Regresan extorsiones del CAF

Edición Impresa lunes, 1 agosto, 2022 12:00 PM

Narcomenudistas y halcones de David López Jiménez,

operador del Cártel Arellano Félix, cobran piso y

aterrorizan a comerciantes en Tijuana: “Si quieren

seguir trabajando, aquí van a pagar plaza”, advierten

mientras amenazan la seguridad de sus familias.

Frente a la impunidad, víctimas se niegan a denunciar

ante FGE; en casi tres años, únicamente tres

extorsionadores han sido condenados. Autoridades

piden a afectados denunciar de manera anónima para

no correr riesgos

 Mientras Pablo Edwin Huerta Nuño, cabecilla del Cártel Arellano Félix (CAF), manda órdenes desde Sinaloa, criminales al servicio de su operador, David López Jiménez “Lobo”, se están dedicando a aterrorizar, extorsionar y cobrar piso a comerciantes en Tijuana.

Existen grabaciones de las instrucciones para cometer el delito y víctimas que han reconocido a los criminales, algunos detenidos en semanas recientes.

En menor cuantía, este delito también está siendo cometido por criminales al servicio Rodolfo López Arellano “Cabo 30”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y un sujeto hasta ahora sólo identificado como “El Prieto”, de la célula Los Uriarte del Cártel de Sinaloa, con operatividad en la Zona Este tijuanense.

La información fue obtenida por las autoridades de la Mesa de Coordinación en el seguimiento de carpetas de investigación por narcomenudeo y asesinato.

“A la fecha ninguno de los casos de extorsión ha resultado en homicidio”, aseguró un investigador, “pero no sabemos porque no nos informan”, reclamó por su parte un comerciante.

Algunas de esas amenazas ante la falta de pago resultaron en vandalismo, como sucedió a una tienda de abarrotes en la delegación Las Huertas, a la que en mayo le lanzaron una bomba molotov en la puerta; lo mismo pasó en un restaurante en Zona Río en abril; o la mano de un cadáver que dejaron al frente de una tortillería de la colonia Sánchez Taboada en marzo.

En algunos casos, se trata de delincuentes menores que venden droga o sirven de “vigilantes” para los narcomenudistas que ven la oportunidad de hacer dinero. “Cuando detienen a sus jefes andan cortos de dinero y se van por la extorsión”, comentó un policía.

“Ahorita cuando tengas al ‘Beni’ me dices, ya se acabó andar tumbando, andar cobrándole piso a los…itos que lo hacía ‘El Beni’, ‘El Primo’; ya ‘El Primo’ no le va a dar órdenes, si algo quiere hace ‘El Beni’ te tiene que decir a ti. Si tú vas hacer algo me avisas”, se escucha en un audio localizado en el teléfono de un criminal masculino, recientemente capturado en Sánchez Taboada. Quien recibía la orden era una mujer.

“Si quieren seguir trabajando, aquí van a pagar plaza”, es la amenaza que han recibido algunos comerciantes de Zona Río y Playas de Tijuana, Sánchez Taboada, La Mesa -inmediaciones del crucero “5 y 10”-, Colonia Presidentes, las delegaciones San Antonio de los Buenos y Los Pinos, principalmente en las decenas de colonias en la Zona Este de la ciudad.

“Si en la zona blindada ya es de lo más común que nos encontremos con un evento de alto impacto, imagina allá donde todos los días los roban, hay este tipo de hechos, abunda el narcomenudeo, la violencia familiar. Todo esto es una receta para el desastre”, expuso un representante de comerciantes.

 

MODUS OPERANDI

“No andamos jugando, vieja pendeja, va a chingar a su madre, no hagas ninguna pendejada, vas a mam… con todo y tu pinche negocio”, son algunas de las advertencias para que no denuncien.

Les piden desde 500 pesos, 5 mil pesos, 20 mil pesos, mil dólares o más, por semana, quincena o mensuales. “Tienen una idea bastante real de las ganancias de sus víctimas”, refirieron desde las cámaras empresariales.

Recogen el dinero en efectivo, pero a veces les dan un número de cuenta para depositar.

Los afectados han sido en su mayoría dueños de tiendas de abarrotes, también de ferreterías, taquerías, salones de fiesta, tiendas de ropa, tortillerías e incluso restaurantes.

