El ingeniero y gobernador por Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como su secretario y doctor honoris causa, Amador Rodríguez Lozano, tienen -por 16 días más- el poder y las herramientas para generar cambios, pero hasta el último momento, siguen intentando torcer la Ley en lugar de aplicarla.
Conforme a contadores y especialistas en Derecho locales, corrupción, abuso de poder, estafa o fraude del patrimonio público (peculado), son algunos de los delitos de los que podría ser acusado el mandatario bajacaliforniano, si continúa con su más reciente decreto.
El 7 de octubre, los bonillistas instruyeron a los titulares del Poder Ejecutivo que forman parte de la Junta del Issstecali celebrar una sesión extraordinaria, “para que avalen y aprueben” la condonación del 99.9% de los recargos por la falta de pago oportuno de cuotas, aportaciones y adeudos a los ayuntamientos de Ensenada y Tecate.
Para empezar, no les pueden ordenar avalar y aprobar; deben instruir a la Junta a cumplir con su obligación de analizar si los argumentos y la información presentada sustentan o no la decisión de quebrantar más las finanzas del ente al que representan.
Por Ley, Bonilla está facultado para condonar recargos de las contribuciones en general, pero también está obligado a fundar y motivar. No puede hacerlo a su contentillo, ni basado en filias y fobias, como hasta ahora.
Resulta irracional que, apenas el 18 de marzo de 2021, el juez Daniel Aguilar Patiño vinculó a proceso a la alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra -luego que votara en contra de ampliar el periodo de mandato de Bonilla a cinco años-, por el supuesto delito de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, ante la presunta omisión -histórica- del pago de las aportaciones al Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California (Issstecali). Y menos de un mes después que se fue la ex presidente municipal, repentinamente se dieron cuenta que esa deuda es impagable.
Tan ilógico como que, después de asegurar que su ahijado, el alcalde de Ensenada Armando Ayala, era el mejor y con mayores resultados en BC, Bonilla resalte que su fallido gallo para sucederlo como gobernador, tenga a su ayuntamiento en una situación económica critica e insolvente, como indica el decreto.
Pero también, existe el detalle: al condonar, el mandatario no puede ser selectivo, y decir “sólo a Ensenada y Tecate”. La razón tampoco puede ser simplemente el argumento subjetivo de que están en crisis. La justificación debe contener números, datos e información de esta insolvencia.
Además, en su propuesta de condonación, el gobernador está obligado a establecer reglas y estándares para beneficiar a “todos” los deudores en situación similar, por dar un ejemplo, que la deuda del ente público sea del 50% o más que su presupuesto anual. Y explicar por qué decide descontar el 99 y no el 20 o 40% de los recargos.
La misma justificación y motivación debe incluir por qué el Issstecali se puede dar el lujo de condonar, si existe un excedente o cómo resolverán el tema del quebranto.
Aunque la información no fue incluida en el decreto, de acuerdo con un reporte del XXIV Ayuntamiento de Tecate, encabezado por al alcalde Darío Benítez Ruiz, la deuda de este municipio con el Instituto es de mil 173 millones 953 mil 707 pesos.
Los recargos equivalen a 718 millones 991 mil 262 pesos y, de ser condonado el 99% de estas multas por no pago, como propuso en su decreto el gobernador, el adeudo del Pueblo Mágico quedaría en 426 millones 152 mil 357 pesos.
La administración tecatense asegura que la condonación de recargos beneficiaría a los 86 trabajadores que tienen derechos a ser jubilados y siguen en lista. Y también salvaguardará la seguridad social de todos los funcionarios municipales, aunque no detallan cómo.
ZETA solicitó información al Ayuntamiento de Ensenada, que informó que los recargos de la deuda con Issstecali son alrededor de los mil millones de pesos.
Efectivamente, todos los municipios tienen adeudos, pero también el Issstecali tiene problemas de liquidez.
De acuerdo con la revisión del Observatorio Ciudadano de Baja California, de los estados financieros al 30 de junio de 2021, el Instituto presentó un saldo de mil 483 millones de pesos de Cuentas por Pagar a Corto Plazo; de esa cantidad, 598 millones se deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por falta de pago de Impuestos Retenidos.
Sólo por el concepto de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, entre 2017 y 2020, los gobiernos locales han acumulado una deuda de mil 288 millones de pesos en el Issstecali “por retenciones efectuadas a las nóminas de jubilados y pensionados, cajas de ahorro, cuotas sindicales, préstamos, fondos de prevención, descuentos sindicales, fondo de defunción, fondo de retiro, entre otros”.
