, y por eso muchas personas están dentro de este cumpliendo condenas de forma injusta”, expresó.
La propuesta de ley se podría materializar en noviembre de 2026 tras encuestas y procesos en comisiones, y contempla regular a los representantes populares, ya que actualmente hay abusos por todos los partidos políticos que simulan o se hacen pasar por integrantes de pueblos indígenas para lograr espacios destinados a las minorías.
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“Ha habido una serie de violaciones de personajes de diferentes fuerzas políticas que han presentado en los comicios electorales a personas que no son indígenas y viene a violar sus propios derechos políticos. En Baja California ya lo legislamos hace dos años y ya tenemos 11 regidores indígenas, justamente adelantándonos a esto, que es el impacto que ha sucedido en todo el país, y es lo primero que tendrían que hacer los congresos locales”, dijo la diputada Sánchez.
La intención es que en cada Estado haya regulaciones para reconocer la organización política interna de cada comunidad originaria, “que las autoridades tradicionales, que se respete sus propias autoridades tradicionales, y lo traemos a colación en Baja California: primero, que las instituciones puedan respetar sus usos y costumbres; segundo, la propia autoridad, porque ellos se rigen bajo asambleas para poder llegar a consensos y después aterrizar a las instituciones”, expresó.