Los cobradores a veces llegan al negocio con un celular, exigiéndole a la víctima que responda, o dejan sea un pedazo de papel o una cartulina, a veces en el mostrador o pegado a la puerta de acceso al negocio. En algunos casos, los menos, son más violentos, acompañan los mensajes con una corona de flores, un fragmento pequeño de cuerpo humano o una bomba molotov.

Usualmente los cobradores son hombres jóvenes, pero también han sido detenidas en flagrancia mujeres jóvenes y adultas de entre 40 y 50 años.

A veces son personas bien vestidas, en su mayoría sujetos en pantalones de mezclilla y camiseta negras, con gorra para cubrirse de las cámaras y con cubre bocas. En fechas recientes, se hacen acompañar de otro delincuente que toma video como prueba con un celular mientras su cómplice entrega el mensaje de terror.

Como las víctimas no denuncian, sólo en una colonia, las autoridades detectaron que un grupo dejó hasta cinco mensajes en una zona, salían de un negocio y entraban a otro en cuestión de minutos.

En los pocos casos en que la adrenalina ha motivado a los empleados de los comercios a denunciar casi de manera inmediata con los policías de los distritos, los dueños o gerentes de los negocios se niegan a ratificar las denuncia, “sea por miedo o porque los han amenazado”, detalló un uniformado.

“Sabemos que, en algunos casos, al extorsionar están tratando de responsabilizar al cártel contrario, porque se equivocan; por ejemplos ponen CNJG en lugar de CJNG, o escriben ‘Cabo 20’ de Sinaloa cuando se sabe que es de Jalisco. Al ser detenidos, revisamos sus antecedentes y sabemos con cual mafia delinquen y es distinta”, detalló un elemento policiaco.

“LOS DUEÑOS DE LA PLAZA”

Aunque en la mayoría de los casos no existen denuncias oficiales ni carpetas de investigación, las capturas en flagrancia y los reportes de las cartulinas y papeles con amenazas, muestran que el delito se comete de manera permanente. Los extorsionadores, que en los mensajes se autonombran “Los dueños de la plaza”, han sido detenidos y procesados por otros cargos.

“Yo trabajo para el CAF y mi función es entregar cartas a los negocios para cobrar piso de 20 mil por mes, a mi jefe le dicen ‘El Tingui’”, dijo Felipe de Jesús Rangel Gutiérrez el 15 de febrero, al ser detenido en Los Pinos junto con Kevin Miranda Carpinteiro y Ulises Elías Ceceña Vázquez, pero fueron procesados por delitos contra la salud.

La tarde del lunes 28 de marzo, el michoacano Isidro Alcalá Oros -19 años- llegó a las calles Emiliano Zapata y Revolución de la Zona Centro a un negocio de venta de ropa, iba completamente drogado. Estaban la esposa y el hijo del dueño. El sujeto -quien radicaba en la colonia Sánchez Taboada- exigió a la mujer “los 20 mil pesos que habían quedado de entregar por el cobro de piso”, iba armado y los amenazó. Cuando la víctima le respondió que no tenía ese dinero, ni sabía de qué le hablaba.

Agentes municipales del operativo Comercio Seguro que patrullaban la zona, observaron el crimen que catalogaron como asalto a mano armada. Se acercaron, le apuntaron y ordenaron bajar el arma, pero les disparó y tomó a las víctimas de rehenes, así que llamaron a los Grupos Especiales, “quienes con el apoyo del dron Águila 5 de la corporación, esperaron el momento adecuado para ingresar al local, con equipo táctico y escudos especiales, debido a que dentro del establecimiento también se encontraba una mujer”.

Alcalá fue procesado por “robo con violencia y detonaciones de arma de fuego”.

Otro grupo de cuatro extorsionadores fue detenido el 23 de junio en la colonia Sánchez Taboada, pero Fernando Hernández Parra “El Fer”, Miguel Ángel Leyva Beltrán “El Pelón”, Gerson Cortés Morales y Víctor Morales Esparza -cuyos alias son “El Nery”, “Prideck”, “Fide” y/o “Flaco” fueron procesados por narcomenudeo, pues al ser aprehendidos, estaban en posesión de 13 envoltorios de la droga conocida como cristal.

Hay registros de capturas de otros extorsionadores en abril y mayo, la más reciente el 27 de julio en Playas de Tijuana, pero quedaron en libertad porque las denuncias no se ratificaron y no estaban cometiendo otros delitos.

