La Fiscalía General del Estado aseguró 2 millones 100 mil pesos en efectivo, 2 cajas fuertes, un rifle 30 x 30 y un revólver 357 magnum en un cateo hecho a una propiedad del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ubicada en el municipio de Galeana.
La institución informó que derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal se solicitaron órdenes de cateo a un juez de control, quien las concedió.
Por ello, se ejecutó el cateo “con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita, conforme a los hechos referidos ante la autoridad investigadora”, señaló la FGE en un comunicado, difundido el 19 de marzo de 2022.
El actual gobernador de NL, Samuel García Sepúlveda, señaló que la investigación que se lleva a cabo contra “El Bronco” por el presunto desvío de recursos públicos para recabar firmas que necesitaba para ser candidato a la presidencia “es la carpeta más vieja”.
“Voy a cuidar mis palabras para no afectar la autonomía y el debido proceso, pero sí tengo autoridad para decirles que es la punta del Iceberg del gobierno de “El Bronco”, ya que -según el actual mandatario- falta que su antecesor responda por el presunto robo de 4 mil 900 millones de pesos en Isssteleón, los desfalcos en servicios de agua y drenaje de Monterrey, entre otros casos.
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García Sepúlveda afirmó que su administración ha tratado de aportar toda la evidencia, “de coadyuvar y respetar la autonomía del Fiscal Electoral, del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General del Estado”
Tres días antes, el 16 de marzo, el juez de control y de juicio oral penal estatal, Carlos Alberto Salas González vinculó a proceso al ex gobernador neolonés, por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña presidencial de 2018.
Asimismo, determinó la prisión preventiva del ex mandatario estatal en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 2, ubicado en el municipio de Apodaca, con base en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Ese día, la FGE aseguró que en la audiencia inicial formuló la imputación contra el ex gobernador por el delito de recibir aportaciones de dinero cuando existía una prohibición legal para ello, según el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La FEDE señaló que el juez de control determinó el auto de vinculación a proceso, con base en los antecedentes de la investigación y en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público Especializado, “los cuales establecieron que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito electoral y que existió la probabilidad de que el imputado lo cometió”.
*Con información de El Economista
