Según abogados, no existe tabulador para establecer el cobro de notarios. De acuerdo a notario y diputado, sí existe desde 1990. Baja California, en lugar 25, con menos competitividad notarial: IMCO
El recurso interpuesto ante la justicia federal contra el Notario Número 1 de Mexicali, Héctor Manuel Acosta Moreno, ha llevado al debate el desempeño y los cobros de la actividad notarial en Baja California, considerada por el abogado Elías Flores Gallegos, una de las más caras del país, y asegura que el gremio encargado de dar fe pública, se ha enriquecido a costa de los ciudadanos.
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El sector notarial de Baja California pocas veces es molestado o cuestionado por su desempeño. De hecho, incluso es poco frecuente que se expongan ante los medios de comunicación o al cuestionamiento de la sociedad, cuando según el diputado Juan Manuel Molina García, su labor es prácticamente una concesión del Estado para otorgar un servicio público a los ciudadanos.
ZETA tuvo acceso al amparo presentado por parte del despacho Flores Gallegos, SC, en el cual se narra que, en febrero, un ciudadano acudió a la Notaría Número 1 de Mexicali -dirigida por el abogado Héctor Manuel Acosta Moreno, quien despacha desde la Zona Dorada de la Capital del Estado-, con la intención de iniciar el procedimiento de donación “pura, simple y gratuita” de un terreno de 2,505.96 metros cuadrados, con clave catastral LM-015-000, localizado en la colonia Adolfo López Mateos, en favor de un familiar.
Luego de unas semanas de trámite, el 28 de abril, la Notaría 1 otorgó toda la documentación y emitió una factura derivada de los servicios ofertados por 79 mil 369.11 pesos. Es decir, por ceder la propiedad de un inmueble donde el donante recibiría beneficio alguno, se vio obligado a desembolsar casi 80 mil pesos.
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A raíz de esta inconformidad, se inició demanda de amparo con número de expediente 723/2022.
El abogado Elías Flores Gallegos refirió que, tras una revisión la Ley de Notariado de Baja California, se dieron cuenta que -según su dicho- el arancel con el que cobran los encargados de otorgar fe pública, no está vigente desde 2015, cuando se presentó una reforma en torno a la actividad notarial del Estado, entre estas, el cobro “con sentido social” al que se ven obligados los patentados.
En su informe Índice de Competitividad de 2022, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en el apartado Sistema de derecho confiable y objetivo, establece una serie de factores a evaluar en torno a la materia y, de acuerdo a su análisis, Baja California se encuentra en el lugar 25 de 32, de las entidades con menos competitividad en el gremio notarial, a lo que a juicio del diputado Molina y de Flores Gallegos, se debe al reducido número de notarios, pues la Ley indica que debe haber un patentado por cada 40 mil habitantes y actualmente hay uno por cada 100 mil.
CONGRESO Y ESTADO OMITIERON ESTABLECER ARANCEL NOTARIAL: ABOGADO
El abogado Alejandro Krauss Arguiles, es el encargado de llevar la batalla legal por parte del despacho Flores Gallegos. El análisis jurídico realizado por el bufete de letrados llegó a la conclusión de que, en mayo de 2015, se expidió una reforma a la Ley de Notariado de Baja California, donde se estableció una serie de candados para “frenar” algunos malos vicios de la actividad notarial, como la entrega hereditaria de patentes, además de imponer la obligación de que se cuente con un notario por cada 100 mil habitantes.
Uno de los puntos establecidos en el Artículo 200 de la Ley de Notariado de Baja California en torno a las remuneraciones, refiere que los servicios ofrecidos por los notarios se cobrarán con base en los aranceles establecidos por el Poder Ejecutivo.
El Artículo Transitorio Sexto de la misma Ley, define que el Ejecutivo se encargará de una serie de lineamientos para emitir el esquema de cobro de los notarios. Sin embargo, no le definió fecha.
