La empresa Inmobiliaria HASED, cuyas oficinas operan de manera física en la Zona Río de Tijuana, sigue realizando cobros de predios que legalmente no le pertenecen.
La inmobiliaria se dedicó a vender bajo una agresiva estrategia de publicidad predios ubicados en la zona rural del municipio de Tecate, logrando atraer a más de 200 compradores que invirtieron los ahorros de su vida en el fraccionamiento denominado “Parque Jurásico”, un lugar que hoy cuenta con una orden de desalojo judicial para quienes construyeron en sus predios lo que visualizaron como sus casas de descanso y que desde hace meses atestiguaron el desalojo. Otros compradores más confirmaron su pérdida de propiedad cuando, al visitar el complejo, encontraron la entrada encadenada y resguardada por personas armadas contratadas como seguridad privada por los legítimos dueños.
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A través de publicidad digital y magnos eventos públicos, trabajadores de la inmobiliaria HASED ofertaron lotes rústicos y urbanos con facilidades de pago que resultaban sumamente tentadoras desde inicios del 2023 (y que a la fecha lo siguen haciendo), arrojan el anzuelo basado en una supuesta entrega inmediata de los lotes a cambio de enganches modestos protegidos con un esquema legal y llevan a cabo la firma de contratos de promesa de compraventa respaldados por más de 120 pagarés a cubrirse en dólares, todo ello con el respaldo y la venia de un notario radicado en el estado de Sonora.
La realidad es que la inmobiliaria carece de los títulos legítimos de propiedad sobre las hectáreas que estaba fraccionando y que las tierras pertenecían a particulares que no autorizaron su venta, como lo aseguraba la representante legal de la empresa, la C. Angélica Guadalupe Osuna, identificada como una de las cuidadoras de los predios y quien, abusando de la posesión física, generó una falsa cadena de derechos de propiedad montó oficinas, una estructura laboral y se avaló bajo firmas de funcionarios.
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La empresa, su representante legal y otros más han sido blanco de denuncias con resoluciones a favor de los legítimos dueños; a pesar de ello, la inmobiliaria HASED sigue operando, teniendo actualmente campañas enormes de publicidad en redes sociales y medios de comunicación en los que ofrecen más de 12 proyectos de vivienda, en municipios como Tecate, Tijuana y Rosario, y en la que participan como socios personajes reconocidos dentro del ámbito político, como lo es el caso de uno de los socios, identificado como Francisco Paco Palani, excandidato a la presidencia municipal de Tecate en el 2021.
De acuerdo con denuncias de afectados interpuestas ante las autoridades de Baja California, la empresa utilizó exactamente el mismo esquema delictivo en otros complejos residenciales de la región, incluyendo desarrollos como “Residencial Jacarandas” (ubicado sobre la carretera Tijuana-Tecate), “Praderas Tijuana-Tecate” y “Paraíso del Mar 1 y 2” en las inmediaciones del centro de convenciones de Playas de Rosarito. En conjunto, el número de lotes vendidos de manera ilegal bajo este sistema asciende a más de mil 300 predios, lo que representa un fraude multimillonario calculado en decenas de millones de dólares, sin que las autoridades tomen en serio las denuncias formalizadas.
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Solamente en Tecate la inmobiliaria HASED, representada legalmente por Angélica Osuna, ha dejado sin patrimonio a más de 200 familias denuncian los afectados.
“Los que compramos ahí son 233 personas; solamente un 20 por ciento de los que compramos están enterados de la situación, los demás son personas que vienen de fuera o que radican en otro lugar y no asisten al lugar, pero mes con mes siguen realizando sus pagos que ascienden a más de 400 dólares mensuales en las oficinas ubicadas en Ave. Diego Rivera 2311. int. 707 Zona Urbana Río Tijuana, en Baja California”, dijo uno de los afectados.