 

IMPUNIDAD Y TEMOR

“Hay una sensación generalizada de que no pasa nada con lo que denuncias. Todos los días estamos viendo casos de impunidad, ese es el problema. El delincuente se convence y vive esa realidad de que todo lo que haga no será castigado, y en ese convencimiento amenaza -extorsiona- a la víctima”, manifestó Gina Villalobos González, presidente de la Cámara Nacional de Comercios Pequeños (Canacope) en Tijuana, quien expuso el tema de las extorsiones en el mes que concluye.

“Nosotros no creemos que sean de alguna mafia, no tiene que serlo, dicen algunas siglas para que la gente se asuste más, pero al final las víctimas no saben cuál sí es o cuál no es, sólo que el delincuente está ahí cerca de ellos, que a veces es el ratero de la colonia, y por eso ven la amenaza realizable”, porque algunos maleantes llegan con mucha información de las víctimas y sus hijos.

“No importa que tengas cámaras, ni siquiera se cubren, ya saben que no va a servir para nada el video, que va a ser muy difícil que sean sometidos a un proceso, y aun judicializados y sentenciados, pueden obtener una sustitución de la pena o la suspensión”, explicó Villalobos.

En ese contexto, aquellos que no pueden cerrar (temporal o definitivamente) o traspasar los negocios, tienen compromisos económicos por cumplir, o construyeron sus comercios al frente de sus casas y no pueden huir, se ven obligados a pagar y tratar de mantener la paz con los delincuentes.

“Lo lamentable es que no le vemos la manera de que se pueda solucionar sin que haya una participación activa de la ciudadanía en cuanto a las denuncias, que es donde la gente ve más comprometida su seguridad. No está en nuestras manos ni siquiera animarlos, sería una irresponsabilidad de nuestra parte, por lo que estamos viendo”, agregó la lideresa de los pequeños comerciantes.

“No es algo que vayamos a resolver con más patrullas ni con más personal en C4, creo es un problema multifactorial, la solución tendría que ser transversal y abarcar todo el aparato de los tres niveles de gobierno y cada instancia que imparte justicia”, concluyó.

INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA

El fiscal general del Estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio, solicitó el apoyo de la ciudadanía con la denuncia. Destacó que el operativo Alfa-Sigma, desarrollado en junio en la colonia Sánchez Taboada, incluyó sacar de circulación a una célula criminal que además de otros delitos, estaba realizando extorsiones a comercios en toda Tijuana.

Se refirió a gran parte de la célula encabezada por Rubén Duarte Roque “El R” y Belén Gil Rivera “La Naine”, narcomenudista al servicio del CAF y de “El Cabo 20”; sin embargo, fueron procesados por otros delitos.

Los casos de extorsión judicializados de manera más reciente por la Fiscalía General del Estado (FGE) no fueron a comercios: uno data de 2020, en el que Martha Liliana Estrada Arellano pidió a la hermana de un joven desaparecido en enero del mismo año, 9 mil pesos a cambio de darle información por el paradero; y el segundo, el joven Adrián Omar sometió, detuvo y entregó a Librado Meza Barrón, quien le había robado su iPhone en el bar La Cantinera en Ensenada, y minutos después lo citó en Avenida Delante para entregárselo, exigiéndole a cambio 5 mil pesos.

De acuerdo con la FGE, entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2022, en Baja California se recibieron 323 denuncias de extorsión telefónica y 43 de cobro de piso: 37 en Tijuana, cuatro en Ensenada y dos en Mexicali.

Conforme a las estadísticas del Poder Judicial, en 32 meses de morenismo en BC, entre el 1 de noviembre de 2019 y el 26 de julio de 2022, se han judicializado 23 carpetas por el delito de extorsión, 20 continúan en proceso y en tres la FGE obtuvo sentencia absolutoria, lo cual revela el bajo índice de justicia.

 

ADMITIR EL PROBLEMA Y PEDIR QUE DENUNCIEN

La extorsión “…está pasando, desde que llegamos -1 de octubre de 2021- recibimos la información de las cámaras en ese sentido y no se han detenido, como autoridades debemos empezar por reconocerlo y pedirle a la ciudadanía que denuncie, que lo haga de manera anónima”, expresaría Fernando Sánchez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana.

“Está el número 089, está certificado, no se graba la llamada, también están los números telefónicos 664-685-0297, 664-636-6897 o el correo electrónico denuncia.2zm@sedena.gob.mx Si denuncian, implementamos un operativo y los vamos a agarrar, queremos que vea resultados para que continúen denunciando. Las autoridades no podemos actuar si no sabemos” exhortó el funcionario.

 

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