Según el dicho de Elías Flores y de Alejandro Krauss, han pasado siete años y el Ejecutivo no ha fijado cifras del arancel notarial, por lo que los cobros realizados hasta estos momentos, deberían ser considerados ilegales.
El Congreso no fijó una fecha para que el entonces gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, publicara un nuevo esquema arancelario y a la fecha se continúa sin un esquema de cobros. Esta inacción vuelve responsable a ambos poderes de la incertidumbre jurídica.
Flores Gallegos aseveró que hay notarios que pueden llegar a cobrar de 0.5 hasta el 3.5 por ciento del valor de la propiedad, lo que representa una gran suma de dinero por prácticamente cambiar un “machote” y hacer el mismo trabajo en un predio pequeño a uno enorme.
“El esquema que se utiliza es un porcentaje del valor de la operación, pero nosotros consideramos que al ser el trabajo público que se delega, debe cobrarse con base en un servicio, no en función de la operación porque no son socios, no hay una sola razón de peso para que cobren un porcentaje. En todo caso, debería cobrarse en función a la Ley de Ingresos, donde se estableciera el cobro, un rubro donde se especifique cuánto deben cobrar los notarios”, refirió el jurista, a la par que recriminó que en Estados Unidos cualquier persona que cumpla con los requisitos, puede ser notario.
Por su parte, Juan Manuel Molina, consideró que “dependiendo el sapo es la pedrada” en torno al cobro de aranceles o emolumentos de los notarios respecto a los servicios que ofrecen. Ejemplificó que en Jalisco se tiene perfectamente definido el cobro con base en el valor del avalúo, donde se fijan pagos específicos para cada caso, como una cuota de 3 mil 943.66 pesos por un predio que valga de 0.1 a 788 mil 753.53. Al exceder dicha cuota se modifica el monto del servicio hasta llegar a un tope que representa 39 millones 436 mil 676 pesos, por lo que se podrían cobrar hasta 74 mil 338 pesos. A partir de ese monto, la cifra sube a 153 mil pesos para cualquier transacción.
En Sinaloa, el arancel de los notarios se define en un esquema muy similar, pues por una enajenación de bienes de 0 a 10 mil pesos, solicita un pago de 30.71 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 2 mil 954 pesos; de 10 mil a 100 mil pesos, el cobro es de 3 mil 323.43 pesos (34.54 UMA), además del 1% del límite inferior del intervalo.
El último tope es a partir de 2 millones de pesos, donde se cobra el 575. 81 de UMA, lo que representa 55 mil 404.43 pesos, más el 0.30 del excedente del valor del avalúo.
En ambos casos, los montos son menores a lo que se paga en Baja California, donde se establece mediante un porcentaje -asegura Flores Gallegos- prácticamente arbitrario, pues siempre se cobra un valor porcentual a la totalidad del valor del predio.
En el inmueble en cuestión de la colonia López Mateos, el avalúo disponible en la página del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), indica que tiene un valor de 8 millones 470 mil pesos, por lo que se pagarían casi 80 mil.
El diputado Juan Manuel Molina comentó que cuando se reformó la Ley de Notariado, se les preguntó por las cantidades que percibían por los servicios que ofertaban, pero se negaron a proporcionar información.
CUESTIONA CONSEJERÍA JURÍDICA DEMANDA DE AMPARO
Juan José Pon, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, expuso que continúan evaluando la demanda de amparo presentada por el abogado Elías Flores Gallegos, pero adelantó que -a su juicio- en septiembre de 2015 se actualizó el monto que debía pagarse por los servicios notariales.
En la reforma referida por Pon, publicada el 25 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, se establece que “las escrituras que consignen operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles cuyo valor no rebase el de la cantidad de multiplicar por 7 mil DSMGV (Días de Salario Mínimo General Vigente), se cobrará en razón de 0.8% el valor del bien inmueble sin que los mismos puedan ser inferiores a 35 DSMGV”.
El documento también establece que en determinados casos, con personas de escasos recursos, se podrían realizar erogaciones de 14 DSMGV.