Al primer semestre de 2021, el pasivo del Issstecali se estimó en 3 mil 342 millones de pesos, lo que incluía cuentas por pagar a corto plazo por el orden de los mil 483 millones de pesos. De 2017 al 30 de junio del año en curso, el Instituto aumentó sus pasivos en 156%, en 2018 tuvo un déficit de 666.93 millones de pesos, en 2019 fue de 2 mil 025.98 millones y, en 2020, de 381.11 millones de pesos.
Contrario a lo que piensan y exponen los ayuntamientos, que condonar los recargos “no afecta al Issstecali porque no se trata de una institución de crédito o bancaria que busca obtener algún rendimiento”, sí hay daño al Instituto.
Primero, porque esa deuda por cobrar está considerada dentro del presupuesto; y segundo, porque si bien, no es lo usual que cobre recargos, tampoco lo es que no reciba el pago de cotas en tiempo y forma, ya que la falta de ese dinero generó al Instituto pasivos y rezagos en el servicio y pago de jubilaciones, e intereses que también está obligado a cubrir.
Entonces, no se trata de encuerar un santo para vestir a otro, menos de ordenar sin transparencia, basado en apreciaciones subjetivas; la obligación es fundar, motivar e informar. Porque si un servidor público, en el uso ilícito de atribuciones y facultades, distrae de su objeto los recursos del erario con la intención de quedar bien, de promover la imagen política o social de su persona, o la de un tercero, es delito.
OBEDECEN ORDEN DEL GOBERNADOR
Sin análisis, sin mayor argumento que la deuda era incobrable, los empleados del gobernador Jaime Bonilla, e integrantes de la Junta de Gobierno de ISSSTECALI aprobaron el 14 de octubre -una semana después que se los instruyeran-,la condonación a los ayuntamientos de Tecate y Ensenada, de los recargos por “adeudos por retenciones efectuadas a las nóminas de jubilados y pensionados, cajas de ahorro, cuotas sindicales, prestamos, fondos de prevención, descuentos sindicales, fondo de defunción, fondo de retiro, entre otros¨.
Lo que no informaron en el decreto una semana atrás, lo dieron a conocer duranta la reunión de la Junta de Gobierno, la condonación de los mencionados recargos, equivale a más de $2,300 millones de pesos, una cantidad superior a $1,483 millones de pesos que el instituto debe en Cuentas por Pagar a Corto Plazo, o los $ 598 millones que adeuda al SAT.
La decisión de eliminar específicamente solo esas dos deudas, presentada de origen por el Secretario General de gobierno Amador Rodríguez Lozano, fue apoyada por la Secretaria de Hacienda encabezada por Adalberto González, por la Oficialía Mayor, titulada por Israel Clemente González, y por Odylar Moreno director del ISSSTECALI.
Se hizo público, que María Gutiérrez Santoyo, lideresa de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se presentó a la reunión y votó en contra, mientras Manuel Guerrero Luna, líder de los Burócratas en Mexicali, y diputado local por Morena, se fue por la puerta fácil y decidió solo no asistir en lugar de defender su posición, ahora sus representados deberán esperar que cumpla la promesa hecha el 12 de octubre en conferencia de prensa, de combatir por la vía legal el decreto de condonación para que no surta efecto.
EL COMITÉ DE PRESIDENTES
El poder ejecutivo uso como justificación para el decreto y la condonación, el argumento de que fue un acuerdo del recién constituido Comité de Presidentes Municipales de Baja California, organizado por la administración bonillista, con sus alcaldes aliados, para defender su propuesta de la municipalización parcial del agua, reforma en la que el Estado controla el dinero, y los ayuntamientos se quedan con la responsabilidad de la operatividad. Oficialmente, según lo anunciando, su función será defender la autonomía municipal.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Régimen, las alianzas de los municipios no son con fines políticos, de acuerdo al artículo 48, los convenios municipales son para la mejora de la prestación de un servicio específico, deben ser firmados, y el acto debe prever causas de recisión. Por lo que el mencionado comité no tiene facultades legales para proponer condonaciones.
La semana que concluye, ZETA preguntó también a los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Mexicali ¿a cuánto ascendía su deuda con ISSSTECALI y qué cantidad de esa deuda correspondía a recargos? pero decidieron no responder.
