Erwin Aréizaga, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), informó que su responsabilidad culminó cuando emitieron la clausura definitiva de la clínica Jerusalem, el pasado 20 de abril.
El pasado 6 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación en contra de la clínica, por haber roto los sellos interpuestos por la Coepris desde el 31 de enero, y posteriormente, por la misma FGE el 31 de marzo.
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Cabe recordar que el pasado 4 de julio, María José Chacón Herrera, esposa del cónsul de Guatemala en Denver, Colorado, murió en las instalaciones de la Cruz Roja, tras una cirugía estética realizada en dicha clínica.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, la paciente murió por tromboembolia pulmonar y embolismo graso, y el cuerpo se mantiene en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en espera de que se realicen las indagatorias correspondientes por parte de la FGE.
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Aréizaga comentó en entrevista que después de la primera suspensión, se dio un periodo para que los dueños de la clínica pusieran en orden sus irregularidades –falta de licencias, permisos, uso de medicamentos exclusivos de hospitales y personal con cédula profesional-, el cual constó de un mes, sin embargo, al no resolverlo, fueron ellos mismos los que rompieron los sellos.
El 4 de marzo la Coepris dio aviso a la FGE, quien procedió a volverlos a clausurar el 31 del mismo mes, pero una vez más, la Clínica Jerusalem volvió a romper los sellos.
El 20 de abril, la Coepris clausuró de manera definitiva la clínica antes mencionada, y ahí terminó su jurisdicción, afirmó el titular de Coepris.
Agregó que se cumplió con el protocolo de dar aviso a las autoridades correspondientes desde la primera vez que se rompieron los sellos, sin embargo “una vez que nosotros hacemos la clausura definitiva, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, el resto de la investigación ya le corresponde a otras instancias”.
Adrián Murillo, consejero del Clúster Baja Health, señaló que este es un duro golpe para el turismo médico de la región, pues Baja California es líder en tratamientos odontológicos, así como de cirugías plásticas.
Sin embargo, lo ocurrido saca a la luz los vacíos legales que existen para que médicos no capacitados realicen este tipo de procedimientos a un costo muy bajo y sin asumir la responsabilidad mínima ante una complicación.
ZETA intentó entrevistar a los responsables de la clínica Jerusalem, sin embargo, los teléfonos se encuentran apagados y/o desconectados.
