“Quien dice la verdad cobra odio”
-Anónimo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha reiterado en diversas ocasiones que la persecución y la sanción de los delitos debe de realizarse siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos de los imputados, al tiempo de señalar que las conductas ilícitas de Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación de igual forma debe de ser motivo de investigación y de sanción para evitar que se propicie la impunidad.
El pasado 26 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la Republica (FGR) que realice una nueva investigación en torno al caso de Mario Aburto Martínez, señalado como autor material del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, ocurrido en el mes de marzo de 1994.
El mensaje de la CNDH llega después de que recibiera una nueva queja por parte de Mario Aburto Martínez, “donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de Agosto de 1994, existe en la Fiscalía General de la Republica una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad de los hechos a toda la sociedad mexicana”.
La víctima y sus familiares manifestaron ante organismo nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios en donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar en donde radican; esto es en la ciudad de Tijuana, por lo que han solicitado que con urgencia se efectué su traslado a un Centro Penitenciario en el estado de Baja California.
Por ello, la CNDH aseguro que “no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en marzo de 1994, tuvo la posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.
“Incluso, obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años, y realizada sin autorización de Mario Aburto Martínez, lo que cuestionaría incluso las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por que no corresponden a su función legal”.
Ante esta situación, se investigó el caso y se determinó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal, adscritos a la extinta Procuraduría General de la Republica (PGR), así como Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y el traslado de Mario Aburto a las instalaciones del CEFERESO Número uno, ocurrieron realizándose actos de tortura en su contra.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C.
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