ZETA solicitó el posicionamiento de gobierno de Baja California tras informar y publicar un video que evidenció acciones de brutalidad y omisión al interior del albergue temporal del DIF-BC en Tijuana, y exponer las condiciones de hacinamiento, inseguridad y descuido que padecen los menores institucionalizados, y el estado tardó alrededor de 12 horas en responder.
Lo hicieron a través de un boletín del DIF-Estatal, la dependencia aseguró que el video publicado, donde se observa a dos jóvenes agredir a otra en presencia de cuidadores, es de octubre de 2021 y no de julio de este año.
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Escucha: Brutalidad en el DIF de Baja California: Podcast.
A través de un comunicado, Mónica Vargas Núñez, directora de DIF estatal, señaló que los adultos a cargo de los menores en el video fueron investigados y los responsables están en proceso de ser sancionados.
“Los tres responsables de lo sucedido se encuentran bajo proceso en el órgano interno de control de la institución, por lo que serán sancionados conforme a la norma. Dicha investigación no ha sido pública para no afectar a las víctimas, ni el proceso de investigación
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“Tenemos que decir que los tres responsables en estos lamentables acontecimientos se encuentran bajo proceso de sanción y enfrentarán las consecuencias de sus actos. Contamos con evidencia contundente en nuestros archivos de que los hechos corresponden a la anterior administración”, reza el texto.
Previamente, Ricardo Iván Carpio Sánchez, Fiscal General del Estado, informó que ordenó una búsqueda electrónica de la denuncia de los hechos antes mencionados y no encontró, salvo un expediente que data del año 2020 y es por tortura y abuso, misma que sigue en proceso. Por lo que iniciaron una carpeta por el video.
A la pregunta específica de si el personal y los directivos de DIF tenían la obligación de informar de la riña y de la menor lesionada, Carpio Sánchez concluyó que de conformarse el delito, cualquier persona que tenga conocimiento de ello tiene la obligación de denunciarlo.
Por los mismos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó al DIF del Estado implementar nueve medidas para la protección de niños, niñas y adolescentes en los albergues.
Entre ellas destaca el reforzar las medidas de seguridad al interior de los mismos; dirigir una circular al personal recodándoles sus funciones y limitaciones; proporcionar los servicios de salud necesarios y brindar atención sicológica a quien resulte pertinente.
Además de informar a los padres de familia de los adolescentes involucrados en las revueltas; separar temporalmente por grupos etarios a los niños, niñas y adolescentes, establecer un mecanismo de diálogo con los menores que hicieron destrozos de instalaciones y restablecer las condiciones generales de las áreas en las que se encuentran los menores, para garantizar su integridad.