“A la fecha existen denuncias colectivas e individuales en poder de la Fiscalía General del Estado, quien no ha hecho lo propio, permitiendo incluso que se sigan recolectando mes con mes estos pagos. Ya es de dominio público que la empresa fue despojada; no nos ha quedado claro qué fue lo que realmente pasó, nos vendieron sin tener legitima propiedad o titularidad para vender. Hemos estado investigando y hemos identificado 14 desarrollos más, uno de ellos denominado Jacarandas, del cual también los despojaron por problemas de propiedad; en Tecate, donde se visibilizó este fraude incluso tienen más, uno de ellos denominado Encinos, mismo que siguen vendiendo, y por ende fraudando”, dijeron los afectados.
Investigadores de la fiscalía confirmaron lo dicho, advirtiendo que, desde hace un año, la inmobiliaria enfrenta problemas de legitimidad en el fraccionamiento Jacarandas en el municipio de Tijuana, ubicado en el ejido Francisco Villa; ahí, cerca de 40 lotes fueron comprados, notificando a sus compradores de la perdida de propiedad, todos ellos víctimas de fraude de HASED Inmobiliaria.
A tres años del conocimiento del fraude, que se remonta al 2023, la autoridad sigue sin realizar alguna campaña que advierta a los compradores del fraude del que fueron y siguen siendo víctimas.
“A la mayoría de nosotros nos vendieron en 2023. A través de redes y en el Canal 51 de San Diego vi publicidad y me pareció un proyecto legítimo por su promoción en Estados Unidos; había mucha publicidad en Facebook, Instagram, contaban con oficinas corporativas… ¿Cuándo iba yo a dudar de este fraude, de este robo que hoy me ha dejado sin patrimonio?”, dijo el afectado.
Los terrenos eran vendidos de 500 metros y mil metros cuadrados, de engancha se solicitaban seis mil 500 dólares y un esquema de pagos que acumulaba cuotas y abonos seccionados en 37 pagos de 454 dólares. “Yo ya había dado 25 mil dólares cuando me di cuenta del fraude; en total tenía que pagar 62 mil dólares”, dijo una de las víctimas.
“No iba a Tecate a ver los avances, sólo iba a las oficinas, daba mi abono, y en junio que se cumplieron tres años del contrato, decidí darme la vuelta y vi cero por ciento de avance; voy a las oficinas a buscar a los vendedores y el jurídico me atiende y me dice: ‘Ya sabemos a qué viene, viene por el desalojo’, me dijo, cuando yo desconocía que eso había pasado. Un mes después se dio una suspensión de pago; ellos querían que siguiéramos pagando, promovieron un amparo y contaban con un bufete de abogados. Con todo ello hasta dudamos de que fuera un fraude, pero la realidad es que todo fue una burla”, otra de las afectadas.
Entre los socios de la empresa y la inmobiliaria HASED, están los identificados por investigadores y compradores afectados como Roberto Osuna, Francisco Paco Palani, Alejandro Serrano Quiroga y otro más a quien identifican solamente como Víctor.
“Se nos dijo que los papeles estaban en trámite con el Gobierno de Tecate, que no nos preocupáramos, que ellos nos iban a dar nuestra clave catastral para iniciar a pagar el predial; todo estaba arreglado con el encargado de Catastro”, dijo una de las madres de familia afectadas y quien fue testigo del desalojo.
A pesar de los cientos de afectaciones, los compradores denuncian que la fiscalía los ha tomado a la ligera, siendo omisa en trámites por lo que ha recurrido a instituciones federales, que tampoco les han solucionado algo sobre qué va pasar con su dinero invertido.
“Lamentablemente Profeco nos dice que son escurridizos, que es difícil identificarlos; en fiscalía, como han actuado pocas personas en lo individual, no han recibido la atención adecuada. Aunque ya nos estamos organizando para hacer una petición colectiva ante la fiscal, tenemos el temor de que como no es el primer fraccionamiento que ‘le juegan’ de esta forma, sea un modus operandi y que sea un cártel inmobiliario que de la nada desaparezca”, dijo una de las víctimas que teme perder todos sus ahorros.
Pese a la documentación expedida por la inmobiliaria a los compradores en el registro público, no hay documento alguno a nombre de Travel Dymond, ni HASED, ni al de Angélica Guadalupe.
Actualmente la misma mobiliaria HASED promociona otros fraccionamientos, como el denominado Colorado Residencial, asentado en terrenos nacionales, según lo avala el Registro Público de la Propiedad y que, por lo tanto, legalmente no se pueden convertir en propiedad privada.