Para Juan José Pon, este punto ya es suficiente para considerar que se cumplió con los lineamientos establecidos en mayo, puesto que ya existe una tabla definida desde los años 90.
Como uno de los beneficios, el jurista explicó que se estableció un esquema de apoyo social para que personas sin suficientes recursos y el valor de su predio no exceda los 880 mil pesos, pueden llevarlo a cabo por medio del RPPC, lo que evidentemente resulta menos costoso.
Sin embargo, tanto Pon como Molina García, coincidieron en que los precios que sostienen los predios actualmente en BC, superan fácilmente ese monto, por lo que se está analizando aumentar ese tope en beneficio de la ciudadanía.
En opinión de Flores Gallegos, el esquema de apoyo social debe ser un concepto que no sólo se defina en un monto menor a los 880 mil pesos, puesto que es un acto discriminatorio, por lo cual ese “sentido social” debería contemplarse en todas las transacciones de inmuebles domésticos, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía.
En el mismo sentido consideraron que la realidad de hace 30 años es diferente a la de hoy, sobre todo porque los precios de prácticamente cualquier inmueble superan ese monto, lo que obliga a los ciudadanos a acudir ante un notario y recibir un servicio más costoso.
Molina García agregó que el sector notarial debe tener mayor orden, puesto que existen algunas transacciones o contratos en los que participan y con frecuencia se convierten en fraudes, ya que se limitan a otorgar fe pública, no así a revisar a detalle el proceso en que se lleva a cabo en una transacción.
Para romper aún más con la cofradía notarial, dijo, es necesario aumentar el número de notarios y fijar una edad de retiro, como ocurre con el Poder Judicial y otros sectores que ofrecen servicios públicos.
GREMIO NOTARIAL SE DEFIENDE
En entrevista telefónica, Alma Andrade, quien preside el Colegio de Notarios de Baja California, negó tajantemente que se estén realizando cobros abusivos o excesivos con base en el servicio que se presta.
Durante la conversación con ZETA, la abogada refirió que los tabuladores de 1990 continúan vigentes y que las reformas influyeron en un rubro, el cual acatan conforme a la Ley.
Argumentó que el Colegio de Notarios no fue requerido en ese caso, sino que se trata de un acto entre particulares, pero defendió a su gremio al afirmar que las operaciones de mayor cuantía deben tener costos más altos, debido al riesgo que representa otorgar una fe pública en esas transacciones.
Un estudio realizado por el propio Colegio de Notarios, cuya información data de 2015, compara los costos del sector con los que se erogan en entidades como San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, entre otras, donde gran parte de servicios, como compraventa de un valor entre 500 mil a 2 millones de pesos, la constitución de una sociedad capital, un poder, un certificado de firmas, entre otros, son -en su mayoría- de menor costo que en otras de las entidades referidas.
Sin embargo, no especifica la cantidad de notarios por entidad ni qué tipo de trámites pueden ser llevados a cabo mediante el propio RPPC.
Actualmente es cuenta con una serie de mecanismos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que requieren un nivel de especialización para desempeñar su trabajo.
Andrade también desmintió que hubiera “machotes” o que se tratara de un trabajo sencillo, puesto que cada transacción requiere de una evaluación profunda y se deben analizar cuestiones particulares, pues no es lo mismo dar fe en un domicilio o terreno habitacional, a una nave industrial.
Respecto a la necesidad de mejorar o modificar algún punto dentro de la Ley de Notariado, aseveró que no se requieren cambios, sino continuar con la capacitación del sector, descartando que se necesite un mayor número de notarios en BC, pese a que la Ley lo establece, ya que el sector otorga la cobertura total de las necesidades de la ciudadanía. De hecho, durante las últimas dos administraciones hubo un incremento en el número de patentes, lo que amplió la competencia en el sector.
Expresó que durante las respectivas gestiones de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, se incrementó en un 200% la entrega de patentes a notarios, según el análisis del propio Colegio. De estas, prácticamente todas en medio de señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, puesto que se concedieron a amigos y allegados de ambas administraciones.