“El personal no tiene siquiera la calidad moral de avisar a quienes siguen pagando qué es lo que está pasando. Ellos están a gusto, quitados de la pena, pensando que esto no va a tener trascendencia y robándose el dinero; lo más increíble es que siguen creando espacios, como en la Salina”, dijo otra de los afectados.
El crecimiento exponencial de “Paraíso Jurásico” no habría sido posible sin la flagrante omisión, complacencia y probable colusión de diversas instancias gubernamentales en el municipio de Tecate y a nivel estatal. Durante meses, la inmobiliaria realizó despalmes masivos de tierra, trazó caminos con maquinaria pesada y levantó cimentaciones e infraestructura rústica a la vista de todos, sin contar con ninguna de las licencias de construcción, anuencias de subdivisión o autorizaciones de impacto ambiental que exige la Ley.
“Las autoridades locales permitieron de forma sistemática que se llevaran a cabo ferias de venta y eventos de promoción masiva dentro del predio. Fue hasta que las denuncias de los legítimos propietarios se hicieron mediáticas y jurídicamente insostenibles cuando el gobierno municipal acudió a realizar clausuras administrativas provisionales, las cuales sirvieron de muy poco”, explicó una víctima.
Asesores legales y defensores de las víctimas han denunciado públicamente el modus operandi de lo que denominan el Cártel Inmobiliario de Baja California. Este grupo criminal opera mediante la colusión de jueces civiles, fiscales y personal administrativo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC). Su estrategia jurídica consiste en “revivir” expedientes laborales o civiles antiguos y archivados, alterando los nombres de los actores y modificando las cuantías de las demandas de unos cuantos miles de pesos a millones de pesos. Mediante estas trampas procesales y juicios simulados, obtienen órdenes de embargo e inscripciones irregulares en el Registro Público para dotar de una falsa legalidad a los predios robados, estafando tanto a los dueños originales como a los compradores finales.
EL VIOLENTO DESALOJO DE LOS RESIDENTES
La crisis alcanzó su punto más crítico cuando las determinaciones judiciales e investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) derivaron en la orden de restitución de las tierras a sus verdaderos dueños legítimos. Para las decenas de familias que ya habían invertido sus ahorros de toda la vida construyendo casas de madera, instalando cercas e incluso habitando de manera permanente en el lugar, el despertar fue brutal.
El desalojo de los predios se ejecutó mediante operativos policiales de alta tensión. Elementos de la Fiscalía General del Estado, acompañados en varias ocasiones por unidades armadas de la Guardia Nacional y agentes de la Policía Municipal, ingresaron a los terrenos para desalojar por la fuerza a los ocupantes.
En cuestión de horas, la maquinaria pesada de la Fiscalía procedió a la demolición de las viviendas que se encontraban edificadas, destruyendo el patrimonio físico de las víctimas del fraude inmobiliario, perdiendo la propiedad que pagaron mes debido al engaño estructurado por Inmobiliaria HASED.
A la fecha, y sin respuestas, las víctimas de este fraude millonario advierten enérgicamente a la ciudadanía en general que evite realizar cualquier tipo de abono, compra o negociación sobre estos lotes, ya que las tierras se encuentran bajo litigio judicial severo y cualquier inversión corre el riesgo inminente de perderse de forma definitiva.
Los predios fueron registrados de manera legal bajo la propiedad de José Isaías González Rojas el 8 de noviembre de 2022, bajo la partida 5062951, adhiriendo 116 predios ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Gobierno del Estado en Tecate, con recibo oficial 16397. El 24 de julio de 2023, el Ayuntamiento Constitucional de Tecate realizó y selló el documento de deslinde de Catastro y Control Inmobiliario.
A pesar de ello, compradores señalan que la inmobiliaria les mostró documentos que acreditan la adjudicación de los terrenos por parte de la señora Guadalupe y supuestamente contaban con la firma del entonces secretario del Ayuntamiento, Manuel Cárdenas, hoy delegado del Registro Público de la Propiedad en Tecate.
